Declaración de la señora Catalina Devandas-Aguilar Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad

Nueva York, 5 de febrero de 2016

Muchas gracias,

Agradezco la oportunidad de participar en este panel de discusión en el cual se nos plantean preguntas sumamente válidas e importantes: ¿Cómo asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y ¿Cuál debería ser el papel de los órganos y mecanismos de Naciones Unidas para acompañar este proceso? Estas son cuestiones fundamentales a las que tenemos que dar respuesta quienes trabajamos para que los procesos de desarrollo y, en especial los procesos de implementación de la nueva Agenda 2030, no dejen fuera a nadie.

Indiscutiblemente hemos avanzado. Hemos ganado espacios de reconocimiento y oportunidades para transformar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Hace más de 15 años, cuando se negociaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estuvimos absolutamente ausentes de las discusiones, de las agendas, de las metas, de los indicadores y, desde luego, de los procesos de implementación. No teníamos datos estadísticos ni metodologías internacionalmente comparables. No existía la clara conciencia, como ahora, de que para avanzar de manera sostenida y sostenible hacia la erradicación de la pobreza y el acceso universal a los servicios de salud y de educación, es requisito fundamental incluir a todos y cada uno de los grupos más afectados por la pobreza y la exclusión—entre ellos, las personas con discapacidad. 

Más de 15 años después hemos aprendido que la inclusión de las personas con discapacidad es necesaria para que los programas y beneficios sociales sean más pertinentes y eficientes para toda la comunidad. Aprendimos también que la exclusión tiene un gran costo social y económico para nuestros países, y que las políticas inclusivas de las personas con discapacidad son una buena inversión para el colectivo social.

El sistema de Naciones Unidas ha realizado esfuerzos significativos para ajustar y actualizar sus marcos de acción para la inclusión y participación de las personas con discapacidad. Tenemos hoy una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, con ella, un Comité de Expertos del tratado y una Conferencia de Estados Parte. Además, como resultado directo de la adopción de la Convención se han creado también el Grupo de Apoyo Interinstitucional para la Convención, el Fondo de Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD) y, más recientemente, el mandato que hoy represento.

Asimismo, se han desarrollado importantes esfuerzos para generar metodologías de recolección de datos estadísticos, especialmente por medio del trabajo del Grupo de Washington, pero también a través del trabajo de la OMS, la UNICEF, la OIT y la División de Estadísticas de Naciones Unidas.

Es en este contexto que tenemos la gran oportunidad de asegurar que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 sea inclusiva de las personas con discapacidad. Sin embargo, ¿cómo asegurar que los procesos de monitoreo y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean inclusivos de las personas con discapacidad? ¿Cómo medir de qué manera estamos avanzando en la creación de comunidades más respetuosas de las demandas de las personas con discapacidad? ¿Cómo asegurar que los esfuerzos de los diferentes actores se retroalimenten y nos permitan avanzar de manera coordinada hacia metas comunes?

En primer lugar, creemos que es fundamental contar con un compromiso político al más alto nivel. En el ámbito internacional, el Foro Político de Alto Nivel debe considerar seriamente cómo va a monitorear que las personas con discapacidad estén siendo incluidas en los esfuerzos de implementación de los Estados. La misma voluntad política se requiere a nivel nacional para garantizar que las prioridades que se establezcan en los procesos de implementación sean inclusivas de las personas con discapacidad.

En segundo lugar, es importante que las acciones sean acompañadas por sistemas de monitoreo y evaluación adecuados, que incluyan estudios de evaluación del impacto de las políticas inclusivas para determinar qué esfuerzos están funcionando y cuáles no. Para ello, es necesario mejorar los sistemas de recolección y desagregación de datos estadísticos en los países.

Quisiera destacar que, más allá de la necesidad de avanzar el desarrollo de nuevas guías y metodologías, es importante que unamos esfuerzos para asegurar en el corto plazo que los países utilicen las recomendaciones y las directrices internacionales ya existentes. Tenemos que identificar las brechas en la producción de información en discapacidad y aprovechar al máximo la información disponible.

En tercer lugar, pero no menos importante, necesitamos involucrar a las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. En todos los casos la participación y consulta con las organizaciones representativas de personas con discapacidad es fundamental. Los Estados tienen que establecer mecanismos de implementación que tomen en cuenta la perspectiva de las personas con discapacidad. La participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas no sólo es una obligación internacional, sino también un principio de buen gobierno elemental para asegurarnos decisiones más efectivas y eficientes.

Ahora bien, ¿hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos para asegurar que los procesos de implementación y seguimiento de la Agenda 2030 sean inclusivos de las personas con discapacidad?

Es fundamental que todos los actores y mandatos que trabajan en la promoción del desarrollo inclusivo y los derechos de las personas con discapacidad, ajusten sus acciones a la nueva Agenda 2030. Para esto, es clave sumar los esfuerzos que ya vienen haciendo los mecanismos de implementación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de instrumentos complementarios que se refuerzan mutuamente y cuyos actores debieran confluir para asegurar una mejor coherencia y eficiencia entre los distintos sistemas de seguimiento y evaluación.  No está de más recordar que la Convención es tanto un instrumento de derechos humanos como de desarrollo, además del marco normativo y conceptual que informa la implementación de la Agenda 2030 desde una perspectiva de discapacidad. 

Desde mi mandato, además de acompañar del proceso de adopción de las nuevas metas e indicadores, hemos propuesto a los Estados dos líneas de acción importantes para la construcción de políticas de desarrollo inclusivas: en primer lugar, sobre cómo hacer sistemas de protección social que reduzcan los niveles de pobreza y promuevan la vida independiente e inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad, y en segundo lugar, sobre cómo facilitar procesos de consulta y participación en la toma decisiones.

Finalmente, es fundamental asegurar que todos estos diferentes actores trabajen de manera coordinada en la implementación de los Objetivo de Desarrollo Sostenible para evitar la duplicación de esfuerzos, generar respuestas articuladas y garantizar que la implementación de la agenda esté en concordancia con la Convención.

Para ello, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), a través de esta comisión, podría considerar la creación de un espacio permanente en el cual las agencias, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los mandatos (esta Relatoría Especial y el Enviado Especial sobre Discapacidad y Accesibilidad) informen periódicamente sobre sus avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con las personas con discapacidad.

Esto permitiría a la Comisión de Desarrollo Social, por un lado, recibir, analizar y procesar información clave para incidir en los procesos del Foro Político de Alto Nivel, y por el otro, contribuir a la articulación de acciones de los distintos actores para lograr un seguimiento coherente y sin duplicidades de la Agenda 2030. Además, este espacio permitiría a los Estados informarse sobre los retos y tareas pendientes en la implementación de la Agenda, presentar sus propios desafíos y necesidades de asistencia técnica, y compartir iniciativas que estén dando resultados. Estas discusiones nutrirían asimismo los informes de los Estados para el Foro Político de Alto Nivel.

A corto plazo, y de manera urgente, debemos trabajar con los diecisiete Estados que van a presentar informes en la próxima sesión del Foro Político de Alto Nivel (Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Madagascar, México, Marruecos, Noruega, Perú, Filipinas, la República de Corea, Samoa, Sierra Leona, Turquía, Uganda y Venezuela) para asegurar que sus informes incluyan como mínimo consultas con las personas con discapacidad y sus organizaciones.

Es cierto que tenemos muchos desafíos, pero es también cierto que tenemos muchísimos más instrumentos para avanzar en la dirección correcta. Esta Relatoría continuará apoyando los esfuerzos globales, regionales y nacionales para la implementación de la Agenda 2030, promoviendo políticas nacionales inclusivas de las personas con discapacidad, así como el involucramiento de la cooperación internacional desde una perspectiva inclusiva. No podemos esperar más, no hay más excusas para excluir a las personas con discapacidad.

Muchas gracias.