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Declaraciones y discursos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Türk insta a las empresas a evitar daños y a escoger la paz, a través del respeto de los derechos

12 septiembre 2024

Pronunciado por

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En

Ciclo de Conferencias Mary Robinson 2024, el papel de las empresas nunca es neutral: Responsabilidad corporativa en conflictos y crisis

Lugar

Ginebra

Distinguidos ponentes,
Estimados colegas, estimados participantes,  

Es un placer poder tomar la palabra en este evento en honor de Mary Robinson, anterior Presidenta de Irlanda, anterior Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y una de las voces más respetadas en lo que concierne a cuestiones globales.

El tema del debate de hoy está estrechamente relacionado con la rápida desintegración del espacio para la paz, la seguridad y el desarrollo en muchos países.

Tal como expresé ante el Consejo de Derechos Humanos hace solo unos días, nos encontramos, en todo el planeta, ante una encrucijada.

Por un lado, podemos optar por seguir precipitándonos por una pendiente cada vez más pronunciada que se dirige a conflictos y sufrimiento generalizados.

Podríamos seguir pisoteando las obligaciones legales internacionales que fueron creadas por nuestros antecesores con el fin de proteger a todas las personas de este planeta de la violencia y daño insoportables.

Podríamos continuar dando poder a las voces del odio con el objetivo de acosar a personas para que deshumanicen a otras basándose en diferencias triviales que solo ven ellas.

Podríamos continuar financiando y propiciando una niebla espesa de desinformación la cual empaña los hechos reales y ahoga la capacidad de las personas para poder realizar decisiones informadas.

Podríamos continuar financiando, armando y facilitando el uso de la violencia, a manos de las fuerzas de seguridad y actores armados, para silenciar las voces críticas, cometer abusos y aplastar las demandas legítimas de mayores derechos.

Podríamos seguir ignorando, y alimentando aún más, nuestra triple crisis planetaria.

Dejando de lado la obligación de compartir de manera equitativa los beneficios del desarrollo sostenible.

O podríamos escoger una alternativa mejor.

Podríamos escoger la paz.  La justicia.  Un desarrollo cuyos beneficios sean compartidos de manera equitativa.  Podríamos elegir un planeta que sea más respetuoso, más armonioso, ya que las disputas pueden ser resueltas de un modo justo, y más próspero, ya que existe una mayor estabilidad, y gracias a la creatividad que surge cuando existe libertad.

En otras palabras, podríamos escoger guiarnos por los derechos humanos que son inherentes a cada uno de nosotros y nosotras, de forma equitativa y universal.

Esta elección es demasiado fundamental para que la dejemos en manos de un número reducido de líderes políticos.  Las implicaciones de esta decisión la sentirán todas las comunidades del planeta, quizás incluso cada familia y persona por individual, durante los próximos años.

Sí, los gobiernos desempeñan un papel esencial y clave a la hora de crear instituciones que sean transparentes y responsables; un estado de derecho eficaz e imparcial; y sistemas debidamente financiados que garanticen los derechos para todas las personas.

Pero las empresas juegan también un papel importante en este punto. Un papel a la hora de contribuir a que se respeten los derechos de las personas, o que se les denieguen los mismos.

Un papel para defender la armonía social y el desarrollo sostenible, o un papel para alimentar el odio y conflicto que sean cada vez más incontrolables.  

Porque permítanme que les recuerde lo siguiente: los conflictos son una máquina de generar el caos.

Socavan a las instituciones.  Dan más poder a bandas criminales y grupos armados extremistas y favorece que estos se extiendan, a la vez que sus actividades suelen ir más allá de las fronteras de sus respectivos países, tal como hemos visto en Libia, Yemen y en otros lugares.  

Pone en riesgo la navegación mundial y las rutas comerciales.

Puede dar rienda a amenazas nucleares que se ciernen sobre personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, tal como hemos podido contemplar en la guerra en Ucrania.

Y por encima de todo, los conflictos matan, mutilan, privan y empobrecen a seres humanos normales y corrientes, tal como estamos observando, de forma trágica, en Gaza, por ejemplo.

Millones de personas, literalmente, ya se encuentren en la República Democrática del Congo (DRC, según siglas en inglés), Myanmar, Sudán, o en muchos otros países, se enfrentan actualmente a un sufrimiento intolerable por culpa de conflictos que son claramente avivados, o propiciados, al menos en parte, por intereses corporativos.

En la República Democrática del Congo, la cual visité hace tan solo unos meses, empresas que se dedican a la apropiación de recursos tras la caza de materias primas raras y valiosas han estado relacionadas con grupos armados cuya violencia depredadora ha forzado a millones de personas a abandonar sus tierras. En la actualidad, cerca de ocho millones de personas son desplazadas internas en la DRC a causa del conflicto.

El conflicto en el Sudán no se trata solamente de una lucha por el poder.   Se ve impulsado también por los intereses corporativos de actores tanto del Sudán como foráneos, cuya influencia económica y rivalidad ha contribuido a desatar la guerra.  Empresas controladas tanto por las Fuerzas Armadas Sudanesas como por las Fuerzas de Apoyo Rápido con intereses en los lucrativos sectores del oro, la agricultura, y la ganadería, se han convertido en la columna vertebral financiera de la economía de la guerra, sirviendo para financiar operaciones militares y debilitando a la vez las iniciativas para lograr la paz.

En Myanmar, la guerra que lleva a cabo el ejército contra su población está siendo favorecida por una red de empresas extranjeras que proveen armas, aportaciones económicas, telecomunicaciones y otros servicios y recursos.  

En numerosos países, de todas las regiones, las operaciones, productos o servicios que prestan compañías digitales y tecnológicas han permitido la incitación y difusión del odio, así como que se originen divisiones sociales profundas y tóxicas.   Muchas herramientas y servicios digitales sirven también para apuntalar la violencia de grupos armados, al tiempo que enredan a estas empresas en un complejo entramado de responsabilidades y deberes. 

 Y respecto al Territorio Palestino Ocupado, la Corte International de Justicia sostuvo recientemente que los Estados Miembros tienen la obligación de abstenerse de entablar acuerdos económicos o comerciales con Israel, y que afecten al Territorio Palestino Ocupado, cuando dichos acuerdos puedan servir para afianzar la presencia ilícita de Israel en estos territorios.

En otras palabras, las empresas no son simplemente actores neutrales en situaciones de conflicto.  Incluso en las ocasiones en las que no participan de forma directa, su mera presencia y las operaciones que llevan a cabo tienen ciertas repercusiones sobre la dinámica de los conflictos.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos ofrecen un modelo a seguir a la hora de responder al riesgo intrínsecamente elevado de que las empresas acaben involucradas en abusos de derechos humanos, lo cual es característico de contextos operativos complejos como es por ejemplo un conflicto armado.        

Un factor clave para este marco es la necesidad de que las empresas apliquen una debida diligencia en materia de derechos humanos.  Es fundamental que en todas las situaciones posibles las empresas inviertan los recursos necesarios para poder evaluar adecuadamente cada situación en particular, y que también tomen decisiones estratégicas sobre cómo mitigar y gestionar los riesgos basándose en los derechos humanos.

En aquellos casos donde el riesgo de cometer violaciones y abusos graves de derechos humanos sea especialmente elevado, será necesario prestar una mayor atención y adoptar pasos antes.

No solamente es el paso que es necesario acometer; con cada vez mayor frecuencia, se trata también de una obligación estipulada por leyes nacionales y regionales; a la vez que tiene un sentido empresarial, ya que ayuda a prevenir que se produzcan daños profundos para la reputación de la empresa, que pueden incluir boicots y protestas, así como quedar expuestas a litigios.

Esta misma situación se aplica también a inversores quienes, al igual que cualquier otro actor corporativo, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos.  También se espera que los inversores lleven a cabo una debida diligencia en materia de derechos humanos, con el fin de investigar los riesgos de consecuencias negativas que afecten a los derechos humanos, y que apliquen medidas para atender a estos riesgos.

Cualquiera que sea el contexto, una debida diligencia en materia de derechos humanos es la brújula que puede ayudar a cada empresa a diseñar sus propias soluciones, con el fin de respetar plenamente los derechos de las personas sobre el terreno.

Y de este modo los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalan el camino a seguir para que los líderes empresariales lleguen a conclusiones que sean moral y legalmente defendibles.

El año pasado mi Oficina publicó también una nota que viene a aclarar aún más las medidas que se espera que las empresas apliquen cuando operen en contextos complejos tales como conflictos, regímenes autoritarios, inestabilidad política o violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Las decisiones sobre si permanecer o no en un contexto complicado, y sobre cómo responder de la mejor manera a una situación de derechos humanos en declive, en raras ocasiones son sencillas.

En algunos contextos, incluso cuando existe presión pública para abandonar un escenario, la salida de una empresa no implica necesariamente que la población sobre el terreno vaya a lograr una mejor situación.

Pero los Principios Rectores sí visualizan de forma clara el papel que las empresas pueden desempeñar a la hora de considerar su retirada, teniendo en cuenta sus efectos negativos potenciales, siempre que la situación así lo justifique.

Colegas,

En última instancia, las empresas se benefician también de un escenario donde prevalezca la paz.  Donde haya justicia.  Donde existan instituciones sólidas y estables.  Donde haya sociedades libres y desarrolladas.  Y donde su reputación empresarial quede libre de cualquier implicación en asesinatos ilícitos o daños para los derechos humanos.

Todas las empresas tienen un profundo y enorme interés en participar en la construcción de sociedades que defiendan derechos humanos fundamentales, en las que los valores de nuestra comunidad compartida puedan florecer, en paz.

Gracias.