Tenemos serias dudas sobre un proyecto de ley presentado en el Parlamento de Kirguistán el cual tendrá consecuencias para la labor de numerosas organizaciones de la sociedad civil y que corre el riesgo de vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión y de asociación.

El proyecto de ley «Representantes Extranjeros» establece responsabilidad penal y penas de hasta 10 años de cárcel por la participación activa en o el apoyo prestado a una organización no comercial y cuyo trabajo se considere que «incite a los ciudadanos a negarse a cumplir con sus deberes como ciudadanos o a cometer actos ilícitos.» Este delito no queda claramente definido, es demasiado amplio y se presta a una interpretación subjetiva. Podría resultar en un enjuiciamiento selectivo de la labor legítima de la defensa de los derechos humanos.

Este proyecto de ley otorga también amplios poderes al Ministerio de Justicia para llevar a cabo inspecciones sin aviso previo de instalaciones y locales, comprobar actividades y confiscar documentación. También exige registrarse como «representantes extranjeros» a aquellas organizaciones no comerciales que participen en lo que se denominan «actividades políticas» y las cuales reciban financiación u otros bienes de fuentes extranjeras. De no hacerlo podría conllevar la suspensión de todas sus operaciones por un período de hasta seis meses, sin necesidad de que se emita una orden judicial.

Solicitamos al Parlamento de Kirguistán que rechace este proyecto de ley.