GINEBRA (17 de marzo de 2023) - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha apremiado al gobierno de Belarús a que ponga fin a la represión sistemática contra las personas presuntamente críticas al país y a que libere de inmediato a todas las personas detenidas por motivos políticos, en un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado hoy en el que se concluye que se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en todo el país.

El informe se basa en entrevistas realizadas a 207 víctimas y testigos, así como en el análisis de más de 2.500 pruebas, entre ellas, fotografías, vídeos y expedientes médicos y judiciales.

En él se documentan violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional de derechos humanos, como la privación ilícita de la vida y numerosos casos de privación arbitraria de libertad, tortura y maltrato, así como violencia sexual y de género, violaciones del derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y la negación del debido proceso y la igual protección de la ley.

"Nuestro informe retrata un panorama inaceptable de impunidad y destrucción casi total del espacio cívico y las libertades fundamentales en Belarús", afirmó Türk. "El gobierno debe a su pueblo poner freno a esta represión masiva y llevar a cabo investigaciones imparciales y transparentes para garantizar que los responsables de graves violaciones rindan cuentas".

El informe detalla las conclusiones del examen de la situación de derechos humanos en Belarús realizado por la Oficina, por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

Según el informe, las violaciones parecen haber formado parte de una campaña de violencia y represión dirigida intencionadamente contra quienes se oponían —o se consideraba que se oponían— al gobierno o habían expresado opiniones críticas. El informe considera que algunas de estas violaciones pueden constituir crímenes contra la humanidad.

El apaleamiento de miles de manifestantes pacíficos inmediatamente después de las controvertidas elecciones del 9 al 14 de agosto de 2020 fue aprobado en las altas esferas del gobierno, coordinado e incitado abiertamente, según se concluye en el informe. El examen también encuentra motivos razonables para creer que se hizo un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes y detenidos, lo que causó al menos cinco muertes.

"Dado el uso ilegítimo y generalizado de la fuerza, la práctica generalizada y sistemática de la tortura y los tratos inhumanos, incluida la denegación de atención médica, y la situación general de impunidad, el número real de víctimas mortales durante las protestas y las detenciones relacionadas con ellas puede haber sido mayor y merecería otra investigación", se señala en el informe.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas recogió decenas de testimonios de primera mano sobre torturas y recibió cientos de denuncias fidedignas. También documentó más de 100 casos de violencia sexual y de género contra detenidos y detenidas. Pero es probable que toda la magnitud de abusos y violaciones sexuales y de género no llegue a denunciarse por el estigma, el miedo a las represalias y la denegación de acceso al país a los investigadores de derechos humanos de Naciones Unidas.

Desde 2021 se han aprobado más de una docena de enmiendas legislativas dirigidas contra activistas y opositores políticos, que facilitan prácticas como los juicios en ausencia, la privación de la ciudadanía y la confiscación de bienes privados.

Las severas sentencias impuestas por los tribunales son ejemplo de la instrumentalización y el abuso del sistema de justicia contra figuras de la oposición, blogueros y blogueras, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas sindicales y abogados y abogadas, según se apunta en el informe. Además, se ha ampliado el alcance de la pena de muerte. La firma de disposiciones el 9 de marzo que autorizan la pena de muerte para funcionarios y funcionarias y personal del ejército condenados por "alta traición" ilustra aún más el alcance de la represión que se está llevando a cabo.

"La práctica terrible de perseguir y castigar a personas por llevar a cabo una labor legítima en pro de los derechos humanos persiste", explicó Türk y recordó las penas largas de prisión que se han dictado en las últimas semanas, entre otras, contra los líderes de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya y Pavel Latushko; el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski y otros tres miembros del centro de derechos humanos de Viasna; el periodista Andrzej Poczobut; y diez miembros del movimiento obrero "Rabochy Rukh".

A fecha de 17 de marzo, 1.462 personas se encontraban detenidas en Belarús por motivos políticos.

En febrero de 2023, las autoridades habían clausurado 797 ONG, mientras que otras 432 habían echado el cierre para evitar posibles diligencias, cifras que representan la casi totalidad de los grupos de derechos humanos que trabajan en el país. La mayoría de los medios de comunicación independientes bielorrusos se han visto obligados a cerrar —algunos declarados "extremistas"—, además de la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ) más recientemente.

"Es inadmisible que las autoridades bielorrusas estén decididas a perseguir a las personas condenadas por 'actividades extremistas' e incluso lleguen a privarles de su ciudadanía. Esa privación arbitraria de la nacionalidad pone a las personas en riesgo de convertirse en apátridas", aseveró el Alto Comisionado.

Aunque la responsabilidad principal de abordar las violaciones de derechos humanos sigue recayendo en Belarús, el informe insta a los Estados Miembros de Naciones Unidas a que consideren la posibilidad de rendir cuentas mediante procedimientos nacionales basados en los principios aceptados de jurisdicción extraterritorial y universal.

Lea el informe completo aquí