Palabras de apertura de Georgette Gagnon, Directora de operaciones en el terreno del ACNUDH, en la conferencia de prensa celebrada en Goma (RDC)

24 de agosto de 2017

Buenos días y gracias por acompañarnos en el día de hoy.

A lo largo de la pasada semana tuve la oportunidad de visitar Kinshasa y Kananga antes de llegar esta mañana a Goma. Me encuentro en la República Democrática del Congo en calidad de directora de las 60 operaciones sobre el terreno de la Oficina del ACNUDH, con el propósito de reforzar nuestro compromiso con las autoridades de este país y analizar la situación de derechos humanos durante un periodo especialmente sensible para la RDC. Me he reunido con autoridades nacionales y locales, con oficiales del ejército y funcionarios judiciales, con representantes de la sociedad civil y responsables nacionales del ámbito de los derechos humanos, así como con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos. También visité un centro de reclusión en Kananga y hablé con los presos.

La República Democrática del Congo está sumida en una crisis multifacética -política, económica, humanitaria y de derechos humanos-. Ante una incertidumbre cada vez mayor en cuanto a la fecha de las elecciones, los crecientes problemas de índole económica y los intentos por parte de las autoridades de silenciar a la oposición, en la Oficina del ACNUDH estamos especialmente preocupados por la posibilidad de que la situación de derechos humanos pueda deteriorarse aún más.

Durante mi visita a Kananga, en Kasai central, he podido escuchar los relatos en primera persona de víctimas que me han explicado cómo sus familiares y vecinos habían sido asesinados, cómo habían saqueado sus pertenencias, cómo se han visto obligados a huir y han sido objeto de las extorsiones habituales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército. Estos hombres, mujeres y niños siguen a la espera de algún tipo de indemnización, que ni la justicia ni el ejército les han proporcionado hasta ahora. Las autoridades del Estado tienen la obligación de servir y proteger al pueblo congoleño. Un primer paso significativo sería el reconocimiento de los abusos y las violaciones de derechos humanos que han sufrido las víctimas, sin importar si sus autores pertenecen a grupos armados o a las fuerzas de seguridad del Estado.

Hacemos un llamamiento a las autoridades nacionales para que apliquen medidas que pongan fin al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el ejército y que garanticen la exigencia de responsabilidades a quienes cometen dichas violaciones, independientemente de su rango o afiliación.

Como todos ustedes saben, el pasado mes de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas constituyó un equipo internacional de expertos con el fin de esclarecer los hechos y las circunstancias en torno a las recientes violaciones de derechos humanos en las provincias de Kasai. Se espera que dicho equipo, cuya oficina estará ubicada en Kananga, llegue a la RDC en las próximas semanas. El equipo trabajará de manera independiente, con arreglo a las normas y prácticas internacionales, con el fin de analizar las graves acusaciones de violaciones y abusos cometidos por las milicias y las fuerzas de seguridad del Estado.                           

El contexto propicio para un proceso electoral digno de crédito está mermando a pasos agigantados. En lo que llevamos de año, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha podido documentar que 225 miembros de organizaciones de la sociedad civil y 31 trabajadores de los medios de comunicación han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Sólo aquí en Goma, en el último año, 15 defensores de derechos humanos han sido arrestados por participar en manifestaciones pacíficas.

Las autoridades locales, provinciales y nacionales tienen la obligación y la responsabilidad de velar por el pleno respeto de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión y asegurar que se facilite su ejercicio, de conformidad con la Constitución de la RDC. Deberían tomarse en serio todas las acusaciones o amenazas contra los defensores de derechos humanos o los periodistas y es preciso adoptar medidas que les permitan realizar su trabajo con garantías y sin temor a represalias. Instamos al gobierno a que apruebe una legislación estricta que proteja a los activistas de derechos humanos y el importante trabajo que llevan a cabo, con arreglo a las normas internacionales. También pido al gobierno que promulgue una ley relativa a las manifestaciones.         

En nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quisiera reiterar nuestro inquebrantable apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la RDC y reafirmar nuestra colaboración con sus gobernantes -que dura ya 21 años- para seguir impulsando los derechos humanos. Por otra parte, apremiamos a los responsables políticos a que destinen los recursos necesarios a la justicia civil y militar y a las instituciones nacionales de derechos humanos. También hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que mantenga su compromiso con los asuntos relacionados con los derechos humanos en la RDC.                 

Los hombres y las mujeres de la RDC con los que hemos conversado durante esta visita comparten la sensación de incertidumbre ante el futuro. Si las múltiples crisis a las que nos enfrentamos no se resuelven con buena voluntad y transparencia, y con la participación de un amplio espectro de interesados, las consecuencias pueden ser nefastas. La Oficina del ACNUDH  insta a todas las partes a atemperar las tensiones y, en concreto, exhorta a los líderes políticos a que muestren su liderazgo y antepongan los intereses del país y los derechos humanos de los congoleños a cualquier otro interés.

FIN