Declaración del Alto Comisionado al Diálogo Interactivo sobre la República Democrática del Congo, en el 35º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

20 de junio de 2017

Excelencias:

Hace apenas tres meses, mi Oficina trasladó a este Consejo nuestra honda preocupación acerca de los abusos y las graves violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y la policía congolesas y la milicia Kamuina Nsapu en las provincias de Kasai, Kasai Central y Kasai Oriental. Posteriormente, con motivo del asesinato de dos expertos de las Naciones Unidas, el Ministro de Derechos Humanos de la República Democrática del Congo pidió que se realizara una investigación conjunta a fin de llevar ante los tribunales a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos.

Desde entonces la situación humanitaria y de derechos humanos se ha deteriorado drásticamente y varias partes en el conflicto están fomentando el odio étnico, lo que ha provocado ataques generalizados, muy graves y al parecer premeditados contra la población civil en las Kasais. La semana pasada, habida cuenta de la gravedad de las denuncias recibidas y la restricción de acceso a determinadas zonas de las Kasais, y de conformidad con la declaración que formulé ante este Consejo el pasado 6 de junio, envié a un equipo de investigadores del ACNUDH para que entrevistaran a los últimos refugiados que han huido de las Kasais. 

Los informes remitidos por el equipo son espantosos y apuntan a que la situación en esas provincias no sólo ha empeorado, sino que además ha llegado a ser mucho más complicada.        

Estoy consternado por la creación de una nueva milicia, la Bana Mura, a la que se ha dotado de armamento, supuestamente para que apoye a las autoridades en su lucha contra el grupo Kamuina Nsapu, pero que ha perpetrado ataques horribles contra civiles de los grupos étnicos luba y lulua. Refugiados de diversos pueblos del territorio de Kamonya afirmaron que en los dos últimos meses los miembros de la Bana Mura mutilaron o mataron a tiros, a machetazos o mediante el fuego a cientos de personas y destruyeron pueblos enteros. Los miembros de mi equipo vieron a niños de sólo dos años de edad cuyas extremidades habían sido amputadas y numerosos bebés con heridas de machete y graves quemaduras. Un bebé de dos meses que mi equipo vio había recibido dos heridas de bala apenas cuatro horas después de nacer y su madre también había resultado herida. Hubo al menos dos mujeres embarazadas que fueron abiertas en canal y cuyos fetos fueron mutilados.

Según los informes, el 24 de abril en la aldea de Cinq docenas de hombres, mujeres y niños de las comunidades luba y lulua fueron asesinadas a tiros o a machetazos, o fueron quemadas hasta que fallecieron. Cientos de milicianos atacaron el principal centro sanitario del pueblo y mataron a 90 pacientes, al personal médico y otros individuos. El presunto organizador de la milicia Bana Mura en Cinq fue un dirigente local muy conocido, que proporcionó a los milicianos machetes, fusiles de caza y combustible. Al parecer, ataques similares han ocurrido en más de 20 pueblos de la región de Kamonya en los dos últimos meses y numerosas víctimas y testigos afirman que la creación de las milicias y el suministro de armamento corren a cargo de las autoridades locales.

Las víctimas también señalaron que algunos miembros de las unidades locales de las fuerzas armadas y la policía congolesas, así como determinados jefes tradicionales, han acompañado a los militantes de Bana Mura en los ataques y dijeron que algunos agentes del Estado participaron en la dotación de armamento y la coordinación de las actividades de la milicia.   

Excelencias:

Según los informes recibidos, las fuerzas de seguridad han cometido numerosas violaciones graves de derechos humanos –incluso ejecuciones sumarias y actos de violencia sexual-  en el curso de las operaciones realizadas contra pueblos que al parecer se hallaban bajo el control de la milicia Kamuina Nsapu.

En los últimos meses mi Oficina ha informado de graves abusos perpetrados por la milicia Kamuina Nsapu. Estos actos han sido documentados posteriormente por miembros de mi personal y otras fuentes dignas de crédito. En varias aldeas de Kamonya, según las fuentes, los milicianos de Kamuina Nsapu han realizado asesinatos selectivos, incluso de miembros de las fuerzas armadas, policías, funcionarios públicos y civiles que supuestamente colaboraban con ellos, así como de presuntos hechiceros. Los testigos afirmaron que en las filas de Kamuina Nsapu militan numerosos niños, algunos no mayores de siete años de edad, y que muchos de ellos actúan bajo la influencia de narcóticos.

Alrededor de 1,3 millones de desplazados internos han huido de este panorama de horror. Yo condeno sin reservas las múltiples violaciones que han padecido y deploro la falta de atención de la comunidad internacional hacia esta situación. Más de 30.000 refugiados han ingresado en Angola y cientos de otros refugiados llegan cada semana, lo que indica que las atrocidades no  cesan. Aprovecho la oportunidad para agradecer a las autoridades por la asistencia que han brindado; en particular, a los médicos y las enfermeras angolanos que han trabajado durante largas horas para salvar de la muerte a pacientes que habían sufrido heridas muy graves.

La Oficina Conjunta de Derechos Humanos ha documentado la existencia de 42 fosas comunes en las Kasais. Puede que haya más. Algunos refugiados le contaron a mi personal que les habían obligado a enterrar a otras víctimas en fosas comunes aún no documentadas. Creemos que los dos expertos de las Naciones Unidas asesinados en mayo de 2017 estaban investigando sobre estas fosas comunes. Estos asesinatos también deben ser objeto de una investigación exhaustiva. Yo guardo estrecho contacto con sus familiares. 

Excelencias:

Las autoridades, las fuerzas armadas y la policía congolesas tienen el deber de proteger a la población, ajustar su actuación a los principios de derechos humanos y llevar a los tribunales a los autores de abusos y violaciones de derechos humanos. Es preciso garantizar la rendición de cuentas en relación con estos espantosos incidentes. Lamento que, hasta la fecha, el gobierno de la República Democrática del Congo no haya cumplido con estas obligaciones de protección y rendición de cuentas. Aunque mi Oficina ha transmitido la información disponible y ha ofrecido apoyo a las investigaciones, de conformidad con la petición de realizar una investigación conjunta que formuló el gobierno, las autoridades han tratado de confinar a las Naciones Unidas y la Unión Africana a una función subalterna. Como consecuencia de lo anterior, el progreso de la investigación ha sido claramente insuficiente, en vista de la escala masiva y la horrenda naturaleza de los crímenes perpetrados y los que, por desgracia, siguen ocurriendo.

En otras zonas del país se han registrado algunos progresos en la tarea de obligar a los autores de esos delitos a rendir cuentas de sus actos. Pero esa voluntad política ha estado ausente en las Kasais. Además, ni una sola persona ha tenido que rendir cuentas por los asesinatos de decenas de manifestantes, ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en Kinshasa y el resto del país en septiembre y diciembre del año pasado. No se puede permitir que la RDC se convierta en una zona de fuego a discreción, donde los miembros de las fuerzas de seguridad, los grupos armados y las milicias puedan matar impunemente.

Permítanme recordar que el año pasado, de más de 5.190 abusos y violaciones de derechos humanos registrados, el 64 por ciento fueron cometidos por las fuerzas armadas y la policía congolesas. Varios oficiales de las fuerzas armadas congolesas que están activos ahora en las Kasais son sospechosos de haber participado en las matanzas perpetradas en el este de la RDC entre 1998 y 2013. 

Insto a este Consejo a que envíe un equipo internacional independiente que investigue la situación de derechos humanos en las provincias Kasais, en colaboración con las autoridades, mi Oficina y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. También seguiré en contacto con la Corte Penal Internacional. Esta investigación internacional podría establecer los hechos ocurridos y determinar las responsabilidades individuales.  

Esta medida enviaría también una señal enérgica sobre la necesidad de defender los derechos humanos en el resto del país, donde la ausencia de progreso en la aplicación del Acuerdo del 31 de diciembre y la permanente restricción de derechos y libertades políticas son fuentes de decepción y enconados agravios. Si logramos que se imparta justicia en las Kasais, tal vez logremos prevenir nuevos crímenes en el resto de la RDC.  

Aprovecho la ocasión para reiterar la plena disponibilidad de mi Oficina para asistir al gobierno y mi total apoyo al pueblo de la RDC, en particular a las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos.  

Muchas gracias.