Diez años después, los supervivientes del vertido tóxico ilegal realizado en Côte d’Ivoire siguen sin saber qué pueden esperar.

Décimo aniversario del “incidente del Probo Koala” – Viernes 19 de agosto de 2016

GINEBRA (17 de agosto de 2016) – En un comunicado elaborado con motivo del décimo aniversario del vertido tóxico ilegal realizado en Côte d’Ivoire, un grupo de expertos* de las Naciones Unidas insta al gobierno de ese país, a todos los Estados responsables y a la comunidad internacional a que aprovechen la ocasión para abordar las prolongadas consecuencias que en materia de derechos humanos ha tenido el incidente.

Los expertos piden también a la empresa Trafigura, responsable del “incidente del Probo Koala”, que apoye este proceso mediante la revelación de toda la información disponible acerca del contenido y la naturaleza de los desechos vertidos en Côte d’Ivoire y sobre sus probables consecuencias para la salud y el medio ambiente.

“El 19 de agosto de 2006, el carguero Probo Koala descargó 500 toneladas de residuos tóxicos –el equivalente a más de 12 contenedores de transporte marítimo- en Abiyán (Côte d’Ivoire). Las sustancias peligrosas, que eran propiedad de la empresa angloholandesa de materias

primas Trafigura, fueron arrojadas luego en 18 vertederos de desperdicios de la ciudad, aunque posiblemente se descargaran también en otros lugares que hasta ahora no han sido identificados. Un mes antes, Trafigura había decidido no deshacerse de estas materias tóxicas en los Países Bajos, porque la eliminación adecuada de los residuos hubiera sido más costosa. Según cálculos oficiales, 15 personas murieron, 69 fueron hospitalizadas y más 108.000 tuvieron que recibir tratamiento médico tras el denominado ‘incidente del Probo Koala’.

Transcurridos diez años de aquellos hechos, los supervivientes del vertido tóxico y otros residentes de Abiyán siguen sin saber qué peligros se ciernen sobre su salud. Los residentes todavía se quejan del mal olor que emiten los desechos los días de mucha lluvia y de dolores de cabeza, afecciones cutáneas y padecimientos respiratorios, que creen que están relacionados con el incidente. Muchas víctimas no han recibido tratamiento adecuado para los problemas de salud causados por el incidente y, según los informes, no han podido pagar por la asistencia médica, en particular después de octubre de 2006, cuando concluyó el principal tratamiento gratuito.

Los supervivientes todavía no saben qué contenían los desechos tóxicos, ni si los vertederos han sido limpiados adecuadamente o si las toxinas han contaminado el suministro de agua o la cadena alimentaria. Conscientes de las repercusiones negativas de larga duración que los materiales peligrosos pueden tener sobre las aguas y los suelos, existe una gran preocupación por la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones venideras.

El gobierno de Côte d’Ivoire debe aprovechar la ocasión que le ofrece este décimo aniversario para abordar las prolongadas consecuencias del vertido sobre la salud y el medio ambiente, y debe recabar asistencia económica y técnica adicional ante los expertos en salud pública y la comunidad internacional en general.

En un país que se encuentra en situación de post conflicto, como es el caso de Côte d’Ivoire, resulta aún más esencial que la comunidad internacional apoye esta labor. Habida cuenta de la función que han desempeñado en estos sucesos, los gobiernos de los Países Bajos y el Reino Unido, donde Trafigura está registrada, tienen una responsabilidad particular en cuanto a este respaldo.

Numerosas víctimas informan también de que todavía no han recibido reparación. Se calcula que sólo el 63 por ciento de las víctimas registradas han recibido compensación con arreglo al acuerdo resolutorio suscrito en febrero de 2007 entre la empresa Trafigura y el gobierno de Côte d’Ivoire. Al parecer, las asociaciones de víctimas no fueron consultadas antes de la firma del acuerdo.

Aunque otras 30.000 víctimas debían de recibir compensación tras el acuerdo alcanzado en septiembre de 2009 en relación con una demanda civil presentada contra Tranfigura en el Reino Unido, los informes indican que los fondos destinados a 6.000 de esos damnificados fueron presuntamente estafados por un grupo fraudulento que pretendía representar a las víctimas en Côte d’Ivoire.

Los responsables de la estafa fueron condenados a 20 años de cárcel el 13 de enero de 2015, en una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Abiyán el 27 de julio de 2016.

Pero ninguno de ellos ha sido arrestado y tampoco se han cursado órdenes de detención en su contra. Instamos al gobierno de Côte d’Ivoire a que ejecute esta sentencia lo más pronto posible. Tal como señalan los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el acceso a remedios eficaces es decisivo para abordar los daños causados por las corporaciones.

Asimismo, el marzo de 2015 el Reino Unido se negó a iniciar una investigación penal acerca de si la subsidiaria de Trafigura con base en Londres había conspirado en el Reino Unido con el fin de verter desechos en Abiyán.

Esta falta de acción y de información ha hecho que los damnificados por el vertido tóxico se sientan abandonados y vulnerables a nuevas vejaciones. Algunos de ellos se han afiliado a las numerosas asociaciones creadas en Abiyán con el fin de reclamar compensación adicional a Trafigura. Estas asociaciones han incoado nuevos procesos jurídicos contra la empresa en los Países Bajos y Abiyán.

Nos preocupa que algunas de estas asociaciones hayan podido aprovecharse de la situación para formular promesas de dudoso cumplimiento en materia de compensación, a cambio de cobrarles a las víctimas un pago inicial y un porcentaje de cualquier reparación que logren obtener. El gobierno debe tomar medidas para regular estas asociaciones y velar por que las víctimas no resulten damnificadas dos veces, una por el vertido y la segunda por agentes sin escrúpulos.

En noviembre de 2015, el gobierno de Côte d’Ivoire anunció que se había completado la descontaminación de todos los vertederos. A petición del gobierno de Côte d’Ivoire, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) realizó una auditoría medioambiental de los vertederos en julio de 2016, a fin de verificar la descontaminación. Está previsto que el PNUMA publique sus resultados y recomendaciones a finales del año en curso. El gobierno inició también en fecha reciente un proceso de verificación de la salud de los damnificados en uno de los pueblos más afectados por el vertido.  

Aplaudimos estas medidas e instamos al gobierno de Côte d’Ivoire a que difunda ampliamente las conclusiones del PNUMA, en particular a las comunidades afectadas. Asimismo instamos a las autoridades de ese país y a la comunidad internacional a que adopten medidas eficaces para proteger el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente saludable de todas las víctimas y sus familiares incluso mediante la prestación de tratamientos médicos gratuitos para las consecuencias duraderas sobre la salud y que adopten medidas preventivas ante las amenazas medioambientales.

Instamos también a la empresa Trafigura a que facilite este proceso, mediante la publicación de toda la información de que dispone sobre los contenidos y la naturaleza de los desechos tóxicos y sus probables repercusiones sobre la salud y el medio ambiente”.

(*) Expertos: el Sr. Mohammed Ayat, experto independiente sobre la situación de derechos humanos en Côte d’Ivoire; el Sr. Baskut Tuncak,  Relator Especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión adecuada de residuos y sustancias peligrosas; la Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; el Sr. . Dainius Pûras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Sr. Léo Heller, Relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; y el Sr. Pavel Sulyandziga, actual presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.

Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de las Naciones Unidas para los derechos humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y seguimiento del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en el mundo entero. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son miembros del personal de las Naciones Unidas y no perciben salario alguno por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

Si desea información adicional al respecto, visite:
http://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council

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