Concluye visita oficial a Bangladesh de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Daca, 17 de agosto de 2022

Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos hoy.

Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo muy cordialmente al gobierno de Bangladesh su invitación, que ha propiciado la primera visita de una máxima responsable del ACNUDH a este país. Espero que mi visita contribuya a reforzar los vínculos de este gobierno con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y a fomentar la colaboración con mi Oficina, lo que redundará en beneficio de la promoción y protección de los derechos humanos en Bangladesh.

Mi visita ha coincidido con un importante día de duelo nacional, en el que se conmemora el asesinato del Primer Ministro Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, primer mandatario del Bangladesh independiente, ocurrido el 15 de agosto de 1975. Como es natural, fue un día propicio a la reflexión sobre la historia del país, de su doloroso pasado, de la lucha de su pueblo por la independencia y los derechos humanos, y de los millones de personas que tuvieron que huir en 1971.

En mis conversaciones con miembros de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales, ese sentido de orgullo por esta historia de resistencia y resiliencia del pueblo bangladesí se transparenta nítidamente.

Bangladesh ha alcanzado considerables progresos económicos y sociales, y aspira a superar en pocos años la condición de País Menos Adelantado (PMA). Partiendo de una base muy inferior, el país ha realizado grandes avances en materia de desarrollo socioeconómico, erradicación de la pobreza, acceso a la educación y la salud, mortalidad infantil y femenina, y acceso a la alimentación, el agua y los saneamientos.

Bangladesh ha asumido el liderazgo en numerosos foros internacionales de derechos humanos, en asuntos como la migración y el cambio climático. También ha acogido a más de un millón de refugiados rohingyas, que se vieron obligados huir de la persecución y las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas en Myanmar, al otro lado de la frontera. Bangladesh también sigue afrontando problemas en materia de derechos humanos y tuve ocasión de debatir extensamente acerca del tema con miembros del gobierno y la sociedad civil.

En Daca, me entrevisté con el Primer Ministro, el Sheikh Hasina Wazed, y con los ministros de Asuntos Exteriores, Asuntos Internos, Justicia, Educación y otros altos funcionarios. Me reuní con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con representantes de la sociedad civil, así como con miembros de la comunidad diplomática y profesores universitarios. Pude intercambiar opiniones sobre el cambio climático y los derechos humanos con los estudiantes del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Bangladesh. La delegación del ACNUDH me representó en reuniones con otros interesados, entre ellos los sindicatos y los partidos políticos.

Estos debates transcurrieron contra el telón de fondo del aumento de las tensiones económicas, debido en parte a las repercusiones de la pandemia de COVID-19, y las consecuencias de la guerra en Ucrania, que afectan al mundo entero. El alza de los precios de los alimentos y los combustibles indican que el costo de la vida aumenta y, en tales circunstancias, los grupos de población más marginados y vulnerables son los más perjudicados. La extrema vulnerabilidad del país a los efectos adversos del cambio climático constituye un desafío permanente. Además, Bangladesh inicia ahora un ciclo electoral, con las elecciones generales previstas para el año que viene, lo que hace aumentar la tensión y la polarización.

En esas circunstancias, lo fundamental es prestar atención a personas de distintas capas sociales y hacer que se sientan escuchadas. Los miembros de la sociedad civil son recursos humanos importantes que los gobiernos deben aprovechar. Las opiniones críticas contribuyen a definir los problemas, a reconocerlos, a examinar sus causas profundas y a debatir acerca de las posibles soluciones.

El reconocimiento de los problemas es siempre el primer paso para su solución.

Mi diálogo con representantes de la sociedad civil fue rico y profundo, lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta que tradicionalmente Bangladesh ha tenido abundantes competencias en múltiples sectores.

Pero sucesivos informes de derechos humanos elaborados por las Naciones Unidas apuntan a una reducción del espacio cívico, un aumento de la vigilancia, la intimidación y las represalias, que a menudo se traducen en autocensura. Las leyes y las medidas políticas que establecen una regulación excesiva de las ONG y que, en general, limitan la libertad de expresión, dificultan su funcionamiento y a veces lo convierten en una actividad de alto riesgo.

El espacio cívico y democrático, así como los controles y contrapesos, y la rendición de cuentas son elementos esenciales para Bangladesh, a medida que el país se dirige hacia niveles superiores de desarrollo. Estos factores también contribuyen a reducir el riesgo de corrupción y otros obstáculos al desarrollo económico sostenible y la buena gestión fiscal.

El próximo periodo electoral marcará una etapa importante para que Bangladesh logre maximizar el espacio cívico y político, que abarca la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de los activistas políticos, los defensores de los derechos humanos, los partidos de oposición y los periodistas. También es importante para asegurar que las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley reciban la formación necesaria para manejar las protestas sin recurrir al uso excesivo de la fuerza. 

Es preciso que exista un mayor espacio de diálogo entre los partidos políticos y una amplia gama de agentes de la sociedad civil, a fin de evitar que los agravios sociales se enconen y se transformen en disturbios públicos. Las opiniones de las mujeres, las minorías religiosas y los pueblos indígenas, y en especial las de los jóvenes, merecen ser escuchadas.

La participación oficial de las mujeres en el proceso de toma de decisiones políticas de ámbito local ha mejorado en los últimos años. Exhorto también al gobierno a que adopte medidas dinámicas para incrementar el número de mujeres que ocupan puestos decisorios en todos los niveles. Ya se han registrado múltiples progresos: un número cada vez mayor de mujeres se ha incorporado a la fuerza laboral en determinados sectores y el país ha logrado mejorar la educación de las niñas y ha alcanzado la paridad de género en la enseñanza primaria.

Pero, aunque se han implantado diversos marcos de políticas nacionales de importancia, los problemas relativos a la igualdad de género no han desaparecido. La violencia contra la mujer, incluso la violencia sexual, sigue siendo frecuente y para las víctimas aún es difícil acceder a la justicia y la rendición de cuentas.

Aplaudo que el gobierno haya reconocido legalmente a las hijras y espero que se tomen otras medidas para respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos fundamentales de las personas del colectivo LGBTIQ+.

Hago hincapié en la importancia de proteger a los grupos minoritarios, tales como los hindúes y los pueblos indígenas, de la violencia o la apropiación ilícita de sus tierras. El Acuerdo de Paz de las Colinas de Chittagong, firmado hace 25 años, fue un logro importante. Pero, habida cuenta de las continuas denuncias sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a disputas territoriales y a la necesidad de desmilitarizar la zona, exhorto a que ese acuerdo de paz se aplique cabalmente y a que se autorice el acceso irrestricto de observadores independientes a esos distritos autónomos.

Bangladesh dispone de un marco de referencia sólido en su Constitución, sus leyes y los compromisos internacionales, en el que puede apoyarse para hacer frente a los retos en materia de derechos humanos.

El país es signatario de todos los tratados principales de derechos humanos de las Naciones Unidas, con la excepción de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada -convenio cuya ratificación ya he solicitado al gobierno bangladesí. Los comités encargados de supervisar el cumplimiento de estos tratados han formulado importantes recomendaciones a los Estados Partes, al igual que han hecho otros expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas. Otras recomendaciones proceden del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es indispensable que el gobierno centre su atención en la aplicación de esos acuerdos y en la implantación de un sistema institucional de seguimiento. Esas recomendaciones constituyen baremos importantes que contribuyen a reforzar los vínculos entre los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas -entre otros el Comité contra la tortura- han venido planteando durante años su preocupación acerca de las denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, muchas de ellas atribuidas al Batallón de Acción Rápida, y por la falta de rendición de cuentas en relación con esas vulneraciones. He comunicado mi honda preocupación al respecto a los ministros del gobierno y he insistido en la necesidad de que se realice una investigación imparcial, independiente y transparente acerca de esas denuncias, acompañada por una reforma del sector de la seguridad.

Se han recibido denuncias continuas y preocupantes sobre desapariciones forzadas, tanto de corta como de larga duración, y sobre la ausencia del debido proceso y las salvaguardas judiciales. En especial, en vista de la prolongada decepción ante la falta de progreso de las investigaciones y otros obstáculos a la justicia, he exhortado al gobierno a que establezca un mecanismo especial e independiente que trabaje en estrecha colaboración con las víctimas, las familias y la sociedad civil, a fin de investigar las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Mi Oficina está dispuesta a proporcionar asesoramiento sobre cómo un órgano de este tipo debe constituirse, con arreglo a las normas internacionales.

Una invitación para que el Grupo sobre desapariciones forzadas de las Naciones Unidas visite Bangladesh sería una muestra de la voluntad oficial de abordar este asunto. En su condición de máximo contribuyente de personal uniformado a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, Bangladesh debería asegurarse de que implanta un sistema de escrutinio aplicable al personal de seguridad en lo tocante a los derechos humanos.

En las entrevistas realizadas también hemos debatido acerca de una reforma de las leyes que permita ajustar la legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos.

Mi Oficina y el gobierno de Bangladesh han entablado un diálogo sobre la revisión de la Ley de Seguridad Digital. Reconozco que existe la necesidad de regular el espacio cibernético, abordar el problema de los discursos de odio en línea y la desinformación, y de luchar contra el ciberdelito. Ocuparse de estos asuntos no es tarea sencilla, ya que la regulación de las comunicaciones siempre entraña riesgos para la protección de la libertad de expresión. Hemos presentado nuestras recomendaciones relativas a descartar algunas cláusulas y modificar otras, con miras a garantizar que la ley se ajuste a las normas y los criterios del derecho internacional de los derechos humanos, y prevenir su uso indebido o su aplicación arbitraria.

Esperamos que el gobierno nos comunique en breve su respuesta y establezca un calendario para agilizar el procedimiento de revisión. También debatimos sobre la importancia de colaborar estrechamente con la sociedad civil y las Naciones Unidas, a fin de velar por que el nuevo anteproyecto de la Ley de Protección de Datos y las regulaciones aplicables a las OTT (plataformas de distribución directa por Internet) cumplan con la normativa internacional de derechos humanos.

Las Naciones Unidas se oponen firmemente a la imposición de la pena capital en todas las circunstancias y yo insto a que se tomen medidas para reducir el número de países donde se aplica y propiciar una moratoria al respecto.

Durante mi estancia en Bangladesh también visité Cox’s Bazar, donde el gobierno, las Naciones Unidas y otros asociados llevan a cabo un ingente esfuerzo en los campamentos de refugiados rohingyas. No es posible exagerar la importancia de la contribución humanitaria que Bangladesh realiza en este asunto ni su significado histórico. La comunidad internacional debe seguir apoyando la respuesta bangladesí y presionar a Myanmar a fin de que cree condiciones para el regreso de esos refugiados, aborde las causas profundas del problema y proceda a exigir responsabilidades.

Hace cinco años, esas personas huyeron de la extrema violencia y la discriminación sistemática, en uno de los mayores desplazamientos de población de la historia reciente. En las conversaciones que mantuve en los campamentos con mujeres, jóvenes, dirigentes religiosos y otros refugiados rohingyas percibí su intenso anhelo de regresar a sus aldeas y hogares en Myanmar, pero solo cuando existan las condiciones adecuadas.

Por desgracia, la situación actual en la frontera apunta a que las condiciones todavía no son apropiadas para la repatriación. Una operación de este tipo siempre deberá realizarse de manera digna y voluntaria, y solo cuando en Myanmar existan condiciones seguras y sostenibles para llevarla a cabo.

En los campamentos, me resultó alentador ver a niños y jóvenes de ambos sexos que recibían clases de matemáticas y lengua birmana, impartidas por miembros de su comunidad en los centros escolares. Los más jóvenes hablaban con entusiasmo de sus aspiraciones futuras. Pero en las charlas con los alumnos mayores se notaba cierta decepción ante el paso del tiempo. Un joven me habló de los años que había perdido y que nunca podría recuperar, y expresó su firme deseo de contribuir a la vida de la comunidad y, un día, regresar a Myanmar, que es su patria. La ampliación de estas oportunidades educativas y de proporcionar medios de subsistencia a niños y niñas es la mejor manera de prevenir la delincuencia y los futuros conflictos sociales, y de preparar a los refugiados para que logren una reincorporación sostenible a la sociedad en Myanmar.

Los refugiados con los que hablé en Cox’s Bazar, al igual que los refugiados y desplazados internos que he conocido en otros lugares del mundo, insistieron en que no desean depender de la ayuda humanitaria. Quieren ser personas productivas, ganarse la vida, contribuir a la sociedad y mejorar sus condiciones de vida.

Insto al gobierno a que conceda suficiente margen a las iniciativas comunitarias que surgen en los campamentos de Bhashan Char y Cox’s Bazar, de modo que los portadores de esas aspiraciones puedan mantener a sus compañeros refugiados y contribuir a satisfacer sus necesidades. Muchas de las personas con las que conversé mostraron sus temores ante la situación de seguridad, tanto en lo tocante a la actividad de las pandillas y los grupos armados, como de la vulnerabilidad de las niñas y las mujeres. También es preciso proteger la seguridad y la libertad de expresión de la sociedad civil rohingya y de los defensores de derechos humanos.

Me preocupa el aumento de la retórica anti-rohingya en Bangladesh, la difusión de estereotipos y el uso de los refugiados como chivos expiatorios a los que se atribuye el crecimiento del delito y otros problemas. En particular, me inquieta que el contexto preelectoral, combinado con la inseguridad y las dificultades económicas, se traduzca en un incremento del discurso de odio contra esas comunidades vulnerables.

Insto al gobierno y a la población de Bangladesh a que se mantengan alerta contra esa nociva retórica, a fin de contrarrestar con hechos la desinformación y fomentar la comprensión en las comunidades de acogida.

A medida que Bangladesh avanza por la senda del crecimiento económico, las instituciones eficaces, transparentes e integradoras -que se ajustan al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16- son fundamentales para alcanzar el siguiente nivel de desarrollo. Esto significa inclusión, participación y rendición de cuentas. A este fin, será esencial fortalecer la independencia de las instituciones, entre otras la comisión nacional de derechos humanos, la comisión electoral y el poder judicial. El Equipo de País de las Naciones Unidas está disponible para apoyar al país en la consecución de todos los ODS.

Albergo la esperanza de que mi visita contribuya a fomentar el compromiso de Bangladesh -tanto del gobierno como de las instituciones no gubernamentales- con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y sus mecanismos. El año próximo, este país se someterá por cuarta vez al Examen Periódico Universal, un trámite importante que le dará la ocasión de establecer un inventario de los progresos realizados.

Es alentador saber que el nuevo Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático visitará este país dentro de poco. Pido a la comunidad internacional que apoye a Bangladesh y a otros Estados vulnerables en su exigencia de medidas eficaces en materia de cambio climático.

Habida cuenta de los importantes retos venideros en el ámbito de los derechos humanos -vinculados a la economía, el clima, la política, la sociedad y la acción humanitaria- estoy segura de que si logra aprovechar los considerables recursos de toda su sociedad y elabora respuestas con la participación de múltiples opiniones, Bangladesh seguirá avanzando de manera aún más brillante y dinámica por la senda del desarrollo, en la que ya ha logrado grandes éxitos.

FIN