República Centroafricana: Hay que poner fin a las atrocidades, afirma Volker Türk

Señor Presidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados:

En pocas ocasiones un país que ostenta un historial tan deficiente en materia de derechos humanos ha sido tan olvidado por el resto del mundo. La población de la República Centroafricana (CAR) padece una realidad cotidiana configurada por imprevisibles estallidos de violencia, en los que el miedo se ha transformado en un arma y los traumas derivados de muchos años de esta práctica han dejado huellas profundas.  

Me preocupa mucho que el interminable ciclo de violencia comunitaria, religiosa y étnica que padece del pueblo de la CAR se agrave aun más y que se traduzca en reveses aun mayores para los esfuerzos de paz y reconciliación.

La población civil está sometida cada día a los reiterados abusos perpetrados por grupos armados, fuerzas de defensa y de seguridad, y personal de empresas militares y de seguridad. Los ataques se recrudecen y los arrestos y las detenciones ilegales se multiplican.

Las vulneraciones y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos van en aumento y se han recrudecido en los dos últimos meses. Según ha documentado la División de Derechos Humanos de la MINUSCA, el número de víctimas de estos abusos se multiplicó en cada trimestre de 2022, pasando de 564 en el primer trimestre a 1.300 en el último.

Según datos disponibles en mi Oficina, las tropas estatales y sus aliados fueron responsables del 58% de estas vulneraciones en el último trimestre de 2022, en una gama que abarca desde arrestos y detenciones ilícitas hasta malos tratos, torturas, multilaciones y asesinatos. Estas fuerzas atacaron de manera específica a las comunidades de fulanis y musulmanes, a las que se sospecha de complicidad con los grupos armados. 

En el mismo periodo, calculamos que los grupos armados signatarios del acuerdo de paz fueron responsables del 35% de los abusos documentados, que afectaron al 28% de las víctimas. Estas vulneraciones consistieron sobre todo en destrucción y confiscación de propiedades, asesinatos y otras violaciones del derecho a la vida, secuestros, detenciones, malos tratos y mutilaciones.

Tal como planteó en octubre pasado un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas, los miembros de las empresas privadas militares y de seguridad siguen acosando e intimidando violentamente a la población civil, entre otros a los cuerpos de pacificación, los periodistas, los trabajadores humanitarios y los miembros de minorías. Esta comisión de expertos recibió además informes sobre casos de abusos y violencia sexual contra mujeres, hombres y muchachas jóvenes.

Señor Presidente:

Algunos de los incidentes perpetrados en fechas recientes por todas las partes en conflicto ponen de relieve la escala y la gravedad de estas vulneraciones. El 28 de octubre de 2022, las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana (FACA) y tropas de los cuerpos de seguridad arrestaron arbitrariamente, detuvieron y extorsionaron a 64 civiles en la zona de Bria.

En diciembre, mi Oficina documentó dos casos de violación perpetrados por los mismos funcionarios encargados de proteger a la población civil: el primero fue obra de un miembro de las fuerzas armadas destacado en la prefectura de Nana-Grébizi y el segundo lo cometió un agente de policía en Ippy, en la prefectura de Ouaka.

También en el mes de diciembre, cerca de Bakouma, en la prefectura de Mbomou, combatientes de la Unión para la Paz en la RCA, fuerza que está integrada en la Coalición de Patriotas para el Cambio, emboscaron a un grupo de civiles, mataron a cinco de ellos, hirieron a otros y los despojaron de todas sus pertenencias.

Y según nos han informado, en fecha más reciente, en enero de 2023, en la prefectura de Ouham-Pendé, un grupo de la guerrilla Restitución, Reclamación y Rehabilitación secuestró a un pastor fulani y a dos adolescentes, que solo fueron liberados días después, tras pagar un rescate.

Señor Presidente:

Los niños padecen siempre las consecuencias de los conflictos y en la CAR -donde los niños y jóvenes menores de 14 años constituyen más del 40% de la población- su vulnerabilidad es particularmente aguda. A menudo estos menores se ven separados de sus padres, lo que da origen a graves traumas. A veces carecen de alojamiento adecuado o se ven privados de educación. Más de medio millón de alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 17 años permanecen sin escolarizar o están a punto de dejar los estudios, debido a la falta de docentes cualificados y de instalaciones escolares adecuadas.

La escasez de atención sanitaria ha hecho que los índices de mortalidad infantil figuren entre los más altos del continente africano y uno de cada diez niños muere antes de cumplir el quinto año de vida.

Los niños son víctimas del reclutamiento forzoso que practican los grupos armados y son detenidos de manera arbitraria.

Otros niños, y especialmente las niñas, son víctimas de deplorables prácticas de violencia sexual vinculadas a los conflictos armados.

El año pasado, la División de Derechos Humanos documentó 647 casos de niños que fueron víctimas de vulneraciones de sus derechos, la mayoría de ellos relativos al uso de menores en actividades bélicas o víctimas de ataques contra su integridad física y su libertad, detenciones arbitrarias y actos de violencia sexual relacionados con el conflicto. Entre otras violaciones graves hubo casos de asesinatos, mutilaciones y trabajos forzados.

Pido al gobierno que adopte con urgencia medidas prácticas para evitar estas graves vulneraciones y que proporcione cuidados exhaustivos a las víctimas. Tanto la explotación económica como el tráfico de niños son delitos graves que deben abordarse de inmediato.

También insto al gobierno de la CAR a que ponga en vigor el código de protección del menor (Ley No. 20.014 del 15 de junio de 2020), según estipula la Constitución vigente, y que cumpla con sus obligaciones internacionales en la materia, descritas principalmente en la Convención de los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos sobre la participación de menores en conflictos armados, la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil, respectivamente, así como la Carta Africana sobre los derechos y el bienestar del niño.

Señor Presidente:

La impunidad generalizada, -que incluye la ausencia de autoridades judiciales y la falta de un sistema judicial operativo- sigue siendo uno de los mayores obstáculos que este país debe superar.

Esta situación se agrava por el frágil contexto de seguridad, la pobreza extrema, la carencia crónica de financiación y las desigualdades regionales.

Se han logrado algunos avances, entre otros la investigación de 14 casos realizada por el Tribunal Penal Especial. El primer veredicto de este tribunal se emitió el 31 de octubre pasado y tres ex miembros de un grupo armado fueron declarados culpables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. El periodo de sesiones de febrero/marzo de la Corte de Apelaciones de Bangui terminó recientemente con la imputación de 32 miembros del grupo armado conocido como “los anti-balakas”, a causa de los actos de violencia cometidos en 2017 en Bangassou y otras comunidades del sureste del país. De los 32 imputados, 28 fueron declarados culpables y sentenciados a diversas penas.

Además, la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación de África Central (CVJRR) ha llevado a cabo sesiones de capacitación y cuenta ya con sucursales en seis ciudades.

Aún así, persisten grandes lagunas en el sistema judicial.

La Corte de Apelaciones de Bambari -que aborda los casos de vulneraciones y abusos de derechos humanos- no ha comenzado todavía su periodo de sesiones. Y la mayoría de los tribunales que se establecieron hace seis años para enjuiciar a los militares acusados de haber perpetrado violaciones de derechos humanos todavía no están en funcionamiento.

Señor Presidente:

Aplaudo los esfuerzos realizados por las autoridades de la CAR para reforzar el marco de protección de los derechos humanos, entre otros el establecimiento de un nuevo equipo de gestión para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

Pero es preciso hacer mucho más para abordar las catastróficas consecuencias del conflicto y frenar los abusos que ocurren día tras día.

Exhorto a todas las partes en conflicto a que pongan fin a estas atrocidades. Sobre las autoridades recae la responsabilidad de velar por la protección de los civiles y llevar ante los tribunales a todos los autores de estos delitos.

La puesta en marcha y el pleno funcionamiento de todos los tribunales y otras cortes de justicia, de conformidad con la normativa internacional, es un aspecto decisivo y debe acelerarse. Asimismo, las autoridades deben proporcionar todo su apoyo a la justicia de transición, en particular al Tribunal Penal Especial y la CVJRR, a fin de que puedar realizar su trabajo de manera eficaz.

Asimismo, insto al gobierno a que aumente la inversión en los sistemas de educación y salud pública.

En lo tocante a los millones de desplazados internos, es sumamente importante que el gobierno les garantice alojamiento y alimentación adecuada, así como acceso al agua potable y las instalaciones sanitarias.

No hay soluciones sencillas para abordar la complejidad de la violencia en la CAR, con todas sus múltiples consecuencias. Pero las situaciones insoportables exigen respuestas urgentes y decisivas.

Confío en que la comunidad internacional ayude al pueblo de la CAR y le proporcione el apoyo y los recursos necesarios para reconstruir sus vidas.

Muchas gracias.