“La inclusión y el derecho a participar en la vida pública”
10 de diciembre de 2012, 10:00, sala XX

Es para mí un honor abrir el debate de hoy con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos 2012, centrado en “la inclusión y el derecho a participar en la vida pública".

Tema de actualidad, especialmente pertinente a la luz de las reivindicaciones democráticas y de justicia social que han marcado el mundo en los últimos dos años, con múltiples procesos de transición política iniciados y elecciones libres celebradas y debates centrales a una sociedad como los de definición de su Constitución y también, la búsqueda de soluciones a los impactos de la crisis económica mundial, evitando marginalizar a parte de la población. La gente llega a reclamar sus derechos en las calles, para que sus inquietudes sean escuchadas y tomadas en cuenta por los líderes en la definición de las políticas públicas, que les conciernen.

El derecho a participar está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tan vigente tras 64 años, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El derecho a la participación, la libertad de reunión y de asociación pacífica, y la libertad de expresión (que incluye la libertad de prensa, el acceso a la información pública, entre otros) son los fundamentos de una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos.

Respeto de todos los derechos humanos de todas las personas, esto es, sin discriminación –por los motivos que fueran-, y sin exclusión o marginalización.

La Declaración de Viena de 1993 estableció claramente que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales son conceptos interdependientes y que se refuerzan mutuamente. Es por ello, que a veinte años de esta Cumbre de N.U., el Consejo de Derechos Humanos habrá de abordar en 2013 estos temas, incluyendo el Estado de Derecho o imperio de la ley, profundizando el reciente debate en setiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Verá también –entre otros- la integración de los derechos humanos en los objetivos de desarrollo post 2015, recibirá un informe de la Alta Comisionada sobre medidas eficaces y mejores prácticas para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas y un informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, centrado en la importancia para el trabajo de los actores de la sociedad civil, incluso en relación con la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.

Muchos otros titulares de mandatos continuarán bregando por un goce efectivo de todos los derechos por todos, especialmente llamando la atención sobre la realidad de los más vulnerables, que muchas veces son excluidos de los procesos de toma de decisión (sean minorías, pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad –por nombrar algunos-) y de aquellos que son perseguidos o intimidados por el hecho de reivindicar derechos propios y defender derechos de terceros.

Las voces disidentes deben ser escuchadas; debe propiciarse un diálogo nacional social incluyente, con consultas a todos los actores, como herramienta para construir o consolidar una sociedad democrática, justa y que responda a las aspiraciones legítimas de todos sus componentes.

Como ya lo señalé con anterioridad, mi país, Uruguay, vivió durante muchos años un período oscuro, de dictadura, donde incluso la palabra “libertad” fue prohibida, y donde se buscaba evitar la participación en el seno de la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de representantes de la sociedad civil, disidentes, que no encontraban espacio a nivel nacional para ser oidos y contemplados; por ello, animo a todas las personas a reclamar sus derechos y a no aceptar restricciones indebidas a su participación en la dirección de los asuntos públicos, sean estos de orden político o socio-económico.

Muchas gracias.