Informe sobre Belarús revela la existencia de violaciones de derechos humanos graves, sistemáticas y generalizadas

Presentación del informe del Alto Comisionado sobre la situación de derechos humanos en Belarús, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2020 y en el periodo posterior (HRC res. 49/36) 

Sr. Presidente,
Excelencias.
Buenos días:

El segundo informe de la Oficina del ACNUDH sobre la situación de derechos humanos en Belarús en vísperas de las elecciones presidenciales de 2020 y en el periodo posterior ofrece constatación adicional de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos en ese país.

El informe se basa en el análisis detallado de 207 entrevistas realizadas en 2022 a víctimas y testigos, así como a otros interesados. Nuestra Oficina compiló, preservó y analizó más de 2.500 pruebas y piezas de información, obtenidas según la metodología establecida.

Llegamos a la conclusión de que al menos cinco personas habían sido víctimas de muertes ilícitas en el contexto de las protestas de 2020. De conformidad con nuestras anteriores conclusiones sobre el uso desproporcionado, generalizado e innecesario de la fuerza, concluimos también que el armamento y los equipos destinados al control de multitudes se usaron de manera innecesaria para dispersar violentamente a los manifestantes en Minsk, por lo menos hasta noviembre de 2020.

Asimismo, recibimos informes fidedignos sobre el uso inncesario de la fuerza contra manifestantes que protestaban contra la guerra durante el referendo constitucional de febrero del año pasado.

Nuestra Oficina también documentó prácticas continuas y generalizadas de tortura y malos tratos contra personas, debidas a su oposición real o supuesta al gobierno o a los resultados oficiales de las elecciones. Por regla general, estas vulneraciones se cometieron tras los arrestos en vehículos de la policía, comisarías o centros de detención. En la mayoría de los casos, los detenidos no recibieron la debida atención médica.

El ACNUDH documentó más de 100 casos de violencia sexual y de género (que afectaron al menos a cuatro muchachos, 36 mujeres y 60 hombres), y examinó más de 180 otros casos documentados de manera verosímil. En el informe se describen casos de violaciones, intentos de violación y amenazas de violación, cacheos sobre personas desnudas, inspecciones de orificios y desnudez forzosa. A menudo los actos de violencia sexual y de género fueron perpetrados por hombres que agredían a otros hombres.

En los últimos dos años y medio, las autoridades de Belarús han arrestado y detenido de manera arbitraria a decenas de miles de personas, muchas de ellas por haber participado en manifestaciones pacíficas vinculadas a las elecciones presidenciales de 2020. Los días 27 y 28 de febrero del año pasado, unas 1.500 personas fueron detenidas arbitrariamente por haber participado en manifestaciones pacíficas relativas al referendo constitucional de 2022 y la agresión contra Ucrania.

Posteriormente, los detenidos fueron enjuiciados bajo cargos de “haber violado el procedimiento para celebrar actos de masas”.

En el informe se documentan además numerosas vulneraciones sistemáticas del derecho a recibir un proceso adecuado y un juicio justo, tanto en las instancias administrativas como en las penales. Los abogados siguen sometidos a procedimientos disciplinarios injustos, pérdida de liciencia, y en algunos casos a arrestos, detenciones e imputaciones, simplemente por ejercer sus funciones profesionales.

El ACNUDH sigue documentando la existencia de sanciones severas y desproporcionadas que los tribunales infligen a figuras de la oposición, blogueros, periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y abogados. En 2023, sentencias de ese tipo fueron dictadas contra los dirigentes opositores Sviatlana Tsikhanouskaya y Pavel Latushko, contra cuatro defensores de derechos humanos de Viasna, entre ellos el ganador del Premio Nobel Ales Bialiatski, contra numerosos sindicalistas independientes, entre otros el presidente interino del Sindicato de Trabajadores de la Radio de Belarús, Vasil Berasnieu, y el destacado periodista y miembro de la comunidad polaca de Belarús Andrzej Poczobut. El ACNUDH tiene motivos para creer que estas sentencias tuvieron motivaciones políticas.

Las autoridades redoblaron la represión masiva contra miembros de la sociedad civil, la prensa y la oposición política por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, y la reunión y asociación pacíficas. Hasta el 21 de marzo de 2023, no menos de 1.459 personas fueron detenidas de manera arbitraria, por motivos que el ACNUDH considera que tuvieron motivaciones políticas. Hasta febrero de este año, por lo menos 2.146 personas habían sido condenadas por cargos de “extremismo”, que abarcaban actividades tales como “violaciones graves del orden público”, “insultos al presidente” e “incitación al desorden social”. La mayoría de los medios de prensa independientes de Belarús han sido declarados “extremistas” por las autoridades, adjetivo también aplicado recientemente a la Asociación de Periodistas de Belarús (BAJ). Durante el periodo que abarca el informe y hasta febrero de 2023, el número de ONG clausuradas alcanzó las 797, de las cuales 432 cerraron para evitar el procesamiento penal. En diciembre del año pasado, el Comité de Expertos de la OIT sobre aplicación de convenios y recomendaciones pidió al gobierno de Belarús que abandonara su política de destruir al movimiento sindical independiente y de silenciar las voces de los trabajadores.

Se calcula que, por temor a la represión, al menos 100.000 personas han abandonado el país desde mayo de 2020. Un dato especialmente preocupante para nuestra Oficina son las enmiendas legislativas recientes que permiten despojar de nacionalidad a cualquier persona “condenada por participar en actividades extremistas o por dañar gravemente los intereses de la República de Belarús”, lo que incluye la exigencia de sanciones, los insultos al presidente, la participación en manifestaciones masivas o los daños a la propiedad pública. El concepto de “extremismo” tiene una definición demasiado amplia en la legislación nacional y, al parecer, la fiscalía presentó en 2022 numerosos casos penales basados en imputaciones de “extremismo”. Estas enmiendas, que proporcionan barra libre a la represión y abren la puerta a la apatridia, deben revocarse.

Asimismo, en julio de 2022, el Código Penal fue enmendado para facilitar los juicios in absentia, lo que permitiría encausar a activistas políticos que residen en el extranjero. También en 2022 se amplió el alcance de la pena capital, a fin de incluir actos de terrorismo definidos de manera genérica, lo que abarca actividades que, según la normativa internacional, no se consideran delitos de extrema gravedad. Y lo que es peor, el pasado 9 de marzo se aprobó una ley que amplió aún más el ámbito de la pena capital, al extenderla a los actos de “traición contra el Estado”.

En el informe se documenta de manera exhaustiva el hecho de que las autoridades no han investigado las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos. Por el contrario, la fiscalía inició investigaciones penales e imputó a quienes presentaron las denuncias, lo que pone de manifiesto la ausencia de rendición de cuentas en el plano nacional. La retirada de Belarús del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que entró en vigor el 8 de febrero de este año, representa un nuevo revés para la protección eficaz de los derechos humanos en este país, ya que clausura una vía internacional importante que durante decenios había estado al alcance de la población del país.

Algunas de las vulneraciones de derechos humanos documentadas en el informe podrían constituir delitos de lesa humanidad, si se tiene en cuenta que han sido dirigidas de manera deliberada, generalizada y sistemática contra la población civil, debido a su oposición real o supuesta al régimen, y contra sus demandas de legitimidad electoral. Tal como se recomienda en el informe, insto de nuevo al gobierno de Belarús a que ponga en libertad de manera inmediata a todos los presos condenados por motivos políticos, así como a otras personas detenidas arbitrariamente, y a que ponga fin a todas las demas violaciones de derechos humanos, incluida la represión sistemática de la sociedad civil, la prensa independiente, los grupos de oposición y las organizaciones sindicales.

Deben llevarse a cabo de inmediato investigaciones eficaces, transparentes e independientes sobre todas las vulneraciones de derechos humanos cometidas y han de proporcionarse los remedios adecuados, lo que debe incluir la exigencia de rendición de cuentas a los responsables. Considerando que en las actuales circunstancias existen pocas perspectivas de rendición de cuentas en Belarús, los demás Estados Miembros deberían examinar también la posibilidad de promover la rendición de cuentas mediante procedimientos nacionales, basados en principios reconocidos de extraterritorialidad y jurisdicción universal, coherentes con las normas internacionales relativas al debido proceso y el juicio justo.

La Oficina del ACNUDH lamenta profundamente la persistente falta de colaboración mostrada por las autoridades de Belarús. La Oficina agradece sinceramente la contribución de las víctimas, los supervivientes y los testigos de las vulneraciones de derechos humanos que nos han transmitido sus experiencias y otras informaciones pertinentes. La Oficina extiende también su gratitud a los Estados Miembros, al Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Belarús, a los tres expertos y a otras organizaciones por las ideas y materiales proporcionados, así como por el apoyo que han brindado a la labor de la Oficina y de los expertos.