Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk concluye su visita oficial a Colombia

Bogotá, 25 enero 2023

Buenas tardes,

Acabo de participar en una ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde firmé un nuevo Acuerdo de Sede, renovando la presencia de mi Oficina en Colombia hasta el 2032.

Me gustaría expresar mi profunda gratitud al Gobierno por este Acuerdo, que nos permitirá continuar, y espero fortalecer, nuestra labor aquí. Como seguramente muchos ya lo saben, nuestra presencia en Colombia es una de las más grandes y antiguas de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Por casi 26 años, su personal comprometido y experto ha trabajado junto con los y las colombianas para mejorar la situación de derechos humanos de todos y todas en Colombia. La Oficina ha sido valorada por tender puentes entre las comunidades y el Estado, y este empeño, por supuesto, continuará.

Quisiera agradecer al Gobierno colombiano por su invitación a visitar el país. Durante mi muy breve estadía, tuve la oportunidad de encontrarme, entre otros, con los Ministros del Interior, Defensa y Justicia, con la Procuradora General de la Nación y el Defensor del Pueblo, el Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, además de representantes de la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como miembros de la comunidad internacional.

Durante mi reunión con el Presidente Gustavo Petro esta tarde, saludé la nueva política de “paz total” de su Gobierno, incluido el compromiso de implementar plenamente el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP. También acogí con beneplácito la reanudación del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Gobierno puede contar con la experticia de mi Oficina para acompañar las negociaciones y brindar asesoría sobre derechos humanos, incluyendo los derechos de las víctimas.

La magnitud de los desafíos es abrumadora: los conflictos y la violencia que han durado décadas, las desigualdades estructurales profundamente arraigadas, la discriminación y la exclusión, y la débil o inexistente presencia del Estado en muchas de las zonas rurales afectadas por los conflictos.

Los problemas de Colombia, incluyendo el racismo y la discriminación profundamente enraizados, llevan décadas, incluso siglos. Y como lo escuché de representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, continúan también en el presente, y por supuesto, estas comunidades, cuya situación precaria fue durante demasiado tiempo casi invisible para muchos, han sufrido de manera desproporcionada los conflictos y la violencia.

Los niveles de violencia que las comunidades sufren por parte de diversos grupos armados son difíciles de imaginar. El desplazamiento, el confinamiento, la violencia sexual y basada en género, y las masacres forman parte de su cotidianidad. Todos debemos apoyar los esfuerzos que buscan ponerle fin a esta situación.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2022, alrededor de 102,000 personas no pudieron salir o entrar de sus comunidades, terminando en una situación de aislamiento, sin acceso a asistencia humanitaria. Adicionalmente, 82,860 personas fueron desplazadas. Es importante que todos los actores armados garanticen el acceso humanitario que las comunidades tanto necesitan. En un conflicto armado, todas las partes deben actuar de conformidad con sus obligaciones y responsabilidades en virtud del derecho internacional humanitario, y respetando el derecho internacional de los derechos humanos, cuando sea aplicable.

En relación con las negociaciones de paz en curso en particular, es importante que las autoridades colombianas garanticen que las negociaciones con el ELN y los diálogos con otros actores armados integren los derechos humanos desde su inicio. Como escuché en mis reuniones con representantes de la sociedad civil, las negociaciones deben incluir un enfoque específico en las víctimas y comunidades afectadas, y su participación debe ser garantizada. La participación integral de las mujeres en los diálogos de paz será crucial.

Durante mis reuniones con representantes de la sociedad civil, éstos expresaron su esperanza – y uno describió tener la sensación de ver el cielo azul después de un huracán. Asimismo, llamaron la atención sobre las desigualdades profundas del país, sobre todo en zonas rurales, que son las razones por las que la paz con grupos armados en sí no es suficiente, y por las que la implementación del acuerdo de paz de 2016 y el desarrollo rural son claves.

El Gobierno se compromete a tomar pasos positivos para garantizar que quienes han estado históricamente marginados y excluidos puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos, incluyendo la política social, el sector de seguridad, la protección del medio ambiente y la política de drogas. Espero que el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad pueda impulsar la implementación de las políticas que tanto se necesitan para acabar con la discriminación.

Con la propiedad de tierras como una de las causas subyacentes de los conflictos de varias décadas, es esencial que se implemente la reforma rural, como fue planteada en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP.

La reforma del sector de seguridad, incluyendo de policía, es otro tema clave. Valoro que el Gobierno haya expresado su voluntad de asumir esto con un enfoque basado en el respeto para los derechos humanos. Mi Oficina espera firmar pronto un memorando de entendimiento con el Ministerio de Defensa para proveer asistencia en la integración de normas y estándares internacionales de derechos humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

No olvidemos que, a la fecha, en 2022, mi Oficina en Colombia ha verificado 83 casos de masacres y 112 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

Desde la pandemia, hemos visto un incremento gradual de la violencia en zonas rurales donde la presencia del Estado es débil o inexistente. No tengo ninguna duda de que es necesario consolidar el estado de derecho en áreas particularmente afectadas por la violencia y el conflicto, a través del fortalecimiento de la presencia y capacidad de instituciones estatales civiles.

Debe haber medidas decisivas, incluido el desmantelamiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que son los principales responsables de esta violencia.

En todo el país, las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel importante para alzar la voz de las personas más vulnerables. Por su trabajo en áreas afligidas por la violencia, se encuentran con demasiada frecuencia en una situación riesgo. Las personas defensoras me contaron sus preocupaciones sobre la falta de protección y la falta de rendición de cuentas. Por eso, es alentador saber de las medidas importantes de emergencia implementadas por el gobierno por solicitud de la sociedad civil, para abordar los riesgos de protección para personas defensoras en estas áreas. Continuaremos haciendo todos los esfuerzos posibles para acompañar al Gobierno con sus políticas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, y buscamos concretar un memorando de entendimiento con el Ministerio del Interior en relación con este tema.

Respecto de la violencia, la política de drogas fue uno de los asuntos que discutí en mi reunión con el Presidente Petro. Expresé mi apoyo para el cambio de enfoque de la política de drogas, de un enfoque principalmente punitivo a un enfoque más social y basado en la salud pública. Al tratar una de las causas de la violencia en Colombia, este enfoque puede ser fundamental para una mejor protección de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas, y afrodescendientes. Un enfoque basado en la salud pública podría servir mejor a las personas usuarias de drogas, a nivel nacional y global. Mi Oficina está dispuesta a ayudar el Gobierno en mejorar la protección de derechos humanos en sus políticas para luchar contra el tráfico ilegal de drogas.

Valoro el progreso importante logrado por los mecanismos de justicia transicional. En mis conversaciones con miembros del Sistema Integral para la Paz, coincidí con ellos en la vital importancia de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para reconstruir confianza entre las comunidades y el Estado. El compromiso anunciado por el Gobierno de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tiene una enorme importancia para abordar las causas fundamentales de la violencia y el conflicto, como parte del proceso de sanación.

Saludo las primeras resoluciones concluyentes otorgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la política de secuestros de las FARC-EP y sobre casos de civiles asesinados por militares, que luego fueron presentados como miembros de grupos guerrilleros muertos en combate (conocidos como “falsos positivos”). Esto es esencial para el avance de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Además, quiero reconocer el papel central de las mujeres en general, y específicamente en la búsqueda incansable de sus seres queridos que permanecen desaparecidos. Por lo tanto, hago un llamado a la coordinación eficaz entre instituciones estatales para garantizar la plena implementación del mandato de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas.

El camino de dejar atrás décadas de conflicto y su legado será indudablemente largo para Colombia, y a veces arduo, debido a las razones mencionadas. Sin embargo, dejo Colombia con optimismo y mucha esperanza para el país.

Ayer martes por la noche, participé en un evento auspiciado por la Embajadora de Suecia para conmemorar el 75° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En este evento estuve acompañado por Francia Márquez, la primera Vicepresidenta afrodescendiente de Colombia y activista de derechos humanos y justicia ambiental, con quien hemos trabajado desde hace años, y Daniela Soto, una joven autoridad indígena, víctima del conflicto armado, que habló elocuentemente sobre la necesidad de proteger toda la vida humana y la vida de la Madre Tierra.

Estas dos mujeres representan a Colombia en su diversidad y riqueza étnica. La encarnación de lo que quise acentuar anoche – que la igualdad, la justicia, la libertad, el desarrollo compartido y la participación en la toma de decisiones, son valores que todos y todas tenemos en común y derechos que todos y todas merecemos.

Muchas gracias.