Actualización Oral sobre el informe del Alto Comisionado acerca del papel clave del Estado a la hora de responder a pandemias y otras emergencias sanitarias, así como las consecuencias socioeconómicas de las mismas para la promoción del desarrollo sostenible y el disfrute de todos los derechos humanos

Diálogo Interactivo

Sr. Presidente,
Excelencias,

En este tercer año ya de la pandemia de COVID-19, el ritmo diferente en la recuperación económica, sumado a otros desafíos tales como el cambio climático, las desigualdades en aumento y los conflictos en auge, continúan teniendo efectos devastadores.

La necesidad de solidaridad internacional que garantice una distribución equitativa de las vacunas sigue siendo una cuestión apremiante.  A la vez que se han administrado más de 11,8 mil millones de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo, algo menos del 18% de las personas en países de ingresos bajos han recibido al menos una dosis. 

Varios países están sufriendo o acaban de salir de rebrotes de COVID-19 a la vez que se mantienen las restricciones a derechos civiles y políticos en muchos otros.

Numerosos países de ingresos bajos y medianos siguen sumidos en una crisis grave de deuda, incapaces de dar prioridad a la protección de los derechos y a la prestación de servicios públicos debido a la escalada de la deuda y al pago de la misma.

La Organización Internacional del Trabajo informa que solamente un 46,9 por ciento de la población global estuvo protegida de forma eficaz por al menos una prestación de protección social, mientras que el 53,1 por ciento, lo que supone 4,1 mil millones de personas, estuvieron completamente desprotegidos.  Solamente un 26,4 por ciento de niños en el mundo reciben prestaciones de protección social, a la vez que la gran mayoría de ellos no recibe ninguna cobertura real.

Excelencias,

El informe que les presenté en el 47º período de sesiones, conforme a la resolución 44/2 del Consejo de Derechos Humanos, daba respuesta a una solicitud de evaluación de necesidades, en especial en los países en desarrollo, para apoyar sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales a la hora de responder a pandemias y otras emergencias sanitarias, así como las consecuencias socioeconómicas de estas medidas para la promoción del desarrollo sostenible y el disfrute de todos los derechos humanos.

Entre las recomendaciones principales que realizaba el informe se encontraban una mejor asignación de recursos para proteger los derechos económicos, sociales y culturales; la defensa del estado de derecho y de los derechos civiles y políticos; el refuerzo de los sistemas de salud; asegurar un acceso sin discriminación a las vacunas; la protección de los marginados; además de garantizar la cobertura sanitaria universal y la protección social universal.

En todo el planeta, celebro los avances positivos que estamos empezando a ver en algunos de estos campos.  Como ejemplo, Malawi, Perú, Filipinas, Tailandia y los Estados Unidos han ampliado sus programas de asistencia social introduciendo transferencias de efectivo dirigidas a aquellos que quedan habitualmente excluidos, como los trabajadores informales, los trabajadores autónomos y por cuenta propia, incluyendo a personas que trabajan en empleos subcontratados. 

Algunos países han cambiado incluso las normas sobre los requisitos necesarios para optar a programas de protección social con vistas a ampliar su cobertura.  Brasil amplió los criterios sobre requisitos relativos a umbrales mínimos de ingresos para incluir el número de hijos y el estado de salud de sus miembros.  Por su parte, Lesotho incrementó la suma proporcionada en su programa de subvenciones infantiles, el cual es una transferencia sin condiciones de efectivo para viviendas en situaciones vulnerables.

Otros países, como Argentina y Bolivia, han hecho avances hacia sistemas impositivos más progresivos ampliando de ese modo el espacio fiscal disponible para poder responder a la pandemia.

Además, la negociación en marcha de un instrumento de la OMS sobre preparación, respuesta y recuperación ante una pandemia supone una oportunidad adicional.  Con las lecciones aprendidas de la pandemia aun muy presentes, animo a la Comisión Negociadora Internacional y a la Asamblea Mundial de la Salud a que aseguren la contribución significativa de titulares de derechos a este proceso, así como de la sociedad civil, de organizaciones comunitarias además de otros defensores de derechos humanos.

Mi Oficina ha reforzado también su cooperación con Estados Miembros, Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas y equipos en el país, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y la sociedad civil para que presten asesoramiento sobre las respuestas socioeconómcias basadas en derechos humanos.  Nosotros contribuimos con análisis y asesoramiento sobre derechos humanos para Evaluaciones Comunes por País de las Naciones Unidas y los Marcos de Cooperación además de contribuir a los Procesos Nacionales de Desarrollo. 

Mi Oficina ha estado también defendiendo medidas eficaces que cumplan con normativas internacionales de derechos humanos para seguir avanzando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir las desigualdades y ofrecer un acceso sin discriminación a servicios de salud públicos.

Y a través de la Iniciativa Surge, mi Oficina ha analizado políticas y medidas económicas internacionales y nacionales, incluyendo las repercusiones de las sanciones y las dificultades del pago de la deuda, los paquetes de estímulo y las intervenciones sectoriales.  Desde Chile a Guinea-Bissau, Sudán, Tanzania y Timor Leste, entre otros, hemos trabajado para elaborar bases de datos desglosadas y metodologías para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 sobre aquellos que se han quedado atrás.

Las presencias sobre el terreno de ACNUDH por todo el mundo han dado su apoyo también a Estados Miembros, sociedad civil e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para implementar las orientaciones específicas para cada país que ofrecen los mecanismos de derechos humanos, y que hacen relación a una serie de cuestiones que se reflejan en las recomendaciones del Informe.

Seguimos también supervisando, informando y abordando desafíos emergentes en materia de derechos humanos que han surgido durante la pandemia, y que incluyen estados de emergencia, restricciones para la libertad pública, nuevas formas de supervisión y recogida de datos, derechos de las mujeres, así como incidentes de racismo, discriminación y xenofobia, con especial atención a las personas en situaciones vulnerables.

Sr. Presidente,

La recuperación total y equitativa de la pandemia de COVID-19 está lejos aun de ser una realidad para la mayoría de la población mundial.

Según vamos dejando atrás las consecuencias devastadoras de una emergencia global, una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que necesitamos situar a las personas como el objetivo principal de nuestros esfuerzos.  Comprometámonos todos a intentar cumplir este objetivo. 

Gracias.