Presentación oral del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, Sr. Roberto Garretón

Comisión de Derechos Humanos, 55° período de sesiones,
Ginebra, 22 de marzo - 30 de abril de 1999
Tema 9 del Orden del día: Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo
(Vease documento: E/CN.4/1999/31).



Ginebra, 31 marzo 1999


Señora Presidente:
Distinguidos Delegados:
Señoras y señores:

I. PRESENTACIÓN DEL INFORME

Presento mi quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, E/CN.4/1999/31, complementario al que presenté a la Asamblea General A/53/565, todo en conformidad a la resolución 1998/61 de esta Comisión.

Debo reiterar los principales contenidos del informe, a saber:

a). El clima de odio que se vive en ese país, cuya causa fundamental debe encontrarse en la dictadura de Mobutu Sese Seko, que durante 32 años impuso un régimen opresivo y de absoluto desprecio por su pueblo, por sus derechos y libertades.

b). La existencia de gravísimos atentados contra la vida y las libertades, que he agrupado en cuatro categorías:

1. violaciones a las normas de derechos humanos contenidas en la Declaración Universal y en los Pactos y otros instrumentos vigentes en el país, cuya responsabilidad debe atribuirse al Gobierno de Kinshasa, y que afectan a la totalidad de la población, especialmente atentados a la vida, (incluyendo la aplicación frecuente de la pena de muerte luego de juicios sumarios), a la integridad física, a la seguridad personal, al debido proceso de derecho (especialmente por la Corte del Orden Militar), a la libertad personal, al derecho de salir del país, a las libertades de expresión, opinión y asociación y de las que son víctimas especialmente dirigentes políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas (párrafos 70 a 106 y anexos V a XII)

2. violaciones a los mismos preceptos cometidas por las fuerzas que se rebelaron contra el actual Gobierno, y que son de análoga naturaleza, especialmente atrocidades contra la población civil, las deportaciones de detenidos hacia los países vecinos, la existencia de recintos clandestinos de detención, la violación de mujeres y la ausencia absoluta de libertad de opinión y expresión (párrafos 107 a 123 y anexos XIII)

3. violaciones a las normas de derecho internacional humanitario en que han incurrido las fuerzas gubernamentales y sus aliados en el conflicto armado desatado en el este, especialmente los ataques a poblaciones civiles en Kimbaseke, Masina, Boma, Moanda, Ndjili y Mikonga (Kinshasa) (párrafos 43 a 53 y anexos III)

4. violaciones a las mismas normas de los conflictos armados en que han incurrido las fuerzas rebeldes y extranjeras de Rwanda, Burundi y Uganda que las apoyan, entre las que destacan el corte de energía eléctrica y agua potable a Kinshasa, y las horribles masacres de Kasika, Kavumu, Kilungutwe, Kasanga, Kazima, Mboko, Kabare, Mwenga, Makobola y otras localidades (párrafos 54 a 63 y anexos IV).

c). Especial gravedad otorga el informe a la paralización prácticamente absoluta del proceso de democratización que se inició en el ex Zaire en 1990, cuyo punto culminante fue la Conferencia Nacional Soberana de 1991 - 1992.

d). Hasta el 31 de diciembre, el Relator no había recibido ninguna colaboración del Gobierno para el mejor cumplimiento del encargo que le formuló la Comisión.


Señora Presidenta:

II. INVITACIÓN DEL GOBIERNO Y VISITA AL PAÍS

El Relator Especial fue invitado a visitar el país entre el 16 y el 23 de febrero, conforme al anuncio hecho en la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el Ministro de los Derechos Humanos. Es la primera visita del Relator desde octubre de 1996, y fue el primer contacto con las autoridades desde el triunfo de la AFDL.

Durante la misión, el Relator fue recibido por altas autoridades del país, (Ministro del Interior, Vice Ministro de la Administración territorial; de Justicia y Guardasellos; Vice Ministro de la Defensa), Vice Ministro de Relaciones Internacionales; Ministro de Derechos Humanos (dos veces); Procurador General de la República; Presidente y miembros de la Corte de Orden Militar; Gobernador de Lubumbashi), y pudo visitar cárceles (Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa -antigua Makala-; Centro penitenciario y de Reeducación de Kasapa (Lubumbashi); recintos policiales de detención (Cachots de la Agence Nationale de Renseignement en Lubumbashi); un recinto militar de detención (GLM) de la Garde Spétiale de Securite Presidentielle, BSSP); centros en que se encuentran privadas de libertad personas en riesgo por su pertenencia a etnias a las que la población considera enemigas (Institut National de Sécurité Social -INSS- en Kinshasa, y ex Convento Batika, en Lubumbashi). Visitó también un campo de desplaz
ados de guerra (antiguo hogar de ciegos de Kamalondo, en Lubumbashi, que alberga a 382 personas).

El Relator se entrevistó con miembros de la sociedad civil (unas cien ONGs, y unos 30 dirigentes de organizaciones sindicales); magistrados y ex magistrados, representantes de las comunidades protestante, kimbanguista, ortodoxa y musulmana. Entre las personas entrevistadas confidencialmente, figuran dirigentes políticos de alto nivel encarcelados, como los profesores Kalele y Kabanda en Kinshasa, y Joseph Olengankoy en Lubumbashi.

Además, sostuvo reuniones de trabajo con dirigentes de los principales partidos políticos: Etienne Tshisekedi (UDPS); Antoine Gisenga PALU); M. Bofassa y colaboradores (MPR); otros dirigentes de FONUS); delegación de Forces de Futur. Tuvo además una reunión de trabajo con los representantes de una nueva estructura política afín al Gobierno, conocida como “Comités de Poder Popular”.

El Relator se entrevistó con las Agencias de las Naciones Unidas y con el Cuerpo Diplomático.

Incluso el Relator fue autorizado por el Gobierno invitante para visitar la zona ocupada por las fuerzas que el Gobierno considera “agresoras” y luego volver a Kinshasa, hecho que el Relator aprecia en gran medida.

En la zona ocupada por la “rebelión” (según las autoridades de Goma) o “agresión” (según Kinshasa) el Relator también fue tratado con cordialidad, recibiendo plenas garantías y libertades para su trabajo. El Relator fue recibido por el Consejo Político en pleno de Rassemblement Congolais pour la Democratie. En esta región, se visitó la Prisión Central de Goma y un centro de detención del Servicio de Inteligencia Militar (Bureau II) frecuentemente señalado como centro de torturas.

Conforme a las reglas de la ONU, las entrevistas con presos se realizaron en la más estricta confidencialidad.

III. PRINCIPALES MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN

3.1 La guerra del Este

Desde el 2 de agosto el país vive una cruenta guerra que el Relator, luego de estudios y meditaciones, ha calificado de conflicto armado interno con participación de fuerzas extranjeras, a pesar de la presencia de nueve ejércitos nacionales (Fuerzas Armadas Congolesas, FAC; Ejércitos de Rwanda, Uganda, Burundi, Angola, Namibia; Sudán; Chad; Zimbabue); y al menos doce grupos irregulares armados (Ejército rebelde de la RCD; Frente de Desarrollo Democrático FDD burundés; ex FAR; interahamwe; Movimiento de Liberación Nacional Congolés -dirigido por J.P. Bemba-; UNITA; movimiento Mai Mai de Sud Kivu; movimiento Mai Mai de Nord Kivu; SPLA -John Karang, de Sudán- ; Lord’s Resistance Army, de Uganda; los SIMBA) y la Unión de Nacionalistas Republicanos por la Liberación (UNAREF). Se ha llegado a esta calificación considerando: (a) que la parte rebelde, incluidos sus aliados rwandés y ugandés, ha manifestado que su motivación es el cambio del Presidente Kabila; (b) que las fuerzas extranjeras apoyan a éste porque lo c
onsideran Presidente legítimo de la RDC; y (c) que el conflicto se desarrolla íntegramente en el interior del país.

Sin embargo, es evidente que el Gobierno de la RDC, así como todo el pueblo congolés, ya sea que viva en la zona no ocupada como en la zona ocupada, percibe que se trata de una agresión.

Desde luego, la mayor cantidad de víctimas, de ambas partes, son civiles, incluyendo niños e incluso lactantes. Las carencias hospitalarias han impedido salvar muchas vidas, lo que fue especialmente grave durante el brutal racionamiento de electricidad y agua de los rebeldes sobre Kinshasa durante varias semanas.

Hay una gran cantidad de muertos, desaparecidos y desplazados (el Relator visitó el campo de Kamalondo, que albergaba a 382 personas protegidas que habían huido de la guerra desde Kalemie a Kabalo -300 kilómetros- marchando a pie, y que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, se encontraban en condiciones de gran precariedad).

Debido a la presencia de ejércitos y grupos armados, en la zona ocupada por los rebeldes se vive un clima de auténtico terror, perceptible desde que se toma el primer contacto con la población. Pero al momento de consultar de quién se tiene miedo, la respuesta es unánime y categórica: del Ejército del RCD, que la población percibe como una fuerza de ocupación rwandésa. El odio hacia el pueblo rwandés que siente el congolés (y que el Relator denunciara en su informe de 1995 -E/CN.4/1996/66, párrafo 26-, un año antes del inicio de la guerra de liberación) se ha ido transformando en un sentimiento antitutsi, a tal punto que el Gobierno de Kinshasa -en una medida de discutible legalidad- ha debido privar de la libertad a ciudadanos en su mayoría de nacionalidad congolesa y cantidades menores de rwandeses, burundeses y de Congo Brazzaville de la etnia tutsi, para evitar represalias de la población civil (Centro del INSS, que alberga a 146 personas, y que constituye una sensible mejoría respecto del campo de Koko
lo que los albergaba hasta el 12 de febrero, aunque la alimentación es deficiente; Centro Batika, en Lubumbashi, en el que habitan 513 personas -ambos visitados por el Relator-; y centro de Likasi que acoge a 40 personas). La guerra del 2 de agosto no ha hecho sino agravar el sentimiento anti tutsi, especialmente después de las masacres impunes de Kasika, Makobola, Kamituga y los territorios deWalungu y Mwenga, en Sud Kivu, entre otras.

Señores delegados:

3.2 Falta de progreso en proceso democrático

Los pasos anunciados para transitar hacia un régimen democrático no han sido suficientes, y lo más serio, no han contado con el apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos ni de los partidos políticos que lucharon contra la dictadura de Mobutu. El largo proceso de elaboración de una Constitución aún no concluye, y aunque se ha levantado la suspensión de las actividades de los partidos políticos, todos los que estaban legalmente constituido han perdido su estatuto y deberán constituirse de acuerdo a las nuevas leyes, lo que se traduce en que su actividad continúa siendo ilegal. En la elaboración de la nueva Constitución y las nuevas leyes políticas no ha tenido participación la sociedad civil. No está claro cuándo se realizarán las prometidas elecciones, pero es evidente que el conflicto desatado en el este impedirá que se realicen en el corto plazo. En todo caso tal prórroga no autoriza olvidar el sagrado derecho del pueblo a participar en los asuntos públicos, y en esta materia los
pasos dados son absolutamente insuficientes.

En la zona ocupada por la rebelión no hay formas de participación política. Sólo un partido, el RCD, es autorizado a actuar, y lo hace sin que ninguna oposición sea admitida.

3.3 Irrespeto de los derechos humanos

En esta breve exposición el Relator se centrará sólo en dos aspectos, sin perjuicio de reiterar todo lo dicho en el informe.


Derecho a la justicia: La Corte del Orden Militar continúa juzgando a militares y civiles en procesos que no respetan las normas del debido proceso de derecho. Las explicaciones dadas por el Gobierno en cuanto a que se respeta la legislación interna no son convincentes. El Relator estima que esa legislación, que permite juicios sumarísimos, sin garantías efectivas de defensa y sin derecho a recurso ante una instancia superior, no se ajusta a los preceptos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La semana pasada comparecieron ante ella diversos políticos y periodistas, siendo finalmente liberados (señora Lukiana y señores Mutinga, Ipakala, Kabemba).

Además, la Corte condena muy frecuentemente a la pena de muerte. Debe reconocerse que en 1999 esas sentencias no han sido ejecutadas, lo que revela un progreso respecto de lo dicho en el informe que presento.

Afecta también el derecho a la justicia la revocación 315 de magistrados de todo nivel, pues deja a los jueces en una situación de vulnerabilidad que arriesga su independencia.

Defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y periodistas. Quienes ejercen estas actividades están constantemente amenazados, hostigados y muchas veces encarcelados por motivos nunca bien esclarecidos.

A los casos mencionados en el informe deben agregarse las detenciones u hostigamientos ocurridos en 1999 a los periodistas Thierry Kyalumba, Francois Kalima Malangu, André Ipakala Abeiye, Michel Museme Diawe; a los dirigentes de partidos políticos Mifundu Kahugu (PALU); Adrien Phongo Kunda (UDPS); Joseph Mukendi wa Malumba (UDPS); Cleophas Kamitatu Masamba (PDSC); Boffasa Djema (MPR); Kisimba Ngoy (Partie de Nationalistes Federalistes, PNF); Nyembo Shabani; Boboliko Lokonga (PDSC), impedido de abandonar el país.

Lo mismo ha ocurrido a activistas de derechos humanos en 1999. El Vicepresidente de la ONG Amigos de Nelson Mandela fue detenido en Kinshasa, Makala, por tener pasaporte de la República del Zaire, y usar nombre de Mandela, “enemigo del pueblo congolés”; el 5 de febrero fue detenido y liberado Floribert Chebeya de la Voix de sans Voix,

3.4. Situación en la zona controlada por la rebelión

La situación es, desde luego, mucho más grave en la zona ocupada por la rebelión: no hay diarios ni periodistas de oposición, y muchas organizaciones no gubernamentales han dejado de operar, encontrándose numerosos de sus miembros en el exilio o en la clandestinidad, y un conocido dirigente, Gallican, está desaparecido desde su detención en enero de 1998, a pesar de haber sido visto encarcelado en noviembre de ese año.

Otro punto de grave inquietud que se presenta en el éste es la transferencia de detenidos en el territorio ocupado, y su traslado a los países vecinos de Rwanda y Uganda.

El Consejo de Guerra Operacional establecido por la rebelión, aunque contempla un recurso de apelación, ha juzgado militares, incluyendo niños (kadogos). Algunos han sido condenados a la pena de muerte.


Desde febrero ha aumentado la violencia en las provincias de Sud Kivu y Nord Kivu, como lo expresara el Relator en un reciente comunicado de prensa.


IV. ALGUNOS PROGRESOS

4.1. Zonas controladas por el Gobierno

Hay algunos aspectos que destacar, ya anunciados en el informe y que la visita permitió confirmar, y otros que se pudieron comprobar en el terreno: la creación del Ministerio de los Derechos Humanos; y, más importante, el empeño con que el titular ejerce sus funciones; los anuncios de programas de educación en derechos humanos en las filas militares y policiales; el anuncio de ratificación de nuevos tratados de derechos humanos, y, especialmente, los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra; la divulgación en lenguas autóctonas de la Declaración Universal; las evidentes mejorías del sistema carcelario, apreciadas sobre todo en Makala, así como el anuncio del Ministro de Justicia de hacer de las cárceles lugares de educación profesional. Deben agregarse la suspensión de la pena de muerte en 1999; la liberación de 84 personas el 12 de febrero, varios de ellos privados de libertad por motivos políticos; la humanización de las condiciones de los internados en el campo de Kokolo al ser trasladados al rec
into de la INSS; la designación de una Comisión de investigación de las alegaciones de masacres en el este del país y Provincia del Ecuador, entre octubre de 1996 y el 30 de mayo de 1997durante la guerra de liberación.

Y, desde luego, el inicio de una cooperación con el Relator y demás mecanismos de la Comisión. El Relator recibió por primera vez un acuse de recibo de una comunicación.

4.2. Zonas controladas por la rebelión

Lamentablemente, en la zona rebelde sólo puede destacarse la suspensión de la ejecución de la pena de muerte dispuesta por el Consejo de Guerra Operacional -cuyos procedimientos son tan irregulares como los de la oficial Corte de Orden Militar, y el compromiso de sus autoridades con el Relator de no volverla a aplicar.


V. INVESTIGACIÓN DE MASACRES DURANTE LA GUERRA DE 1996-1997

Luego del informe del Relator E/CN.4/1997/6/add.2, esta Comisión nombró una Misión Conjunta encargada de investigar las alegaciones de masacres en los campos de refugiados y otros atentados al derecho a la vida cometidos en el Este de Zaire desde el 1 de septiembre de 1996, durante la llamada “guerra de liberación”. La Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo Zaire (AFDL) y los Gobiernos de la RDC y de Rwanda siempre negaron los hechos alegados y nunca cooperaron con la Misión. Fue por ello que el Secretario General nombró un Equipo de Investigación que, ante los obstáculos del Gobierno de la AFDL, tuvo que ser retirado. El informe del Equipo fue calificado por el Gobierno como una “copia, un plagio del informe” del Relator.

Una vez estallada la guerra, el Gobierno actual reconoció que los hechos habían sido efectivos, aunque responsabilizaron a sus antiguos aliados. El 29 de enero se creó una Comisión de Investigación.

Aunque las autoridades rebeldes no han sido explícitas al respecto, el encargado de Relaciones Exteriores del RCD también reconoció al Relator la efectividad de los hechos alegados, si bien atribuyó la responsabilidad a los dirigentes de Kinshasa. Lo expuesto refuerza la necesidad que se continúen las interrumpidas investigaciones, ya sea mediante equipos ad hoc, ya sea otorgando todo el apoyo humano, logístico y financiero que sea necesario a aquellas comisiones establecidas por los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de Rwanda, en la medida en que en su desempeño demuestren un efectivo y real interés en el esclarecimiento de la verdad..

Señora Presidenta; Señores delegados:

VI. RECOMENDACIONES

El Relator insiste en todas las recomendaciones contenidas en su informe, pero debe insistir en tres:

Lo más urgente es el establecimiento de conversaciones serias y responsables para poner término a la guerra. El Gobierno no puede seguir desconociendo la realidad: los rebeldes, independientemente del apoyo extranjero, existen. La paz siempre se ha hecho entre los contendientes y no puede prescindirse de uno de ellos. Es indispensable poner término de inmediato a la asistencia militar y a la venta de armas a los contendientes.Una fuerza militar multinacional en las fronteras históricas que separe la RDC de sus vecinos del este podría ayudar a establecer la paz, y sobre todo, a proteger a la población civil.

Del mismo modo, el Gobierno no puede seguir desconociendo la inmensa voluntad popular que reclama un proceso de transición creíble hacia la democracia, y la más pronta convocatoria a elección de las autoridades políticas en un proceso en el que deben participar todos los congoleses.

La protección y el debido respeto de los defensores de los derechos humanos y de los comunicadores sociales es urgente, así como las garantías del debido proceso de derecho. La pena de muerte debe ser abolida y, en cualquier caso, no ejecutarse más.

Las fuerzas rebeldes, por su parte, deben entender que no cuentan con el menor apoyo popular, y que son vistos como agresores que han colocado al pueblo que controlan en un clima de terror, aumentando el sentimiento anti rwandés que se acrecienta peligrosamente en el alma de los congoleses.

La comunidad internacional debe colaborar con el Gobierno en la solución del problema de las personas desplazadas en el interior del país y de las que se encuentran privadas de libertad a título de protección.

Sin perjuicio de las investigaciones que los Gobiernos de la RDC y de Rwanda adelanten en la investigación de las atrocidades de 1996-1997, y que debieran contar con el apoyo necesario de las Naciones Unidas en la medida que comprueben su trasparencia y efectividad, el Relator insiste en la necesidad de ampliar la competencia del Tribunal Penal Internacional para Rwanda o el establecimiento de otro Tribunal similar para juzgar aquellos hechos, quien quiera que sea responsable, independientemente de su nacionalidad. Los hechos brutales, como los de Kasika y Makobola y otros, cualquiera sea la parte que los haya cometido, también debieran ser juzgados por un Tribunal internacional.

Debe ser ampliada la representación de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para una más eficiente cooperación con el Relator Especial en el cumplimiento de su mandato, y para reforzar su cooperación con el Gobierno para una mejor promoción y protección de los derechos humanos. Los servicios de asesoramiento en derechos humanos debieran establecerse en la RDC tan pronto consten esfuerzos serios, permanentes, sostenidos y efectivos del Gobierno por construir una sociedad fundada en el respeto de esos derechos.

Muchas gracias, señora Presidenta.