Miles de refugiados rohingyas siguen huyendo de la violencia

38º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Actualización oral de la situación de derechos humanos de la población rohingya
Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein

4 de julio de 2018

Distinguido Presidente,
Presidente del Comité de Coordinación
Excelencias,
Colegas y amigos:

En los últimos meses, Myanmar ha rechazado las acusaciones de que sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña de limpieza étnica que ha causado el éxodo de más de 700.000 rohingyas a Bangladesh, desde agosto de 2017.  Las autoridades de Myanmar también han invertido una energía considerable para tratar de convencer al mundo de que están en la mejor disposición de permitir el regreso de los refugiados.

En enero pasado, Myanmar suscribió un acuerdo con Bangladesh sobre el dispositivo físico necesario para la repatriación.

En mayo, firmó un memorando de entendimiento con el ACNUDR y el PNUD a fin de crear las condiciones que permitan el regreso de los refugiados. Asimismo, el Gobierno de Myanmar anunció que establecería una comisión de investigación para indagar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo posterior al 25 de agosto de 2017. 

Durante ese tiempo, los representantes del Gobierno han declarado reiteradamente que Myanmar está dispuesto a acoger a los refugiados que regresen.

Sin embargo, aunque ha transcurrido casi un año desde que se desató la violencia el 25 de agosto de 2017, ni un solo refugiado rohingya ha regresado al país en virtud del acuerdo suscrito con Bangladesh. Muchos de los que han vuelto por su cuenta –si no todos- han sido arrestados. Cincuenta y ocho rohingyas que regresaron entre enero y abril de este año fueron detenidos y condenados a tenor de acusaciones no especificadas. Luego recibieron un perdón presidencial, pero simplemente fueron trasladados de la prisión de Buthidaung a un supuesto “centro de recepción”, en condiciones que equivalen a una detención administrativa. 

Otros 90 rohingyas que, según los informes, trataban de viajar en barco de Bangladesh a Malasia pero que tuvieron que desembarcar en la costa del Estado de Rakhine debido a una avería del motor, también fueron detenidos. Desde entonces, han sido entregados a las autoridades de varias comarcas aledañas que, en la mitad de los casos, no son las de sus zonas de origen. 

Además, miles de rohingyas siguen huyendo del Estado de Rakhine. De enero a mediados de junio del año en curso, 11.432 nuevos refugiados habían llegado a Bangladesh. En abril, 140 rohingyas que salieron en barcos de la zona central de Rakhine llegaron a Malasia e Indonesia; diez personas murieron a bordo durante la travesía. 

Todos los recién llegados que fueron entrevistados por el ACNUDH se refirieron a la persistente violencia, la persecución y las vulneraciones de derechos humanos, incluidos asesinatos e incendios deliberados de hogares de rohingyas. Una mujer que llegó a finales de mayo declaró que había salido de Myanmar tras dos incidentes en los que varias casas de rohingyas de su aldea de Rathedaung fueron incendiadas y los campesinos fueron asesinados por soldados que disparaban indiscriminadamente por las calles. Un hombre de la aldea de Buthidaung declaró al ACNUDH que había huido después de que su padre fuera arrestado por los soldados; el testigo afirmó que carecía de información sobre el paradero o el estado de salud de su padre. Muchos de los recién llegados dijeron que se habían quedado sin dinero para pagar los sobornos, que son una realidad cotidiana para los rohingyas en Rakhine, y declararon que nunca se atrevían de salir de sus casas por miedo a sufrir agresiones físicas.  

Ningún volumen de retórica alcanzaría a encubrir estos hechos. Las personas siguen huyendo de la persecución en Rakhine e incluso están dispuestas a enfrentarse a la muerte en alta mar con tal de escapar.

Señor Presidente:

Myanmar ha declarado en reiteradas ocasiones que la causa profunda de la crisis actual fue el presunto ataque realizado el año pasado por la Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) contra varios cuarteles de policía. Esta afirmación es engañosa. Los ciclos de violencia y de restricciones de derechos humanos contra los rohingyas precedieron con mucho a la aparición del ARSA, que según los informes disponibles se creó en 2013. Tanto en 1978 como en 1992 las operaciones militares culminaron en la expulsión de unos 250.000 rohingyas hacia Bangladesh, en cada una de esas fechas, y hubo un número indeterminado de muertos y heridos.

Al menos desde 1978, se ha intensificado sistemáticamente la campaña concomitante para erosionar la personalidad jurídica y los derechos de los rohingyas.

Como este Consejo sabe, la Ley de Ciudadanía de 1982 estipula que la ciudadanía se otorga primordialmente sobre la base de la condición étnica, lo que constituye una violación de las normas que prohíben la discriminación racial y, en la práctica, impide a los rohingyas el acceso a la condición de ciudadano, derecho que les reconocía la legislación precedente. Desde la década de 1990, Myanmar también exige que los rohingyas que deseen contraer matrimonio obtengan una autorización expedida por funcionarios de inmigración, impone a las familias rohingyas un límite de dos hijos por pareja y ha excluido del último censo nacional a los miembros de esta etnia. Al mismo tiempo, los derechos fundamentales de los rohingyas, entre otros los derechos a la libertad de movimiento, religión, salud, educación y acceso a los medios de subsistencia, han sido limitados, de manera creciente y sistemática, a lo largo de estos años. 

Numerosas normativas de identificación aplicadas sucesivamente han suspendido o retirado la ciudadanía a los rohingyas y han perpetuado su condición de apátridas. En 1989, los rohingyas tuvieron que entregar el documento nacional de identidad que les había sido otorgado en 1951, pero nunca recibieron las “Tarjetas electorales de ciudadanía” que les habían prometido. En 1995 recibieron certificados temporales de inscripción que les concedían determinados derechos, incluso el de votar, pero que no les conferían la ciudadanía de manera explícita. En 2015, en vísperas de una elección nacional, los certificados temporales de inscripción fueron revocados, lo que dejó sin derecho de sufragio a casi 800.000 personas, en su inmensa mayoría rohingyas. 

La última modalidad de documento de identidad que se les exige a los rohingyas es la Tarjeta nacional de verificación (NVC, por sus siglas en inglés). Este documento está en el eje del debate actual sobre la situación de los rohingyas en Myanmar. La NVC no otorga la ciudadanía, sino que estipula que sus portadores “tienen que solicitarla” con arreglo a la Ley de Ciudadanía de 1982. El Gobierno de Myanmar ha calificado este proceso como “el primer paso hacia la ciudadanía”, la misma frase que antes usó para describir al certificado temporal de inscripción, que ya quedó obsoleto. Pero, en realidad, la NVC excluye a los rohingyas de la condición de ciudadanos, de conformidad con las normas gubernamentales que los definen como extranjeros en su propia patria.  

Muchos de los refugiados entrevistados por el personal de mi Oficina declararon que habían padecido presiones insoportables, ejercidas con el fin de obligarlos a aceptar la NVC. Un hombre declaró que lo habían atado y golpeado, mientras las autoridades le exigían que aceptara la NVC, pero que él se había negado. Dijo que por ese motivo secuestraron a su hija, a la que nunca volvió a ver, y que él había huido a Bangladesh. Otro hombre contó que su hijo fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y que lo mantuvieron como rehén hasta que él logró convencer a otros rohingyas de su aldea de que aceptaran la NVC. Algunos recién llegados narraron cómo a los campesinos se les obligaba a aceptar la NVC a punta de pistola. Hace apenas unos días, un refugiado nos dijo que ahora los rohingyas sólo pueden permanecer en Rakhine si aceptan la NVC.

Señor Presidente:

La sinceridad de Myanmar en lo tocante al proceso de repatriación no se medirá por el número de acuerdos que suscriba y los comités que establezca, sino por su reconocimiento de que los rohingyas son ciudadanos, con los mismos derechos de que disfrutan otros ciudadanos, incluso con el derecho a la vida y la seguridad personal. Un gesto de la intención genuina de establecer estos derechos sería la concesión de ciudadanía a las 120.000 personas desplazadas dentro del país, la mayoría de ellas rohingyas, que permanecen internadas en campamentos de la zona central de Rakhine desde los violentos ataques de 2012, y a las que debería permitírseles regresar con garantías de seguridad a sus pueblos y aldeas. 

Señor Presidente:

En mayo, Myanmar anunció la creación de una “Comisión independiente de investigación”, para “indagar sobre la violación de derechos humanos y asuntos conexos, tras los ataques terroristas perpetrados por el ARSA”. Este anuncio fue hecho después de la visita que el Consejo de Seguridad realizó a Myanmar y Bangladesh, cuando la Corte Penal Internacional anunció que estaba examinando la posibilidad de investigar allí crímenes de lesa humanidad.

Myanmar ha seguido una pauta de encubrimiento mediante investigaciones, comprendidas las que se efectuaron tras las violentas conflagraciones de 2012 y 2016. El ejército ya se absolvió a sí mismo de toda culpa por la violencia del año pasado y sólo admitió su responsabilidad en la masacre de la aldea de Inn Din cuando la agencia Reuters presentó pruebas irrefutables al respecto. Hay muchísimos motivos para pensar que otra investigación interna sólo tratará de encubrir los terribles delitos cometidos, lo que sentará las bases de una nueva ola de violencia en el futuro.

Myanmar debe comprender que la comunidad internacional no va a olvidar los crímenes cometidos contra los rohingyas ni va a absolver a los políticos que tratan de encubrirlos. A fin de garantizar una investigación creíble, el Gobierno debe conceder acceso inmediato a los investigadores internacionales de derechos humanos y al Relator Especial, el Sr. Yanghee Lee. 

Insto al Consejo de Seguridad a que remita inmediatamente el caso de Myanmar a la CPI, de modo que todas las acusaciones relativas a delitos de lesa humanidad y genocidio perpetrados contra los rohingyas sean objeto de investigación, así como las acusaciones de crímenes de guerra cometidos contra otros grupos étnicos, tales como los kachin y los shan. 

Además pido a este Consejo que recomiende a la Asamblea General la creación de un nuevo mecanismo internacional imparcial e independiente, complementario de la Misión de Determinación de los Hechos, que ayude en la investigación penal de los responsables individuales. Este mecanismo debería también elaborar un marco para la repatriación de los rohingyas y otras víctimas y la prestación de apoyo inmediato y a largo plazo a las víctimas.

De manera más general, Sr. Presidente, deploro el hecho de que no se haya incluido a los rohingyas en los debates que atañen a su propio futuro, así como la reiterada incapacidad de varios miembros de la comunidad internacional de defender el derecho de este grupo a autodefinirse como rohingyas. La negativa de llamar a los rohingyas por su nombre, que abarca a los documentos y las declaraciones oficiales, -incluso en este Consejo- añade una injuria más a las terribles violaciones que este pueblo ha padecido.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Si desea leer el texto íntegro del documento que el ACNUDH presentó al Consejo de Derechos Humanos, pulse aquí*.