Informe de las Naciones Unidas sobre Libia documenta un rosario de abusos y violaciones en medio del caos

GINEBRA (25 de febrero de 2016) – Un informe* de las Naciones Unidas publicado el jueves documenta numerosas violaciones y abusos cometidos en Libia desde el inicio de 2014. En el informe se recomiendan medidas urgentes para combatir la impunidad y fortalecer y reformar el sector judicial

“A pesar de la situación de derechos humanos existente en Libia, sólo de vez en cuando este país figura en los titulares de prensa. Numerosos agentes –tanto estatales como no estatales- están acusados de violaciones y abusos muy graves que, en muchos casos, podrían considerarse crímenes de guerra”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Las violaciones y los abusos documentados tienen que ver con:

• Muertes ilícitas: Se informó de casos en todas las zonas en conflicto, cometidos por la mayoría de los grupos armados desde 2014, entre otros, ejecuciones de personas que habían sido capturadas, arrestadas, secuestradas o a las que se consideraba que manifestaban su desacuerdo.
• Ataques indiscriminados: Desde 2014, numerosos ataques parecen haber sido de tipo indiscriminado y, en particular, han repercutido en zonas residenciales densamente pobladas, entre otras en Bengazi, Trípoli, Warshafana, la zona montañosa de Nafusa y el sur de Libia. No se han adoptado las precauciones suficientes para proteger a los civiles y a otras personas y objetos que deben recibir protección en virtud del derecho internacional humanitario, entre otras las instalaciones médicas, las ambulancias, el personal sanitario y los trabajadores humanitarios. 
• Tortura y malos tratos: El uso de la tortura está generalizado, particularmente en los centros de detención, y hay informes de palizas con tubos de plástico o cables eléctricos, suspensión prolongada en posturas agotadoras, confinamiento solitario, choques eléctricos, privación de agua o alimentos, amenazas de índole sexual y extorsión. La tortura ha causado la muerte de numerosos detenidos en diversos centros de detención, entre ellos en varias unidades de la policía militar y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas.
• Detención arbitraria: Desde el conflicto armado de 2011, miles de personas permanecen detenidas, en su gran mayoría sin que sus casos hayan sido objeto de un examen adecuado. A algunos se les ha mantenido en lugares secretos o en instalaciones anónimas administradas por grupos armados. Habida cuenta del limitado funcionamiento de los tribunales, ha habido pocas apelaciones para determinar la legalidad de esas detenciones y, aun en casos en que se ha dictado una orden de excarcelación, ésta no siempre se ha ejecutado.
• Secuestros y desapariciones: Cierto número de desapariciones se ha atribuido a las fuerzas del Estado y a los grupos armados.
• Violencia de género y discriminación contra las mujeres: Desde 2014 los grupos armados han realizado una serie de ataques contra las activistas. Los asesinatos de activistas muy conocidas, tales como Salwa Bugaighis, Fareeha Al-Berkawi e Intissar Al-Hasaeri, y las amenazas, el acoso y las agresiones dirigidas a muchas otras parecen urdidos para enviar un mensaje general de que las mujeres no deben opinar en la esfera pública. Los informes sobre violencia sexual han sido muy difíciles de documentar debido al temor de las víctimas a las represalias, la estigmatización, la presión familiar o los traumas. En un caso, una mujer declaró que los miembros de un grupo armado la habían secuestrado en Trípoli y que la habían drogado y violado en numerosas ocasiones, durante seis meses. Asimismo dijo que seis niñas, algunas de no más de 11 años de edad, fueron objeto de violencia sexual por miembros del mismo grupo.
• Defensores de derechos humanos y periodistas: Desde 2014, los defensores de derechos humanos han sido blancos de asesinatos, intentos de asesinato, secuestros, amenazas, vigilancia y requisas en sus hogares y oficinas. El miedo que esos actos han generado, la notoriedad de las víctimas y la impunidad de la que disfrutan quienes los cometen, han obligado a muchos defensores de derechos humanos a esconderse o a huir. Los periodistas también han sido objeto de asesinatos, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y secuestros
• Migrantes: Especialmente vulnerables a la explotación y el abuso por parte de las autoridades, los grupos armados y los contrabandistas, numerosos migrantes han padecido detenciones arbitrarias prolongadas, tortura, trabajos forzados, tráfico de personas y violencia sexual. Los que proceden del África subsahariana han corrido riesgos particulares, mientras que las mujeres migrantes han afrontado la violencia sexual y la explotación, tanto en los centros de detención como fuera de ellos. Un elevado número de migrantes siguen detenidos, sin acceso a proceso judicial de ningún tipo, y tan sólo en el oeste de Libia hay al menos 3.245 de ellos.
• Los niños: También se han documentado casos de reclutamiento forzado y de utilización de niños en las hostilidades, por parte de grupos subordinados al Estado Islámico de Irak y el Levante. Según los informes, a algunos de esos niños los obligaron a recibir instrucción religiosa y militar, y a ver vídeos de decapitaciones, y otros fueron víctimas de abusos sexuales.   

“Uno de los aspectos más chocantes de este informe es la total impunidad que sigue prevaleciendo en Libia y los fallos sistémicos del aparato judicial”, afirmó Zeid.

“Este informe pone claramente de manifiesto que el sistema judicial carece de los medios para realizar investigaciones rápidas, independientes y creíbles o para procesar a los responsables de abusos o violaciones de derechos humanos”, añadió el Alto Comisionado.

Desde 2014, jueces y fiscales han sido víctimas de asesinatos, atentados con bombas en los tribunales, agresiones y secuestros. A consecuencia de lo anterior, las cortes de Derna, Sirte y Bangazi suspendieron sus actividades en 2014, aunque éstas se reanudaron parcialmente en Bangazi en 2015, y las víctimas han tenido escasas posibilidades de obtener protección o remedios eficaces. Esta impunidad propicia nuevos abusos.  

“Cuando falta la protección adecuada, el sistema judicial no puede impartir justicia”, reza el informe, que señala además que el dispositivo para proporcionar seguridad es “inadecuado y fallido”, en la medida en que miles de miembros de los grupos armados han sido incorporados a la Policía Judicial, con muy poca investigación previa.

Al tiempo que reconoce los retos considerables que afrontan las autoridades, el informe recomienda que se adopten medidas urgentes para detener la proliferación de grupos armados mediante el desarme, la desmovilización y la reintegración, y a través de un programa de investigación que permita descartar a las personas responsables de violaciones o abusos de derechos humanos o evitar su contratación.

El informe pide también a la comunidad internacional que garantice que la Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción sobre Libia, dispondrá de los recursos necesarios para realizar sus investigaciones y procesamientos.

El informe sugiere además algunas medidas prioritarias, entre otras:

• Abordar las amenazas a la seguridad de la administración de justicia.
• Reformar la Policía Judicial.
• Implantar un sólido programa de protección de víctimas y testigos.
• Establecer una estructura judicial especializada dentro de los tribunales libios que preste atención específica a los delitos que vulneran el derecho internacional.
• Celebrar una reunión de alto nivel que congregue a agentes libios y asociados internacionales, a fin de debatir las iniciativas encaminadas a aumentar la exigencia de responsabilidades en Libia.  
• Elaborar una relación de las personas responsables de planificar, dirigir o perpetrar actos que violan el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario o de perpetrar actos que constituyan abusos de derechos humanos, a tenor del sistema de sanciones del Consejo de Seguridad, y al mismo tiempo velar por que toda sanción que se imponga vaya acompañada de salvaguardas rigurosas del procedimiento que garanticen las normas relativas a las garantías procesales.  

*Este informe se elaboró sobre la base de una investigación ordenada por el Alto Comisionado, en virtud de la resolución 28/30 del Consejo de Derechos Humanos.

El informe está disponible en dos versiones.

Para acceder a la versión más breve, sírvase visitar:

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_47_E.pdf

Para acceder a la versión más extensa, que contiene un mapa y las conclusiones detalladas de la investigación, sírvase visitar: 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_CRP_3.pdf

FIN

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