Iraq: Las ejecuciones por vía rápida solo acelerarán la injusticia, dijo Zeid

GINEBRA/BAGDAD (1 de agosto de 2016) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó el lunes una grave preocupación ante la creación en Iraq de un comité encargado de formular recomendaciones con miras a acelerar la aplicación de la pena de muerte. 
 
El comité, cuya creación anunció el Primer Ministro Haider Al-Abadi, recibió el encargo de definir los retrasos de procedimiento o legislativos que afectan a la aplicación de las sentencias de muerte dictadas por los tribunales iraquíes.

“Las mujeres, los niños y los hombres de Iraq viven bajo la amenaza permanente de las bombas, los asesinatos y otras atrocidades, en particular de las que perpetra el denominado Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL). En esas circunstancias, es muy fácil dejar que esas atrocidades aticen el fuego de la venganza”, declaró el Alto Comisionado.

“Pero venganza no es lo mismo que justicia. Es indispensable que quienes hayan cometido delitos como ésos, rindan cuentas de sus actos sobre la base de los hechos, las pruebas y un proceso imparcial, según estipula la ley. Habida cuenta de la fragilidad del sistema judicial iraquí y del contexto actual del país, estoy profundamente preocupado porque algunas personas inocentes hayan sido condenadas y ejecutadas y porque esos hechos puedan repetirse, lo que resultaría en errores judiciales importantes e irreversibles”.  

El seguimiento que realizan en Iraq la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas (UNAMI) y el ACNUDH ha puesto de manifiesto una incapacidad permanente de respetar las normas de garantías legales y juicios imparciales, que incluye el uso de la tortura para obtener confesiones. La UNAMI  y el ACNUDH también señalaron la falta de transparencia y el hecho de que las autoridades no facilitan información pública oportuna sobre las ejecuciones. La aplicación de las sentencias dictadas por los tribunales, entre otras las penas capitales, es un asunto de interés público. Las ejecuciones, cuando se llevan a cabo, deben realizarse de manera transparente, con una divulgación pública completa, de conformidad con la obligación de respetar las garantías procesales. 

El 6 de julio, el Ministro de Justicia de Iraq anunció que desde principios de 2016 se habían ejecutado 45 sentencias de muerte, que en breve se realizarían tres ejecuciones más y que se presentarían al parlamento las enmiendas del marco jurídico que permitirán acelerar la aplicación de la pena capital. El 23 de julio, el Primer Ministro anunció la creación del comité. Se calcula que unas 1.200 personas están actualmente condenadas a muerte en Iraq, entre ellas varios centenares que han agotado el procedimiento de apelación y han recibido el decreto final firmado por el presidente. El gobierno iraquí no ha confirmado estas cifras y sólo suele anunciar las ejecuciones mucho después de que éstas se han llevado a cabo.

“Las ejecuciones expeditivas sólo contribuirán a acelerar la injusticia”, declaró Zeid. “El pueblo de Iraq merece justicia. Insto firmemente al gobierno a que no adopte ninguna medida que pueda debilitar aún más la administración de justicia y menoscabar los derechos de las personas sujetas a procesos penales”.

El Alto Comisionado reiteró su llamamiento al gobierno de Iraq para que ponga fin al uso de la pena capital, en cumplimiento de las resoluciones 62/149 (2007), 63/168 (2009), 65/205 (2010) y 67/176 (2012) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la implantación inmediata de una moratoria en la aplicación de la pena de muerte y “que reduzca al número de delitos que pueden castigarse con la pena capital”.

FIN

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