Mensaje en vídeo de la Alta Comisionada a la Conferencia Internacional

Redes sociales: Retos y maneras de promover las libertades y proteger a los activistas
Doha (Catar), 16-17 de febrero de 2020

Salam Alaykum!
Su Excelencia, Primer Ministro Jeque Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani,
Excelencias, estimados participantes:

Doy las gracias al Comité Nacional de Derechos Humanos de Catar por las provechosas iniciativas que realiza conjuntamente con mi Oficina y me complace tener la ocasión de dirigirme a esta conferencia internacional sobre redes sociales.

Los cambios que ha aportado la revolución digital han venido para quedarse.

En los dos últimos decenios, las comunicaciones han cambiado de manera irreversible y el ámbito cívico se ha trasladado a Internet, espacio donde la mayoría de la gente accede a la información, se moviliza, se organiza y coordina sus protestas.

Las plataformas que proporcionan las redes sociales se han convertido en los principales foros de participación pública y activismo civil, y han abierto vías de expresión a opiniones que antes hubieran quedado totalmente aisladas.

Pero, al albergar y gestionar ingentes cantidades de datos privados, esas redes también pueden ser un poderoso instrumento de vigilancia o de ataques contra esas opiniones críticas.

Siempre que se plantea el debate sobre la manera en que las redes sociales inciden en el espacio cívico, es preciso recordar que el derecho internacional de los derechos humanos ha de aplicarse tanto en el ámbito cibernético como fuera de él.

Sabemos que, a medida que los Estados tratan de abordar la enorme repercusión de las nuevas tecnologías, están ajustando sus marcos de trabajo y sus políticas.

Aunque estas transformaciones pueden tener sentido positivo, no siempre resulta así.

Las leyes que prohíben el uso del lenguaje cifrado y las denominadas ‘noticias falsas’ (fake news), o que al definir el delito de difamación en línea amplían los márgenes para que las autoridades decidan lo que se puede decir y lo que no, suelen vulnerar las normas internacionales relativas a la libertad de expresión.  

Los periodistas y los defensores de derechos humanos son los primeros afectados por estas restricciones.

Los cortes generales de Internet también pueden vulnerar derechos humanos, ya que equivalen, en muchos casos, a clausurar un espacio público.  

Esos cierres y otras restricciones similares reducen gravemente la acción de la prensa independiente, así como las actividades y asambleas de la sociedad civil. Además, esas medidas socavan la capacidad de particulares y comunidades para trabajar, acceder a la información y a los servicios públicos.

Ese empeño de reducir el ámbito de expresión de las opiniones críticas suele traducirse en un incremento de tensiones. Son esfuerzos que agravan las divisiones sociales y políticas.

Debemos velar por que las normas de derechos humanos orienten nuestra manera de regular y gestionar el espacio cibernético.

Tal como ha puesto de relieve el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es legítimo que todas las figuras públicas puedan ser objeto de críticas y de oposición política.

Sin duda, el ámbito cívico en Internet ofrece múltiples oportunidades novedosas para la sociedad civil y los derechos humanos, pero también entraña riesgos considerables.

En este contexto, acojo con beneplácito sus oportunos debates sobre la forma de abordar estos desafíos, mientras que se promueve las libertades y se protege a los activistas.

Estoy convencida de que las mejores soluciones surgirán de las iniciativas conjuntas, el intercambio de prácticas idóneas y el estudio pormenorizado de los resultados que arrojan los sistemas nacionales de regulación, incluso de sus consecuencias no deseadas.

En ese espíritu de colaboración, les deseo una reunión provechosa y espero con interés el resultado de sus debates.

Shukran Jazelan Lakum.