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Comunicados de prensa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La transición en Bangladesh como una “oportunidad histórica» para una gobernanza inclusiva anclada en los derechos humanos y el estado de derecho, según Türk

16 agosto 2024

Manifestantes antigubernamentales celebran en Daca, 5 de agosto de 2024. Las protestas en Bangladesh, que comenzaron en julio como manifestaciones estudiantiles contra unas normas de contratación promulgadas por el gobierno, culminaron el 5 de agosto. © Abu Sufian Jewel / Middle East Image via AFP

GINEBRA - El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, afirmó el viernes que la transición en Bangladesh supone una oportunidad histórica para garantizar una gobernanza anclada en los derechos humanos, la inclusividad y el estado de derecho, y recalcó la necesidad de que los responsables de violaciones de derechos humanos y violencia respondan por sus actos.

“La transición que tienen por delante supone una oportunidad histórica para reformar y revitalizar las instituciones del país, restablecer las libertades fundamentales y el espacio cívico, y dar a toda la ciudadanía bangladesí un papel relevante en la construcción del futuro”, declaró el Alto Comisionado, a la vez que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicaba un informe preliminar sobre las protestas y los disturbios registrados en el país en las últimas semanas.

“La rendición de cuentas por las violaciones y la justicia para las víctimas son fundamentales para el camino a seguir, y tendrán que ir acompañadas de un proceso nacional de reparación”, indicó Türk. “Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente de todas las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos que se han cometido será un primer paso fundamental”.

A raíz de la reinstauración de un sistema de cuotas para la asignación de puestos en la administración pública, las protestas estudiantiles de mediados de junio en Bangladesh, inicialmente pacíficas, fueron seguidas de violencia y graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, con centenares de muertos —entre ellos al menos 32 niños— y miles de heridos.

“Hay indicios claros, que requieren una investigación independiente, de que las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en respuesta a la situación. Entre las presuntas violaciones adicionales, que también merecen una investigación pormenorizada, imparcial y transparente, figuran ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y maltrato, así como restricciones graves al ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica”, según se señala en el informe.

Tras la dimisión del gobierno, el 5 de agosto de 2024, también existen denuncias de saqueos, incendios provocados y ataques contra miembros de minorías religiosas, así como represalias y asesinatos por venganza de miembros del antiguo partido gobernante y la policía. Al parecer, multitudes armadas con palos de bambú, barras de hierro y tuberías agredieron a partidarios del anterior Primer Ministro el 15 de agosto. También habrían atacado y amenazado a periodistas y les habrían impedido grabar en el lugar de los hechos.

En el informe se resalta la importancia de restablecer rápidamente la ley y el orden, y la necesidad de tomar medidas eficaces para evitar más muertes, violencia y actos de represalia.

“Las fuerzas del orden deben recibir instrucciones claras y formación sobre el uso de la fuerza de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Deben proteger a las poblaciones en peligro ante cualquier acto violento de represalia o venganza, incluidas las comunidades minoritarias”.

El Alto Comisionado acogió con satisfacción la iniciativa de varias organizaciones estudiantiles, líderes religiosos y otras personas que forman grupos para proteger a las minorías y los lugares religiosos pertenecientes a comunidades minoritarias. El Gobierno provisional también ha condenado enérgicamente estos actos.

Todos los responsables de violaciones de derechos humanos, como los que utilizaron u ordenaron el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, deben rendir cuentas y las víctimas deben recibir reparación y recursos efectivos, añadió.

Türk acogió con satisfacción la liberación de miles de detenidos y presos políticos de larga duración —incluidas algunas víctimas de desaparición forzada— e instó a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente.

En el informe también se pedía un enfoque sistemático para examinar los nombramientos y ceses en el sector judicial, el sector de la seguridad y otras instituciones.

El Alto Comisionado también anunció que un equipo visitaría Daca la próxima semana para analizar aquellas esferas en las que la Oficina de Derechos Humanos puede apoyar la transición. Además, el equipo examinará las distintas modalidades disponibles para realizar una investigación sobre violaciones de derechos humanos en el contexto de la violencia y los disturbios recientes.

“Tal y como aseguré al asesor principal del Gobierno provisional, el profesor Muhammad Yunus, en nuestra conversación telefónica de esta semana, nos solidarizamos con el pueblo de Bangladesh en estos momentos y nos comprometemos a apoyar al Gobierno provisional para que la transición tenga éxito, sea inclusiva y promueva los derechos de toda la población bangladesí”, señaló Türk.

Para leer el informe completo, haga clic aquí: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/preliminary-analysis-recent-protests-and-unrest-bangladesh

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