Informe de las Naciones Unidas pide medidas urgentes para impedir que la Junta Militar de Myanmar reciba ingresos y suministros de armamento

GINEBRA (16 de septiembre de 2022) – Los Estados deben adoptar medidas adicionales para impedir que los militares de Myanmar accedan a ingresos y armamentos, con miras a poner fin a la represión que ejercen contra su pueblo, según expresa un informe dado a conocer hoy por la Oficina del ACNUDH. 

El informe se realizó por encargo del Consejo de Derechos Humanos para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas previamente por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar (FFM, por sus siglas en inglés) en relación con los intereses económicos de la Junta Militar de ese país, conocida como Tatmadaw.

En el informe de hoy se reiteran las recomendaciones de la FFM sobre la imposición de sanciones financieras a la Tatmadaw y a sus intereses económicos, así como la implantación de embargos sobre el suministro de armamentos, y al mismo tiempo se hace hincapié en que esas medidas deben respetar los derechos humanos y que es preciso realizar esfuerzos para atenuar sus posibles repercusiones socioeconómicas. Según el informe, varios Estados siguen suministrando armamento a Myanmar y colaboran con la Tatmadaw en asuntos militares.

Desde que el denominado Consejo de Administración del Estado llegó al poder, “no ha logrado gobernar de manera provechosa y sostenible, y en vez de eso ha seguido reprimiendo y aterrorizando a la población” de Myanmar, señala el informe.

Aunque se han logrado algunos progresos en relación con las recomendaciones de la FFM de aislar económicamente al Tatmadaw, persisten lagunas considerables, cuya importancia ha aumentado tras el golpe de Estado. Según el informe, las medidas selectivas deberían centrarse sobre todo en el acceso del aparato militar a las divisas extranjeras.

En el informe se insta a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para apoyar al pueblo de Myanmar y garantizar de manera coordinada el aislamiento financiero de la Junta Militar. Las sanciones adecuadas deberían aplicarse en consulta con entidades de la sociedad civil y el movimiento democrático, entre otros los sindicatos y el Gobierno de Unidad Nacional, a fin de evaluar sus repercusiones.

Es evidente que las autoridades militares de Myanmar dan más prioridad a sus campañas militares que a la recuperación económica y el bienestar de la población, señala el informe. En comparación con el presupuesto nacional precedente, el gobierno militar ha aumentado en 2022/2023 los recursos destinados a la defensa, al tiempo que reduce las asignaciones destinadas a la educación, la salud pública y el bienestar social.

En Myanmar, desde el golpe de Estado la pobreza se ha duplicado, el sistema de salud pública ha quebrado y más de la mitad de los niños en edad escolar no ha tenido acceso a la enseñanza en los dos últimos cursos, señala el informe.

En el documento también se revela que varios Estados y corporaciones comerciales siguen manteniendo relaciones con empresas estatales en diversos sectores.

Todas las empresas que operan en Myanmar o que reciben financiación de ese país deberían adoptar medidas para garantizar que su actividad no beneficia económicamente a la Junta Militar, incluso mediante evaluaciones permanentes y transparentes de su repercusión en materia de derechos humanos, señala el informe.