Alto Comisionado Türk apela a la abolición de la pena de muerte

Mesa Redonda Bienal de Alto Nivel sobre la Cuestión de la Pena de Muerte

Tema: Violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte,
en concreto con respecto a limitar la pena de muerte a crímenes de máxima gravedad

Sr. Presidente,
Excelencias,
Colegas y Amigos,

Durante muchos años, las Naciones Unidas se han opuesto a la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Yo comparto esta posición con firme convicción. En última instancia, esta posición está relacionada con la promesa de la Carta de las Naciones Unidas de ofrecer el mayor nivel de protección a todos los seres humanos.

Existen razones que resultan profundamente irrefutables para sostener esta posición, tanto por razones de principios como por razones prácticas. No nos podemos olvidar que la imposición por un Estado de la pena de muerte, el más severo e irreversible de los castigos, es extremadamente difícil de compatibilizar con la dignidad humana, así como con el derecho fundamental a la vida.

Y a pesar de toda la amplia variedad de sistemas legales, procesos judiciales y contextos de justicia penal que están representados en esta sala hoy, existe un elemento común a todos ellos: como ocurre con todas las instituciones humanas, ninguno es perfecto.

Además, quizás con una mayor frecuencia de la que nos damos cuenta, podemos extraer conclusiones que son tremendamente erróneas. En el contexto de la pena de muerte, esto supone, expresado de manera sencilla, que personas inocentes pueden perder la vida.

Un resultado de este tipo es intolerable para todos y todas nosotros y nosotras. El uso de la pena de muerte contra cualquier ser humano es un hecho indignante, en mi opinión. Cuando se usa contra personas que ni siquiera han cometido el crimen del que son acusadas, este castigo pierde todo su sentido.

La existencia de la pena de muerte en países donde la mantienen, así como la propia amenaza de usarla, puede desviarse a fines incorrectos, como son infundir miedo, reprimir la oposición, y anular el ejercicio legítimo de libertades.

En una serie de contextos, la pena de muerte, en su aplicación práctica, también es discriminatoria, ya que se condena a la muerte a personas que viven en los márgenes de la sociedad, incluyendo a minorías raciales, étnicas, lingüísticas y religiosas, así como a la comunidad LGBTQI+. En otras situaciones, esta pena se ha usado con fines disuasorios contra rivales políticos o manifestantes, de manera especial contra los y las jóvenes.

En resumen, la pena de muerte es, en nuestra experiencia común, un reducto atávico del pasado que debe ser eliminado en el siglo 21.

Las pruebas demuestran sólidamente que la pena de muerte tiene pocos o ningún efecto alguno a la hora de disuadir o reducir el índice de crímenes. De hecho, varios estudios han concluido que las naciones que han abolido la pena de muerte no han logrado ningún cambio en el número de asesinatos en sus países, y en algunos casos, estos se han reducido.

Otros estudios demuestran claramente que el elemento clave en el que deberían centrarse los legisladores y legisladoras es la inevitabilidad del castigo, que supone el elemento disuasorio más poderoso, en lugar de en el nivel de dureza del castigo.

Señor Presidente,

El Comité de Derechos Humanos, el cual tiene la facultad de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha dejado claro que los únicos crímenes permisibles en el estado actual de la legislación son «crímenes de máxima gravedad, que implican un asesinato deliberado.»

Aun así, estoy sumamente preocupado porque se siga utilizando la pena de muerte, en una variedad de circunstancias, por crímenes que no alcanzan este umbral de «máxima gravedad» conforme al derecho internacional.

El marco legal internacional también exige el respeto escrupuloso de las garantías de juicio justo, las cuales cobran especial importancia en relación a un crimen de esta categoría.

El marco prohíbe la tortura o los malos tratos, además de garantizar el derecho a una defensa adecuada, de apelación y a solicitar indulto o conmutación de la pena.

El marco prohíbe el uso de la pena de muerte obligatoria.

Y también prohíbe el castigo capital contra personas siendo menores de 18 años de edad en el momento de cometer presuntamente el delito, contra mujeres embarazadas, madres primerizas así como contra personas con discapacidades graves de tipo psicosocial o intelectual.

Alabo la labor del Comité de Derechos Humanos a la hora de elaborar su interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concreto del artículo 6 sobre el derecho a la vida. Esta labor proporciona una orientación fundamental a todos los Estados Partes del Pacto, en todas las partes del planeta.

Pero a pesar de estas evidentes disposiciones, se sigue usando la pena de muerte de forma inadecuada por delitos relacionados con las drogas, espionaje, delitos económicos, blasfemia y apostasía, relaciones con personas del mismo sexo o adulterio, así como, de forma paradójica, por el ejercicio legítimo de libertades civiles.

En numerosos países, seguimos siendo testigos de la imposición obligatoria de la pena de muerte, lo que es incompatible con las normas de un juicio justo.

Excelencias, Estimados y Estimadas Colegas,

Las personas que se oponen a una moratoria a la pena de muerte afirman que los derechos de las víctimas corren el riesgo de ser ignorados. Estas personas sostienen que la represalia, la cual según afirman es habitualmente exigida por las familias de las víctimas, es la mejor respuesta posible.

Mis preguntas son las siguientes: ¿qué humanidad hay en la venganza? ¿No estamos degradando nuestras sociedades al privar a otro ser humano de su vida?

¿Y cómo podemos asegurarnos de que las personas acusadas de crímenes no se convierten ellas mismas en víctimas de trato injusto a manos de sistemas de justicia penal imperfectos? ¿Cómo podemos evitar ser cómplices en actos de injusticia, perpetuando un ciclo de violaciones?

Expertos y expertas en justicia penal, basándose en experiencias en todo el mundo, aconsejan que la respuesta más adecuada consiste en controlar y prevenir los delitos.

Que debemos construir sistemas de justicia penal que sean funcionales y tengan su base en los derechos humanos, y que permitan a las víctimas y supervivientes el acceso a justicia, reparación y dignidad.

Que debemos exigir responsabilidades a los y las autores.

Hoy, hago un llamamiento a aquellos Estados que aun no lo hayan hecho, a que asuman un liderazgo claro, restringiendo el uso de la pena de muerte, estableciendo moratorias y trabajando para su abolición, de manera especial en un momento cuando queremos recordar el espíritu que fraguó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Valoro los pasos dados en esta dirección, en especial durante este 75º aniversario de la Declaración, el cual nos exige doblar nuestros esfuerzos en distintos campos.

También apelo a los gobiernos a recopilar, analizar y poner a disposición del público los datos sobre su uso y su eficacia real.

Señor Presidente,

A la vez que vemos como varios países dan pasos en la dirección correcta, yo quiero reiterar que hasta que todas las naciones abolan la pena de muerte, no habremos finalizado nuestra tarea para defender la dignidad humana hasta el final.

La Asamblea General hizo historia en diciembre del año pasado cuando un número récord de 125 países votaron en favor de una resolución que instaba a una moratoria global en el uso de la pena capital con vistas a su abolición posterior en el futuro.

Este es un hecho histórico, una señal de un avance verdadero. Si mantenemos este impulso para erradicar este castigo inhumano de una vez por todas, podremos volver a tejer una red de dignidad en el entramado de nuestras sociedades.

Para mi Oficina y el conjunto de las Naciones Unidas, esta es una prioridad de máxima urgencia.

Gracias.