Colombia: Expertos gravemente preocupados por la falta de verdad, justicia y rendición de cuentas por asesinatos y otras violaciones de derechos humanos durante el Paro Nacional de 2021

GINEBRA – Tres años después del mortal paro nacional en Colombia, expertos independientes de la ONU* dicen que sigue habiendo una necesidad urgente de establecer la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos resultantes del uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes y su incapacidad para prevenir la violencia y la privación de la vida causada por agitadores anti-paro. Los expertos emitieron la siguiente declaración:

“Tres años después de los eventos de 2021, consideramos inaceptable que las autoridades competentes no hayan avanzado en investigaciones efectivas, de acuerdo con los estándares internacionales, para descubrir los hechos y responsabilizar a los perpetradores. Esta situación permite la impunidad y pone a las víctimas y sus familias en mayor riesgo de amenazas contra su vida y seguridad.

Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno en relación con los casos de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes durante el Paro Nacional, como la instalación de la Mesa Técnica Interinstitucional Permanente para abordar casos de violaciones de derechos humanos en contextos de protestas sociales. La directiva recientemente adoptada por la Fiscalía General de la Nación para el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta es un paso indiscutible en el camino hacia la justicia.

Si bien reconocemos estos pasos positivos, el estancamiento del trabajo de la Mesa Técnica, las fallas en la regulación del uso de armas menos letales en el contexto de las protestas, el retraso en los cambios del marco de la Fiscalía y el retraso en el proceso de justicia podrían equivaler a una negación de justicia.

La falta de progreso en las investigaciones de los 16 casos reportados de asesinatos ilícitos de manifestantes en el contexto de las protestas de 2021 es profundamente preocupante y plantea dudas sobre su efectividad. Los intentos de transferir los procedimientos judiciales a tribunales militares y los incidentes reportados de amenazas e intimidación contra los participantes en los procesos judiciales, incluidos víctimas, testigos, abogados, familias, defensores y defensoras de derechos humanos, y miembros de la sociedad civil, también son extremadamente preocupantes.

El Estado debe garantizar que estas investigaciones se lleven a cabo de manera efectiva, sin más demoras, para procesar y castigar a los responsables de tales violaciones y que se tomen medidas para prevenir su recurrencia. La falta de investigaciones concluyentes obstaculiza la rendición de cuentas y tiene un efecto paralizante en la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica en el país.

Después de tres años, es imperativo que las autoridades competentes aceleren las investigaciones de los posibles casos de privación arbitraria de la vida que ocurrieron en Siloé, en Cali y en toda Colombia durante el Paro Nacional. También instamos a que investiguen los actos de amenazas y acoso que supuestamente han ocurrido desde entonces para que estos casos no queden en la impunidad, y para garantizar los derechos de las familias a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La falta de rendición de cuentas en estos casos también aumenta considerablemente los riesgos para la seguridad de las familias de las víctimas.

Instamos a las autoridades competentes a llevar a los perpetradores ante la justicia y a emprender una reforma profunda del sector de seguridad para garantizar la rendición de cuentas y la no repetición de tales violaciones.”

Los expertos enviaron una carta al Gobierno para expresar sus preocupaciones.