Mesa redonda de alto nivel para conmemorar el 70º aniversario de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio

Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el 39º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Excelencias,
Colegas y amigos:

Extiendo la más cálida bienvenida a todos, ahora que celebramos el 70º aniversario de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Y, por supuesto, doy una bienvenida especial a todos nuestros ponentes, que nos aportan un enorme caudal de conocimientos y competencias. Agradezco a todos ustedes su participación en este importante debate: importante porque, como sabemos, el “odioso flagelo” del genocidio, tal como la Convención lo describe, sigue siendo tanto una amenaza como una realidad en el siglo XXI.

Hace apenas dos semanas recibimos un recordatorio brutal de esa realidad. La Misión de Determinación de los Hechos que el Consejo envió a Myanmar dio a conocer un informe alarmante sobre la campaña de asesinatos, violaciones y agresiones coordinada por los militares y dirigida contra la población rohingya en el Estado de Rakhine. Según un estimado conservador, ha habido 10.000 muertos, un número incalculable de deudos, lesionados, violados y traumatizados, y casi 750.000 personas se han visto obligadas a huir a Bangladesh. 

Por eso no albergamos duda alguna de que la Convención sobre el genocidio tiene tanta importancia en la actualidad como la tuvo el 9 de diciembre de 1948, día en que se convirtió en el primer tratado de derechos humanos aprobado en la Asamblea General –el segundo, al día siguiente, fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este doble evento señaló el comienzo de una nueva era de derechos humanos: una cosmovisión en la que el Holocausto y la vulneración de múltiples derechos humanos que este crimen representó no volvería a ocurrir nunca más. 

Setenta años después, debemos tomar buena nota de la gravedad de los actos perpetrados recientemente contra rohingyas y yazidíes, y debemos hacer todo lo posible para que los responsables de esos hechos rindan cuentas ante la justicia. 

La rendición de cuentas es importante, no sólo porque hace justicia a las víctimas y sanciona a los autores de los delitos. Es importante también porque suprimir la impunidad es esencial para poner fin al genocidio. La prevención y la sanción –los dos objetivos explícitos de la Convención sobre el genocidio- no pueden considerarse por separado. La sanción es fundamental para la prevención. La impunidad facilita el genocidio: la rendición de cuentas es su némesis.

¿Qué aspecto reviste en la práctica la rendición de cuentas? El derecho internacional de los derechos humanos nos proporciona algunas respuestas: son investigaciones eficaces, rápidas, imparciales y exhaustivas, para formular cargos y dar a las víctimas acceso a la justicia y remedios efectivos. La estrategia de las Naciones Unidas abarca todos los aspectos, desde la investigación de los hechos hasta el procedimiento judicial. 

Hace seis meses, otro elemento esencial de la panoplia de rendición de cuentas, la justicia de transición, fue el centro de un importante estudio que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos. Ese trabajo fue redactado conjuntamente por el Asesor Especial del Secretario General sobre la prevención del genocidio, el Sr. Adama Dieng,-a quien nos complace recibir hoy en calidad de ponente- y el ex Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Sr. Pablo de Greiff. 

El mensaje esencial del informe es diáfano: la justicia de transición ayuda a prevenir las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional, en particular los delitos de genocidio, los crímenes de guerra y la limpieza étnica. Su aplicación aporta verdad, justicia y resarcimiento –y por esa razón es una herramienta fundamental para quebrar el ciclo de impunidad, discriminación y marginación, así como el riesgo de recurrencia. 

El informe pone de relieve la importancia y el posible efecto preventivo de la labor que realizan el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del ACNUDH. La Corte Penal Internacional también constituye un pilar esencial del trabajo sancionador y, por consiguiente, ayuda a prevenir los delitos internacionales más graves. Ahora disponemos de los medios para salvar –y quizá para erradicar- la brecha de impunidad en casos de delitos internacionales, incluso los de genocidio. 

La responsabilidad primaria de encausar a los autores compete a los Estados, pero el recurso a la Corte es perfectamente adecuado en casos en los que el Estado no quiere o no puede hacer justicia.  

Aplaudo la decisión que adoptó la semana pasada la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que llegó a la conclusión de que la Corte tiene jurisdicción sobre la presunta deportación de los rohingyas expulsados de Myanmar y posiblemente sobre otros delitos. Aunque la decisión no aborda específicamente el delito de genocidio, sí ofrece una esperanza real de se pueda exigir una rendición de cuentas por los crímenes perpetrados.

El apoyo a la Corte es indispensable, tanto para la justicia como para la disuasión. Insto a todos los Estados a que apoyen a la Corte, en este año en que conmemoramos el vigésimo aniversario de su fundación mediante el Estatuto de Roma, y exhorto a los países que todavía no se han adherido plenamente a este instrumento a que lo firmen o lo ratifiquen.

Excelencias:

El genocidio es siempre aterrador. Pero nunca se comete sin que venga precedido de múltiples y evidente señales de alarma: una pauta de abusos contra determinado grupo humano, una intención de causar daños, una cadena de mando y, por último, un desenlace brutal y espantoso. En el caso de los rohingyas, las señales de alarma fueron abundantes: una población oprimida de la cuna a la tumba, un ejército que no rendía cuentas a nadie y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el Estado, que se perpetraron con impunidad durante decenios, entre las que figuró la privación arbitraria de la nacionalidad. 

Por lo tanto, un desafío pendiente, 70 años después de aprobada la Convención, es mejorar nuestra capacidad para reconocer esas señales de alarma y proceder en consecuencia, lo que incluye el discurso del odio, tanto en el mundo real como en las redes sociales.  

El Secretario General ha hecho hincapié en que la mejor herramienta de prevención es la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales derivados de dicho documento, ya que definen muchas de las causas de los conflictos y ofrecen soluciones aplicables en el mundo real. Al tiempo que celebramos el 70º aniversario de la Convención sobre el genocidio y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sigue siendo fundamental que defendamos esa gran visión de un mundo más humano y más pacífico.

Espero con interés el resultado de vuestras deliberaciones.