México: Experta de la ONU preocupada por criminalización, detenciones arbitrarias y largas condenas a defensores indígenas

GINEBRA (8 de noviembre de 2024) – La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado hoy su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos indígenas en México y la imposición de duras condenas contra ellos.

“Me alarma que numerosos defensores indígenas de los derechos humanos no sólo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos”, ha manifestado Lawlor.

La Relatora Especial destacó los casos de 10 defensores indígenas condenados en procesos judiciales que, según ella, indicaban importantes violaciones del debido proceso. “Los defensores de derechos humanos parecen haber sido acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito”, dijo.

Las condenas combinadas de nueve de los 10 defensores sumaron casi 300 años de prisión, mientras que uno de los defensores -el líder zapoteca Pablo López Alavez- lleva 14 años detenido sin sentencia. En 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la privación de libertad del Sr. López era arbitraria.

La Relatora Especial citó los siguientes casos: David Hernández Salazar, condenado a 46 años y 6 meses de prisión; Kenia Hernández Montalván, condenada a 21 años y 9 meses; Tomás Martínez Mandujano, condenado a 43 años y 9 meses; Saúl Rosales Meléndez, condenado a 20 años; Versaín Velasco García, condenado a 58 años; Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez, condenados a 25 años cada uno.

“Estas condenas de larga duración representan el extremo de una tendencia muy preocupante de uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas -muchos de ellos líderes de sus comunidades-, con el aparente fin de limitar su capacidad de proteger a sus comunidades y defender los derechos humanos en general”, afirmó Lawlor.

El trabajo de los 10 defensores se centra en cuestiones que suponen una amenaza para sus comunidades, como el desarrollo, la explotación de los recursos naturales y la tierra, el efecto perjudicial del modelo económico extractivista y la delincuencia organizada.

“Por lo tanto, el impacto de su criminalización y encarcelamiento prolongado va mucho más allá del daño que sufren como individuos y repercute negativamente en sus comunidades”, afirmó Lawlor.

Aunque la Relatora Especial aplaudió la revocación de la sentencia contra David Hernández Salazar, Lawlor dijo que esto sólo demostraba que las acusaciones contra él habían sido fabricadas, “como parece ser también el caso de los otros nueve defensores indígenas de los derechos humanos”.

“Insto a las autoridades competentes a que revoquen las sentencias de Kenia Hernández Montalván, Tomás Martínez Mandujano, Saúl Rosales Meléndez, Versaín Velasco García, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez, y retiren los cargos contra Pablo López Alavez, y los pongan en libertad inmediatamente”, dijo Lawlor.

La Relatora Especial está en contacto con el Gobierno en relación con estas preocupaciones.

Sra. Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Derechos Humanos de la ONU, página de país: México.