GINEBRA (24 de junio de 2022) - Los expertos en derechos humanos de tres mecanismos de la ONU competentes en materia de tortura* han instado a los Estados miembros a que proporcionen las condiciones materiales y jurídicas necesarias para que el personal sanitario pueda evaluar, documentar y denunciar los actos de tortura y los tratos crueles o inhumanos. Con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, han emitido la siguiente declaración conjunta en la que destacan las funciones vitales que desempeñan los profesionales sanitarios para prevenir y sancionar los actos de tortura y apoyar a las víctimas:

“Las y los profesionales médicos y sanitarios tienen un papel fundamental en la prevención y el establecimiento de la responsabilidad estatal por actos de tortura y en la rehabilitación de las víctimas.

Los médicos generalistas, médicos forenses, auxiliares de enfermería, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas y otros profesionales de la salud suelen ser los primeros en detectar indicios de eventuales torturas o malos tratos a través del contacto directo con pacientes o al certificar defunciones. Dado que pueden inspeccionar y observar el estado físico y mental de las personas privadas de libertad, juegan un papel destacado en la prevención y denuncia de cualquier forma de tortura, así como en la prestación de atención sanitaria a las víctimas.

Para prevenir eficazmente la tortura es preciso adoptar un enfoque integral que permita a los profesionales sanitarios conocer las secuelas de la tortura en las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto, hacer frente a sus efectos y ser conscientes del deber de abordar esta grave violación de los derechos humanos.

Las víctimas de actos de tortura tienen derecho a una rehabilitación completa, como se establece en el artículo 14 de la Convención contra la Tortura. Los profesionales de la salud son esenciales para restaurar y reparar el daño sufrido por las víctimas.

En este Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, recordamos que los Estados miembros deben proporcionar todas las condiciones materiales y jurídicas necesarias para que el personal sanitario cumpla con sus obligaciones profesionales. El apoyo inequívoco y la formación especializada son de suma importancia. En particular, los Estados deben garantizar que todas las personas privadas de libertad tengan acceso a un examen médico independiente y confidencial. Los Estados Partes también deben implicar a los profesionales de la salud en la elaboración y aplicación de estrategias y políticas contra la tortura. En situaciones de conflicto armado, el personal médico debe ser respetado y protegido en todas las circunstancias en virtud de las normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario.

‘Los Estados deben garantizar que todas las personas privadas de libertad sean sometidas a exámenes médicos inmediatamente después de su detención. Las autoridades también deben documentar e investigar los actos de tortura y sus secuelas para evitar que se repitan y luchar contra la impunidad,’ dijo Suzanne Jabbour, Presidenta del Subcomité para la Prevención de la Tortura. Es fundamental exigir responsabilidades a los autores por sus actos ilícitos, proporcionar justicia y rehabilitación a las víctimas,’ añadió.

Documentar la tortura es a menudo un requisito previo para obtener justicia, asilo, rehabilitación y atención, y el reconocimiento de la experiencia sufrida por las víctimas puede tener efecto terapéutico. El Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), publicado inicialmente en 2001, proporciona directrices internacionales para la documentación. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicará a finales de junio una versión revisada del Manual en la que se incluye un nuevo capítulo sobre el papel que desempeñan de los profesionales de la salud en la documentación de los casos de tortura y la importancia de los diagnósticos médicos de calidad como prueba en los procedimientos penales y administrativos.  También orienta a los Estados para que cumplan sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y como norma de ius cogens del Derecho Internacional. Se alienta a los Estados Partes a difundir ampliamente la versión revisada del Manual entre los profesionales de la salud, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el personal judicial.

‘Los profesionales de la medicina también deben poder denunciar los abusos de los que tienen conocimiento y asistir a las víctimas sin ser objeto de presiones o represalias indebidas. El Comité contra la Tortura a menudo recomienda que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para eliminar el riesgo de represalias y garantizar la protección de los profesionales de la salud. El Comité también se remite habitualmente al Protocolo de Estambul para orientar a los Estados Partes en la realización de investigaciones efectivas sobre actos de tortura y la recopilación de pruebas para conseguir el resarcimiento de las víctimas,’ dijo Claude Heller, Presidente del Comité contra la Tortura.

En su informe sobre el papel que desempeñan las ciencias forenses y médicas en la investigación y prevención de la tortura y otros malos tratos, el anterior Relator Especial sobre la Tortura subrayó la necesidad de mantener una estrecha cooperación entre las profesiones de la salud y la abogacía para una investigación eficaz de los presuntos casos de tortura. También es importante establecer procedimientos claros de documentación de la incidencia de la tortura que puedan servir como prueba válida en los tribunales para garantizar la rendición de cuentas.

‘En el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura hemos sido testigos de las consecuencias, a menudo crónicas, de la tortura en la salud mental y física de los supervivientes, que pueden transmitirse de una generación a otra. La atención sanitaria especializada inmediata y a largo plazo, así como rehabilitación psicosocial, es esencial para superar el trauma y restablecer vínculos sociales. Expresamos nuestra profunda admiración por la labor de los profesionales sanitarios que prestan servicios a los supervivientes y a veces arriesgan su propia seguridad en situaciones de retracción del espacio cívico o de conflicto armado,’ declaró Lawrence Mute, Presidente del Fondo.

Para que los profesionales de la salud asuman plenamente su papel fundamental en la prevención de la tortura y contribuyan a la rendición de cuentas y la reparación, es esencial que los Estados garanticen la educación y la formación al respecto de estos profesionales y de los estudiantes de medicina.

Los profesionales de la salud tienen una responsabilidad especial de compartir experiencias e información sobre las secuelas de la tortura, incluido los efectos destructivos de esta práctica en la salud de las víctimas, el daño que causa a la comunidad y los requisitos que permiten ayudar a las víctimas a superar el trauma y reconstruir sus vidas.”

FIN