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Declaraciones Consejo de Derechos Humanos

Debate bienal de mesa redonda sobre el derecho al desarrollo - 35 años después: vías políticas para hacer realidad el derecho al desarrollo

15 septiembre 2022

Pronunciado por

Nada Al- Nashif, Alto Comisionado interino de la ONU para los Derechos Humanos

En

51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

Lugar

Ginebra, Palacio de las Naciones, Sala XX

Excelencias,
Distinguidos ponentes:

Me honra inaugurar este debate, con el que celebramos el 35º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo. Esta mesa redonda nos ofrece una importante oportunidad para reflexionar sobre la función decisiva de los derechos humanos en lo tocante al desarrollo, en un contexto de complejos problemas mundiales.

La pandemia de COVID-19 puso de relieve y agravó las desigualdades ya existentes y causó un retroceso de varios años en materia de desarrollo en muchos lugares del mundo. Agobiados por deudas impagables y por las repercusiones que estas cargas imponen a las prestaciones sociales, numerosos países se enfrentan ahora a retos sin precedentes, entre otros la posibilidad de disturbios sociales.

La guerra de Ucrania ha acarreado considerables penalidades humanas y ha desencadenado nuevas presiones internacionales, que afectan a las redes de suministro mundiales, contribuyen a fomentar la inflación e impulsan el rápido aumento de los precios de alimentos y combustibles.

Aunque esas repercusiones son de alcance mundial, no todas se dejan sentir del mismo modo ni son padecidas por igual en todas partes. En particular, las niñas y las mujeres han sufrido esos efectos adversos de manera específica y desproporcionada.

Según el FMI 1 , la inflación mundial alcanzará este año una tasa del 6,6 por ciento en las economías más avanzadas y del 9,5 por ciento en los países en desarrollo, lo que se traducirá en un aumento de las desigualdades entre los países y en el interior de estos. A finales de 2021, aunque el empleo había recuperado los niveles previos a la crisis o incluso los había superado en muchos países de ingresos elevados, los déficits seguían vigentes en la mayoría de las economás de ingresos medios2 , con notables disparidades subyacentes.

El Banco Mundial calcula que entre 75 y 95 millones de personas más vivirán en extrema pobreza en 2022, en comparación con las proyecciones realizadas antes de la pandemia. De los 760 millones de seres humanos que vivirán en extrema pobreza, habrá 16 millones más de niñas y mujeres que de niños y hombres3 y la gran mayoría de ellas -alrededor del 83,7 por ciento- residirán en dos regiones solamente: el África subsahariana (casi el 63 por ciento) y Asia Central y Meridional (alrededor del 21 por ciento). Este desigual reparto geográfico es flagrante y complica las desigualdades transversales.

La conjunción de estas crisis ha generado efectos colaterales sobre los alimentos y la nutrición, la salud y la educación, el medio ambiente, la paz y la seguridad, repercusiones que han frenado aún más la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y ponen en peligro la recuperación sostenible tras la pandemia.

Ya en 1986, en la Declaración, el derecho al desarrollo quedó definido como un proceso económico, social, cultural y político de amplio espectro, orientado a la mejora constante del bienestar de todas las personas. Esta definición iba más allá del PIB como medida del desarrollo y planteaba un enfoque integrado que abarcaba la paz y el desarme, los derechos humanos y el desarrollo. Sustentada por el principio de la cooperación, la Declaración pedía también la creación de un contexto propicio mediante el establecimiento de relaciones internacionales equitativas.

Ahora entendemos cabalmente que, para que sean eficaces, las políticas capaces de hacer realidad esta visión deben fundamentarse en los derechos humanos y permitir que cada persona, cualquiera que sea el lugar donde viva, participe en el desarrollo, contribuya a él y disfrute de sus beneficios, de conformidad con un espíritu de solidaridad mundial.

Excelencias:

Nuestra Oficina se ha esforzado por normalizar el concepto de derecho al desarrollo en los planos nacional, regional e internacional.

En la esfera nacional, hemos tratado de reforzar la capacidad de nuestras unidades sobre el terreno para aplicar este derecho, en particular, mediante un proyecto piloto ejecutado en Guinea y la celebración de una conferencia nacional en Liberia. También hemos celebrado sesiones de los Diálogos Hernán Santa Cruz, incluso de ámbito regional, en América Latina y el Caribe. Hemos llevado a cabo un proyecto sobre derechos humanos, cambio climático y migración en el Sahel, en el que se examinó la repercusión del cambio climático sobre los derechos, las vidas y los medios de subsistencia de la población en los países afectados por la crisis.

Mediante nuestras iniciativas de aumento de capacidades, en colaboración con la Universidad para la Paz y la Universidad de las Naciones Unidas, hemos proporcionado formación a casi mil interesados del mundo entero. También hemos encargado estudios y elaborado materiales de orientación, entre otros los relativos a cómo hacer realidad el derecho al desarrollo en los acuerdos de inversión e industrialización; las corrientes financieras ilícitas; la energía renovable, y la tecnología segura para el medio ambiente. Con la UPEACE elaboramos un proyecto de colaboración sobre “Prácticas idóneas para hacer realidad el derecho al desarrollo en el marco de la cooperación Sur-Sur”.

Mi Oficina también ha trabajado con miras a integrar los derechos humanos en los programas de política internacional, tales como el Programa de Acción de Doha sobre los países menos adelantados. Y seguimos apoyando al Grupo de Trabajo Intergubernamental y a otros mecanismos de derechos humanos, entre ellos al Relator Especial y al Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo.

Excelencias:

En su Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos Humanos y en el documento Nuestra Agenda Común, el Secretario General pidió que se estableciera un nuevo contrato social, basado en la igualdad de derechos y oportunidades para todos. La implantación de un nuevo acuerdo mundial basado en la solidaridad y la cooperación ayudaría a reconstruir la confianza entre los pueblos y los gobiernos, daría prioridad a la lucha contra la desigualdad y crearía un contexto propicio que permitiría hacer realidad el derecho al desarrollo y los derechos humanos para todos.

El debate de hoy nos ofrece una oportunidad de abordar colectivamente algunos de estos asuntos fundamentales y facilitar la promoción, mediante estrategias multilaterales, de soluciones integrales basadas en los derechos humanos.

Les deseo que sostengan debates enriquecedores y espero con interés las recomendaciones que van a formular.

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1/  FMI Perspectivas de la economía mundial (Julio de 2022)
2/  OIT Informe de mayo de 2022 sobre las consecuencias del COVID-19 en el mercado laboral: Persisten grandes disparidades en el empleo y la fuerza laboral. A finales de 2021, el empleo había recuperado los niveles que tenía antes de la crisis o incluso los había superado en la mayoría de los países de altos ingresos, mientras que se mantenían los déficits en la mayor parte de las economías de ingresos medios. En conjunto, en 2021 los ingresos derivados de los salarios superaron el nivel previo a la crisis en un 0,9 por ciento, impulsados por los países de altos ingresos y China. Pero esta tendencia general oculta disparidades considerables. En 2021, tres de cada cinco trabajadores vivían en países donde los ingresos derivados de los salarios todavía no habían recuperado los niveles anteriores a la crisis.   
3/  Según las proyecciones calculadas para 2022 por ONU Mujeres, el PNUD y el Centro Pardee para el estudio del futuro a largo plazo (Pardee Center for International Futures)

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