Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein al concluir su misión a Guatemala

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19 de noviembre de 2017

Quiero agradecer al Gobierno y al pueblo de Guatemala por invitarme a visitar su asombroso y diverso país. Agradezco el continuo apoyo que han brindado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala, que ha estado en el país desde 2005, incluida la reciente renovación de su mandato. También agradezco al Gobierno por su apertura para colaborar con todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y el regional.

Durante mi visita pude reunirme con altos funcionarios de los tres organismos del Estado, incluido el Presidente Jimmy Morales, el Presidente del Congreso, magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), y también con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Además, me reuní con representantes de la sociedad civil, autoridades y comunidades indígenas –incluyendo  mujeres-, sector empresarial, juezas y jueces, periodistas, víctimas y otras agencias de las Naciones Unidas.

Me conmovió profundamente haber conocido a la madre de una de las víctimas del incendio en un centro para niñas y niños administrado por el Gobierno, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrido en marzo. En este horrible incendio murieron 41 niñas y 11 resultaron heridas, ya que fueron encerradas en un salón de clases y no pudieron escapar.  La madre me dijo que no había recibido respuesta, ni siquiera una llamada telefónica de las autoridades, solo un ataúd para enterrar a su hija de 14 años. El aparente abandono de las víctimas del “Hogar Seguro” y sus familias por parte del Estado y la falta de apoyo psicológico, económico y legal para ellas son profundamente preocupantes.

Esta tragedia también resume lo que muchas personas me han dicho durante esta visita: que hay dos realidades en Guatemala. Para una pequeña minoría, Guatemala es un país moderno y funcional donde se concentra el poder económico y político; para el resto de la población, en particular para las mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, es un país donde han enfrentado toda una vida de discriminación, marginación y los efectos perniciosos de la corrupción y la impunidad.

Las estadísticas reflejan esta dura realidad: alrededor del 60% de la población guatemalteca vive en la pobreza absoluta, el 23% en la pobreza extrema; el 46.5% de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, afectando no solo su salud física sino también sus oportunidades de vida; más del 20% de la población no sabe leer ni escribir, y entre las mujeres indígenas esta cifra asciende al 43%. El Estado solo asigna el 3.15% de su PIB al sector de la salud, en un país donde las enfermedades crónicas van en aumento, incluidas las infecciones por VIH, que han incrementado un 167% desde 2010.

Estas cifras -a menudo impactantes- sugieren que el compromiso del Gobierno para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, como lo destacó el Presidente en la reunión que sostuve con él, enfrenta grandes desafíos y no se hará realidad sin una inversión masiva, particularmente en las comunidades ampliamente ignoradas o abandonadas por el Estado. 

En 2012, cuando mi predecesora, Navi Pillay, visitó Guatemala, señaló que el país se encontraba en una encrucijada, enfrentando la opción de seguir adelante con las reformas necesarias para crear un Estado democrático moderno, basado en el Estado de derecho y guiado por los principios de derechos humanos, o permanecer con un antiguo sistema injusto donde unas pocas personas se benefician a costa de la mayoría.

Cinco años después encontré a Guatemala estancada en esa encrucijada, pero lo que está en juego es aun mayor.  Tomar ahora el camino equivocado implica el riesgo de retroceder y de que la transformación iniciada por una sociedad civil impresionante y vibrante quede paralizada.

Por esta razón es tan importante el nombramiento de la o el próximo Fiscal General en mayo de 2018.  La actual Fiscal General, Thelma Aldana, ha llevado adelante casos de alto impacto relacionados con abusos y violaciones cometidas durante el largo conflicto armado interno del país.  El Ministerio Público, en colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por Iván Velásquez, también ha develado redes criminales y de corrupción que involucran a funcionarios de los tres poderes del Estado, así como a empresarios. Su trabajo ha sido crucial para avanzar en las investigaciones y en el procesamiento de casos de corrupción de alto impacto.

Por este motivo, es esencial que el proceso de elección de la o el próximo Fiscal General sea transparente. Sin embargo, esto solo no es suficiente. La trayectoria comprobada de las y los candidatos debe tomarse plenamente en cuenta como parte de los esfuerzos para garantizar la independencia del Ministerio Público, y, en los próximos meses, daré seguimiento cercano al desarrollo de esta elección.

A mi Oficina y a mí también nos gustaría expresar nuestro pleno apoyo al Procurador de los Derechos Humanos, cuya función es crucial para garantizar la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y del estado constitucional de derecho.

Esta mañana estuve en Sololá, a unos 140 kilómetros de la ciudad de Guatemala, para un encuentro público con autoridades Mayas, Xincas y Garífunas, organizaciones indígenas, incluidas las de mujeres indígenas y jóvenes de todo el país. He tenido un recibimiento increíble y emocionante. Las manifestaciones públicas que escuché estuvieron llenas de dolor, frustración y rabia por la continua discriminación y exclusión que sufren.

En el encuentro de hoy, las y los representantes de los pueblos indígenas destacaron que no se oponen al desarrollo sino a quienes explotan su tierra bajo el pretexto del desarrollo.

En este contexto, aseveraron con firmeza que el consentimiento libre, previo e informado con frecuencia no ha sido procurado ni otorgado. 

Exhorto al Estado guatemalteco a asegurar el pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas y a cumplir con su obligación de garantizar que sean plenamente consultados y puedan participar en cualquier decisión que les afecte. En este contexto, me preocupa la discusión de un proyecto de ley sobre la consulta con los pueblos indígenas que no está acorde con las normas internacionales de derechos humanos y que no cuenta con el apoyo de las comunidades indígenas de Guatemala.

También estoy profundamente preocupado que los desalojos forzosos de pueblos indígenas, que no cumplen con los estándares en materia de derechos humanos, han llevado a otras múltiples violaciones de derechos humanos. Mujeres, niñas y niños son los más expuestos cuando las fuerzas de seguridad, sean públicas o privadas, llegan a sacarles de sus hogares. Para algunas comunidades, esta es una amarga repetición de los desalojos y el desplazamiento interno que sufrieron durante el conflicto armado.

En mis reuniones con diferentes grupos del sector privado, hice un llamado a que adopten las medidas necesarias para garantizar que las actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales no afecten negativamente los derechos humanos y ambientales, y a que ejerzan la debida diligencia en todas sus acciones, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En estas reuniones fue alentador escuchar que un grupo en particular está emergiendo para incidir en la promoción de los derechos humanos para todas y todos los guatemaltecos.

Me ha preocupado enterarme que  las y los jueces, que trabajan en varios casos de alto impacto están enfrentando amenazas, campañas de difamación y acoso. El Estado debe protegerles y garantizar que puedan realizar su trabajo. Para que exista una plena realización de los derechos humanos para toda la población, las y los jueces deben poder trabajar libres de presiones indebidas, y mi Oficina continuará observando esta situación cuidadosamente.

Además, estamos dando seguimiento a las preocupantes informaciones  sobre ataques contra periodistas que encuentro muy inquietantes. Pude conocer a un grupo de periodistas, muchos de los cuales han investigado casos de corrupción, particularmente a nivel local. Me han informado detalladamente sobre las  amenazas que enfrentan y que reciben incluso a través de las redes sociales. 

También estoy preocupado sobre cómo la violencia afecta la sociedad guatemalteca, visible no solamente en el alto número de muertes violentas que aquejan a jóvenes en particular, sino también en la enraizada violencia sexual y de género cometida en contra de mujeres y niñas. Es una obligación del Estado prevenir y perseguir estos crímenes violentos.

Durante mi visita a Guatemala lancé la campaña Libres e Iguales para sensibilizar a lo largo del país sobre la necesidad de defender los derechos de las personas LGBTI.

Me motivó profundamente cómo en el transcurso de los últimos dos años han ido surgiendo movimientos sociales que unen a muchos sectores de la sociedad guatemalteca para hacer frente a la corrupción y a la impunidad del presente y del pasado.

Si bien Guatemala enfrenta muchos problemas profundos, estos movimientos sociales brindan esperanza de que el país pueda afrontar sus múltiples desafíos. Mi Oficina y yo apoyamos completamente al pueblo de Guatemala en sus esfuerzos por transformar su sociedad. En ese sentido, insto al Estado a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, a trabajar con todos los grupos y pueblos y a desempeñar su rol esencial para terminar con la discriminación y hacer que la igualdad sea una realidad para todas las personas en Guatemala.

FIN

En Ginebra: Liz Throssell +41 22 917 9466 / +41 79 752 0488 / ethrossell@ohchr.org
En Guatemala: Estela Morales (502) 5632-2261 / emorales@ohchr.org

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