Nicaragua: Continued and widespread deterioration of human rights

Señor Vice-Presidente,
Excelencias,
Colegas,

Me entristece profundamente el continuo y generalizado deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones, e intensificar aún más el aislamiento del país, son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense, ni siquiera de las autoridades. Espero que, durante nuestro diálogo de hoy, este Consejo pueda debatir cómo desbloquear soluciones, con nuevas ideas que puedan apoyar a las autoridades a cambiar el rumbo

Desde que presentamos nuestro informe al Consejo hace un año, las personas percibidas como opositoras o críticas del Gobierno han continuado siendo perseguidas y se las ha sometido a medidas que violan sus derechos humanos. Estas medidas incluyen largas sentencias de prisión dictadas sin juicio, en el contexto de un sistema de justicia que carece de toda independencia; y la deportación, la privación arbitraria de la nacionalidad y la prohibición de que personas nicaragüenses regresen a su propio país. Cosas que pensábamos que formaban parte de un libro de historia.

Como se detalla en el informe que tienen ante ustedes, A/HRC/54/60, el Gobierno nicaragüense continúa imponiendo severas restricciones al espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas de su pueblo. También ha extendido su control sobre organizaciones de la sociedad civil, ONGs internacionales, universidades y medios de comunicación.

La pobreza es elevada, pero parece estar disminuyendo, pasando del 14,2% en 2021 al 13,3% en 2022 según cifras del Gobierno.

Señor Vice-Presidente,

Las personas percibidas como críticas u opositoras de las autoridades, así como sus familiares, son comúnmente acosadas, perseguidas y encarceladas. Sólo en febrero, 316 personas nicaragüenses consideradas opositoras al Gobierno, fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad, sus bienes y todos sus derechos civiles y políticos. Entre ellas se encontraban personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, activistas y líderes sociales y políticos- todas ellas, junto con sus familias, se vieron obligadas a reinventar sus vidas desde cero en países lejanos. Dado el gran número de personas afectadas por esta forma de castigo que abarca la totalidad de los derechos humanos, muchas personas afirman ahora que tienen miedo de salir del país, aunque sea brevemente, por temor a que se les despoje para siempre de su derecho a regresar.

Ejercer el activismo cívico organizado y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible. Desde agosto del año pasado se ha cancelado el estatus legal de 2020 organizaciones de la sociedad civil, para un total de 3.394 organizaciones desde 2018. En otras palabras, casi la mitad de los grupos de la sociedad civil en Nicaragua han sido clausurados- y muchos otros se han visto obligados a autocensurarse. Doce universidades también han sido cerradas en el último año. Una de ellas, la Universidad Centroamericana, fue calificada como "centro de terrorismo para organizar grupos criminales" – lo que es incomprensible. El cierre de estas universidades, y la confiscación de algunas escuelas dirigidas por diversas congregaciones católicas, limita el acceso al derecho a la educación y a la libertad de información, con consecuencias perjudiciales para la libertad de expresión y la libertad académica.

Mi Oficina también sigue documentando violaciones de la libertad de religión y de creencias, dirigidas principalmente, aunque no exclusivamente, contra la Iglesia Católica Romana. Estas violaciones incluyen sanciones penales y administrativas represivas y arbitrarias, acoso y detenciones tanto de sacerdotes como de fieles.

Hasta la fecha, 71 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, tras haber sido juzgadas y condenadas sin las debidas garantías procesales. Una de ellas, el obispo Rolando Álvarez, fue condenado a 26 años de prisión sin juicio alguno. También hemos documentado la detención en régimen de incomunicación de numerosas personas por periodos de hasta 18 meses.

El informe que tienen ante ustedes también documenta patrones de tortura. En julio - después de que finalizó el periodo del informe - documentamos otros siete casos de tortura grave de detenidos, incluido el uso de electricidad, abusos sexuales y violación de hombres. Mujeres y niñas son sometidas a desnudez forzada y a registros genitales humillantes, incluso antes de las visitas con personas detenidas. 

Muchas personas detenidas son sometidas a malos tratos, como la negación del contacto con sus familiares, la denegación de medicación, la restricción de artículos básicos de higiene o la exposición constante a luz artificial. La distribución de alimentos sería restringida, para castigar a las personas consideradas "enemigas" del gobierno.     

En este contexto, resulta alarmante la expulsión del país de todos los organismos internacionales con mandato para supervisar las condiciones de detención. Esto pone a las personas privadas de libertad en una situación de extrema vulnerabilidad. Exhorto a las autoridades a que acepten el regreso de observadores internacionales independientes e imparciales de la detención, a que erradiquen la tortura y los malos tratos; y a que restablezcan las garantías procesales y el Estado de derecho. 

Otras cuestiones que suscitan profunda preocupación son el fuerte y continuo aumento de la violencia en territorios indígenas y afrodescendientes durante el último año. Estos asesinatos y ataques violentos, que incluyen la quema deliberada de hogares y el robo de tierras y bienes, se llevan a cabo con impunidad.

También me preocupa el elevado número de matrimonios infantiles y embarazos de adolescentes en Nicaragua, así como la prohibición total del aborto en el país, que pone en peligro la salud sexual y reproductiva, provocando abortos inseguros y la muerte de mujeres y niñas.

Señor Vice-Presidente,

Los actos de persecución constantes, impredecibles y arbitrarios del Gobierno incitan a muchas personas a huir. Entre septiembre de 2022 y julio de 2023, 45.866 nicaragüenses solicitaron asilo sólo en Costa Rica.

Lamento profundamente la falta de respuesta del Gobierno a nuestras comunicaciones, y mis propias comunicaciones, y su negativa a cooperar con los organismos internacionales o con mi Oficina. Las recomendaciones formuladas en este informe y en los anteriores constituyen una hoja de ruta que puede ayudar a las autoridades a iniciar un desarrollo más sostenible y una forma de gobernanza más resiliente y eficaz.

Insto al Gobierno a que demuestre que está al servicio de su pueblo, empoderándolo para que se reúna, se exprese y participe libre y plenamente en las decisiones. Hago un llamamiento para que se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como para que se restablezcan, sin discriminación, los derechos de las personas privadas de su nacionalidad, garantizados en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua.

Asimismo, insto a la comunidad internacional a que mantenga sus esfuerzos para influir en las autoridades y apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses.

Muchas Gracias

FIN