Libres e iguales: Un diálogo australiano sobre derechos humanos

Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
en la conferencia de la Comisión Australiana de Derechos Humanos
Sidney, 8 de octubre de 2019

Señora Presidenta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, Rosalind Croucher, y colegas comisionados,

Señor Les Malezer, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas,

Distinguidos miembros del Parlamento y representantes del Gobierno,

Tío Chicka Madder,

Colegas y amigos:

Es un honor para mí presentar mis respetos al pueblo Gadigal, a la nación Eori, a sus ancestros, tanto antiguos como presentes, a todos los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, dueños y protectores tradicionales de esta tierra.

También quiero dar las gracias a Rosalind y a la Comisión Australiana de Derechos Humanos (CADH) por haberme invitado a visitar Australia esta semana y a participar en esta importante conferencia nacional sobre derechos humanos.

Me complace volver a este país, que me otorgó refugio cuando tenía 23 años de edad y huía del régimen de Pinochet. Recuerdo la solidaridad, la cálida acogida y la generosidad que los australianos me demostraron en esa época, aunque me pregunto si esa experiencia sería la misma si yo llegase hoy en calidad de refugiada. 

Me complace particularmente la oportunidad de acompañarles en este “diálogo nacional” sobre el significado de los derechos humanos para los australianos de hoy y sobre la manera en que podemos garantizar la protección de esos derechos para todos, para las generaciones actuales y las venideras.

Felicito a la CADH por esta importante iniciativa. Todos tenemos derechos, por el simple hecho de ser humanos. Pero si esperásemos a que esos derechos nos sean otorgados desde arriba, mediante leyes y medidas políticas, podríamos aguardar toda la eternidad. Los derechos deben exigirse desde abajo, mediante el empoderamiento y la participación. El proceso mismo de discutir y debatir sobre los derechos puede ayudarnos a comprender su valor y a defenderlos con más convicción.  

Mediante este diálogo nacional, que espero alcance al mayor número posible de australianos de todas las capas sociales, ustedes tendrán la ocasión de definir una agenda de derechos humanos para el país que puede abarcar los próximos cinco o diez años, y quizá un plazo aún mayor. Un programa que pueden adoptar tanto los jóvenes como quienes se encuentran en “avanzado estado de juventud”. Desde los australianos más recientes, como los migrantes y refugiados, hasta los más antiguos, como los grupos aborígenes originarios. Una agenda para los australianos de las grandes ciudades y los de las pequeñas poblaciones rurales. Una agenda para personas que viven con discapacidades, para mujeres y hombres, y para cualquiera que se considere diferente a los demás. Una agenda en la que las empresas puedan encontrar valor añadido en la defensa de los derechos humanos. Una agenda de derechos humanos para todos.   

Este diálogo nacional también puede ayudarles a consensuar un conjunto de objetivos comunes, en torno a los cuales sea posible concitar apoyo público y negociar con el Gobierno. Estos objetivos también podrían presentarse a la comunidad internacional el año próximo, cuando Australia se someta a su tercer Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es un proceso importante, en el que cada país, grande o pequeño, ha de realizar cada cuatro años un inventario de sus progresos en materia de derechos humanos, en consulta con las entidades de la sociedad civil y las instituciones nacionales competentes, como la Comisión Australiana de Derechos Humanos. Australia presentará su informe a los demás países y recibirá a su vez los aportes y recomendaciones que estos formulen.   

Amigos y colegas:

Ustedes no comienzan este proceso sobre una página en blanco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige Frank Brennan, formuló hace diez años numerosas recomendaciones importantes. Es preciso actualizar y renovar hoy esa perspectiva. El Libro Blanco sobre derechos humanos que el gobierno publicó en 2017 también fijó los objetivos de política exterior de Australia en este ámbito, tanto en la región como en el resto del mundo. Australia ha completado ya tres planes nacionales de acción en materia de derechos humanos, el último de los cuales dio comienzo en 2012. 

Desde entonces, Australia también ha escuchado la Declaración desde el Corazón de Uluru, un llamamiento planteado por grupos indígenas del país que solicitan una reforma constitucional que otorgue representación parlamentaria a las naciones aborígenes, un proceso de formulación de tratados y la revelación de la verdad histórica. Yo rindo homenaje a los ancianos y los líderes comunitarios que han formulado esta poderosa visión de la justicia y la reconciliación, un ideario arraigado principalmente en la sabiduría tradicional y los derechos humanos. 

Australia también ha recibido un gran caudal de asesoramiento y recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El país ha ratificado la mayoría de los principales tratados internacionales de derechos humanos y ha pasado los exámenes periódicos que realizan los órganos de tratados. El mes pasado, Australia se sometió a los exámenes del Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde 2008, Australia ha recibido al menos nueve visitas de Relatores Especiales de las Naciones Unidas que han elaborado recomendaciones detalladas y viables sobre temas tales como los derechos de los pueblos aborígenes, la salud, la deuda externa, la trata de seres humanos, los activistas de derechos humanos, los migrantes y la violencia contra la mujer.

De modo que no escasean los análisis y diagnósticos, las recomendaciones y sugerencias, que pueden usarse para fomentar los derechos humanos en Australia. A veces he oído que algunos comentaristas australianos se quejan de tanta atención y sugieren que el aparato de derechos humanos de las Naciones Unidas debería dirigir su atención a otros lugares. Pero este escrutinio no es obra de un sistema internacional de vigilancia que impone normas externas.  

Este sistema se basa en la normativa internacional que Australia contribuyó a crear, que sucesivos gobiernos del país han adoptado voluntariamente y que los mismos australianos, --personas como ustedes—han tratado de implantar y utilizar, en el empeño de lograr que Australia sea un lugar mejor, más inclusivo y más humanitario.  

Creo que, en muchos casos, los australianos han dirigido su atención hacia los mecanismos internacionales de derechos humanos debido a la ausencia de una legislación o carta nacional de amplio espectro en la materia. Para los australianos podría ser muy beneficioso disponer de una legislación exhaustiva sobre derechos humanos que protegiera sistemáticamente todos  sus derechos.

Y exhorto a todos ustedes a que incorporen este importante asunto a sus estrategias y campañas de promoción en la materia. Victoria, el Territorio Capitalino Australiano y, en fecha más reciente, Queensland han asumido funciones de liderazgo al respecto, mediante la elaboración de sus propias leyes de derechos humanos de ámbito estatal o jurisdiccional, y albergo la esperanza de que algún día lo mismo pueda llevarse a cabo para el conjunto del país (Commonwealth) y para todos los que residen en su territorio.   

Mientras tanto, los australianos usan un conjunto abigarrado de leyes que abordan distintos aspectos de la discriminación. Pero algunas de esas normas deben actualizarse, es preciso colmar las lagunas relativas a la protección y aclarar las amplias excepciones y reservas que contienen. Estas leyes también tienden a formular los derechos de manera negativa y no en términos positivos –por ejemplo, prohíben determinados actos y generan la necesidad de que algunas personas presenten denuncias, en vez de abordar asuntos jurídicos y políticos de manera más amplia--. Como resultado de lo anterior, el modelo se centra en los pleitos y los remedios, en vez de centrarse en el conjunto del sistema y ser dinámico. Quiero felicitar aquí a la Comisión Australiana de Derechos Humanos por las propuestas detalladas y cuidadosas que ha formulado con miras a sintetizar y armonizar las leyes federales y estatales relativas a la discriminación. 

Amigos y colegas:

Permítanme comentar algunos de los temas que ya he destacado durante mi visita y que espero debatir aún más con diversos grupos en los próximos días.

Ayer en Melbourne tuve ocasión de charlar con un fantástico grupo de activistas y defensores de los derechos de las niñas y las mujeres australianas. En ese ámbito, este país tiene un historial mucho mejor que otros, pero las mujeres siguen afrontando numerosos obstáculos, entre otros la desigualdad salarial, la discriminación en el empleo y el acoso sexual generalizado. Y durante mucho tiempo he escuchado comentarios sobre la excepcional misoginia que manifiestan muchos hombres australianos hacia las mujeres que actúan en política y en otras esferas de la sociedad.   

Por experiencia propia, sé que este fenómeno no es privativo de Australia y que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero si se potencia la promoción de mujeres –incluso de mujeres indígenas-- a puestos de liderazgo en la política, las empresas y la sociedad, es posible contribuir a hacer realidad el ideario de una Australia “libre e igualitaria”.  

También tuve la oportunidad de debatir, con grupos que se ocupan de jóvenes y refugiados, el uso frecuente de la detención como medio de “abordar” los problemas sociales y sobre cómo esta práctica afecta de manera desproporcionada a determinados grupos, entre otros a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. 

El mes pasado conocí en Ginebra a Dujuan Hoosan, un chico aborigen de 12 años de edad, oriundo de Alice Springs, la persona más joven que jamás haya hecho uso de la palabra en el Consejo de Derechos Humanos. Les exhorto a todos a que vean el documental realizado sobre Dujuan, titulado In My Blood It Runs [Lo llevo en la sangre]. Me conmovió saber que la edad de responsabilidad penal en Australia es de solo 10 años. Unos 600 menores de 14 años son encarcelados cada año en prisiones juveniles de todo el país. Los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres constituyen el 70 por ciento de esos reclusos. A menudo son los niños más vulnerables y desfavorecidos los primeros que tropiezan con el sistema de justicia penal a edades muy tempranas. En mi oficio de pediatra, he visto cuán dañino puede ser este fenómeno y en qué pocas ocasiones beneficia al interés superior del menor. Albergo la esperanza de que Australia siga la recomendación formulada en este sentido por el Comité de los Derechos del Niño, que sugirió que se aumentara el límite de edad hasta los 14 años, que es el nivel aceptado en la esfera internacional.      

El mes pasado, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad también examinó diversos asuntos relativos a la segregación e institucionalización de las personas que viven con discapacidades y a la práctica habitual de la esterilización forzada de niños y adultos con discapacidad, en particular de mujeres y niñas. Al respecto, he expresado mi beneplácito por la creación de la Comisión Real para el examen de la violencia, el abuso, el abandono y la explotación de las personas con discapacidad. 

La detención obligatoria es un rasgo principal del sistema de inmigración y asilo de Australia. Por lo general, las personas afectadas por este método no han cometido delito alguno; muchas de ellas se encuentran en situación de vulnerabilidad y algunos son niños, no obstante lo cual se ven sujetos a periodos de reclusión prolongados, indefinidos y, de hecho, no revisables. Esta situación también afecta a quienes permanecen recluidos en centros situados fuera del continente, en las islas de Nauru y Manus. Disponemos de abundantes pruebas que demuestran los efectos nocivos de esta práctica sobre el bienestar mental y físico de los detenidos.  

De sobra sé que las políticas australianas de asilo y migración han sido ratificadas durante años por gobiernos sucesivos. Pero tengo la firme convicción de que ha llegado el momento de abrogar esas políticas o, al menos, de atenuar sus peores efectos.  

Exhorto a Australia a que utilice más ampliamente las medidas alternativas a la detención que cumplen con los derechos humanos, que no entrañan reclusión y que se basan en la acogida comunitaria. Las pruebas empíricas indican que estas opciones reducen el daño y el sufrimiento que se causa a las personas, aumentan la probabilidad de que los migrantes cumplan con las decisiones de las autoridades de inmigración y suelen tener una mejor relación costo/eficiencia en comparación con la costosa infraestructura necesaria para la reclusión. 

La denominada “Ley Medevac”, que entró en vigor en marzo pasado, es otro ejemplo de las prácticas idóneas que pueden aplicarse en el sistema de asilo, con miras a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos y atenuar los efectos negativos de la detención. Me preocupa que los planes para derogar esta ley puedan acarrear nuevos y costosos litigios jurídicos, y que pongan en peligro más vidas. Insto a los miembros del Parlamento a que no reviertan los pequeños pasos de avance que se han dado en este sentido.  

Amigos y colegas:

Un objetivo vital de cualquier sociedad libre e igualitaria debería ser el auténtico reconocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en particular contra los pueblos indígenas, y la aceptación de que, de diversos modos, este legado de violencia y dolor sigue teniendo consecuencias sociales nocivas en la actualidad. En este sentido, la firma de un tratado con los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, y el reconocimiento constitucional de que las naciones originarias deben tener voz en los asuntos nacionales, serían medidas realmente históricas. Estas transformaciones podrían necesitar de un largo proceso de educación, debates y búsqueda de consensos, pero estoy convencida de que son viables.  

Australia se ha beneficiado de su condición de sociedad multicultural, con tradiciones igualitarias muy arraigadas, y en la que los derechos de las mujeres han logrado grandes avances. Pero, si bien el país en su conjunto ostenta altos índices de desarrollo humano y bienestar social, persisten importantes desigualdades en el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales, en particular entre los pueblos aborígenes y las comunidades que viven en zonas remotas. Debemos asegurarnos de que las estrategias encaminadas a abordar estos problemas cuentan con los aportes conceptuales y la adhesión plena de las comunidades indígenas. Desde las escuelas hasta las barriadas, y desde el centro de trabajo hasta cualquier otra esfera de la vida, los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres deben tener la capacidad de disfrutar de plena igualdad en materia de derechos, libertades y oportunidades.

Amigos y colegas:

Tal como señaló Rosalind, estos tiempos pueden parecen difíciles para los derechos humanos, no solo aquí sino también el resto del mundo.

Es fundamental que nos detengamos a pensar sobre lo que ha funcionado bien y en qué aspectos hemos respondido con menos eficacia a las necesidades de las personas. Este principio es cierto a escala mundial, pero también en los planos nacional y local: la buena gobernanza y el activismo sólido tienen que buscar sin descanso nuevos enfoques, nuevas estrategias, nuevas alianzas y nuevos métodos de trabajo.

En vez de limitarnos a tildar de fanáticos y racistas a quienes opinan que sería preciso rechazar a los refugiados, debemos escucharles y reconocer el miedo, la ansiedad y otros factores que pueden operar tras esas actitudes. Tenemos que ir más allá de las ideas abstractas de derechos humanos y debatir con las demás personas en un lenguaje que todo el mundo entienda. Es preciso usar la razón y las pruebas empíricas –y la empatía—para atemperar las respuestas irracionales. Necesitamos un “diálogo”.  

Tenemos que superar la división del trabajo: defensores de las mujeres, activistas de refugiados, promotores de pueblos indígenas. De hecho, debemos dejar de trabajar en compartimientos estancos como abogados de derechos humanos: lo que necesitamos es hacer causa común con quienes trabajan en materias medioambientales, cambio climático y desarrollo sostenible. Es preciso forjar nuevas alianzas –con empresas, sindicatos, agrupaciones religiosas, docentes y otros—a fin de ampliar la militancia en pro de los derechos humanos.

Sobre todo, es preciso incorporar a los jóvenes. Tal como Rosalind señaló esta mañana, la vida entera de esos jóvenes estará modulada por las decisiones que nosotros tomamos ahora y sin duda tienen derecho a participar en la elaboración de esas medidas. Necesitamos su energía y sus ideas, para asegurarnos de que nos empeñamos a fondo en la tarea de respetar, proteger y hacer realidad sus derechos. Y también necesitamos la diáfana legitimidad de sus opiniones en la determinación del rumbo futuro de la sociedad australiana y del planeta que todos compartimos.

El vasto movimiento social que se movilizó en Australia en torno al tema del matrimonio igualitario constituye un ejemplo inspirador de lo mucho que se puede hacer. El aumento de la movilización con motivo del cambio climático también nos da esperanzas en el mismo sentido. Esta dinámica indica que es posible lograr avances ambiciosos en materia de derechos humanos, que los australianos se preocupan por estos temas y que es posible movilizarlos en defensa de los derechos de los demás.

Esta reunión nos recuerda que somos algo más que un conjunto de personas. Juntos, podemos ser una fuerza colectiva de defensa y promoción de los derechos humanos en una era de enormes desafíos para Australia y para el mundo. La participación de la sociedad civil es indispensable para realizar este esfuerzo, porque es la energía vital que da coherencia a todas las comunidades y a todas las democracias saludables. No se trata de buscar un nicho donde encajar a los colectivos de derechos humanos ni de una agenda mundialista, sino de comprender que es un asunto que atañe a cada australiano, de todas las capas sociales.   

Les agradezco a todos la labor sincera y a menudo difícil que llevan a cabo. Es un ejemplo basado en principios, esperanzas y ánimo constructivo de lo que suelo llamar “optimismo estratégico”. Al fundamentar nuestro trabajo y nuestras sociedades en principios de derechos humanos, podremos afrontar mejor los problemas y las incertidumbres de los años venideros. Tenemos la certeza de que defendemos los valores auténticos de la humanidad y que colaboramos en la forja de sociedades libres e igualitarias. Les deseo que mantengan debates muy provechosos durante este “diálogo nacional”. 

FIN

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