Comentarios del portavoz del ACNUDH Jeremy Laurence acerca del ataque contra un campamento de manifestantes en Sri Lanka

Estamos alarmados por el uso innecesario de la fuerza que, según se informa, emplearon los cuerpos de seguridad de Sri Lanka para disolver una acampada de protesta en las proximidades de las oficinas del presidente en Colombo, apenas horas después de que los manifestantes anunciaran que lo iban a desmontar. Condenamos las palizas que, según los informes, recibieron algunos manifestantes, periodistas y abogados.

En la madrugada del viernes, mientras la mayoría de los participantes en la protesta todavía dormían, unos 2.000 miembros del personal de seguridad, entre los que había policías y soldados, invadieron la zona y derribaron las tiendas de campaña. Se informa de que las fuerzas de seguridad apalearon a los manifestantes y que al menos 48 personas resultaron heridas. Los manifestantes fueron retenidos durante horas en el lugar de la protesta y los heridos no recibieron asistencia médica.

Se informó también de que las fuerzas de seguridad agredieron a periodistas y abogados, en particular a quienes trataban de grabar los sucesos con cámaras o teléfonos móviles, y que al menos dos de estas personas fueron arrestadas. Al menos cuatro periodistas fueron acosados y golpeados por los agentes de seguridad. Dos de ellos han sido hospitalizados. Las pertenencias de los manifestantes, incluidos los dispositivos tecnológicos, las tiendas de campaña y el menaje de cocina, fueron destrozadas o confiscadas.

Según fuentes del Colegio de Abogados, dos letrados fueron agredidos por las fuerzas de seguridad.

Los periodistas, abogados y defensores de derechos humanos tienen derecho a monitorear y elaborar informes sobre las manifestaciones y, por consiguiente, deberían recibir protección en el ejercicio de esas funciones y su labor no debería ser obstruida en modo alguno.

El uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos vulnera el derecho internacional. Instamos a las autoridades a que pongan fin de inmediato a esas prácticas. En virtud de las normas vigentes de derecho internacional, las manifestaciones solo pueden dispersarse en casos excepcionales y el uso de la fuerza constituye un último recurso, que debe aplicarse únicamente cuando resulte abosolutamente necesario y de manera proporcional al objetivo legítimo que se procura.

Nos preocupa el hecho de que este ataque contra el campamento de protesta envía un mensaje atemorizador a los manifestantes pacíficos de todo el país. Toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente y a expresar en público su disconformidad con la crisis económica y política, y con las repercusiones que esta genera sobre sus medios de subsistencia y el bienestar de su familia.

La crisis económica y política de Sri Lanka no puede resolverse mediante la fuerza. Únicamente a través de consultas y diálogos de amplio espectro podrán los ciudadanos de este país empezar a reconstruir la confianza, con el respaldo de la comunidad internacional. Confiamos en que el nuevo presidente y su gobierno logren abordar el problema de la impunidad e implanten reformas estructurales e institucionales genuinas, que beneficien a todos los srilanqueses.