Nos preocupa profundamente la continua intimidación y acoso a defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil por medio de procedimientos judiciales en Bangladesh, incluido el premio Nobel Mohammad Yunus, conocido por su labor en la reducción de la pobreza a través del Banco Grameen, y dos líderes de la respetada organización de derechos humanos Odhikar.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pide a las autoridades bangladesíes que propicien un entorno seguro para que los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil lleven a cabo su labor esencial para el bienestar y protección de toda la ciudadanía de Bangladesh.

Yunus lleva casi una década sufriendo acoso e intimidación. En la actualidad, se enfrenta a dos juicios que pueden conllevar penas de prisión: uno por violación de la legislación laboral y otro por presunta corrupción.

Aunque Yunus tendrá la oportunidad de defenderse ante los tribunales, nos preocupa que las campañas de desprestigio en su contra, a menudo procedentes de las más altas instancias del gobierno, puedan vulnerar su derecho a un proceso justo y a las garantías procesales, de conformidad con las normas internacionales.

Asimismo, hemos seguido de cerca las causas abiertas contra los líderes de la organización Odhikar, Adilur Rahman Khan y Nasiruddin Elan, cuyos veredictos están previstos para el jueves 7 de septiembre. Los cargos se basan en un informe de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales que publicaron hace 10 años. Ambos han sido objeto de acoso e intimidación, y no se les ha renovado la licencia de la organización.

El acoso judicial a líderes de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras voces disidentes es una señal preocupante para el espacio cívico y democrático de Bangladesh. Estos casos constituyen, al mismo tiempo, una prueba importante para la independencia del poder judicial en Bangladesh.

El Alto Comisionado insta a las autoridades judiciales a que se revise con más rigurosidad estos casos y, por ende, se asegure la aplicación estricta y coherente de los derechos a un proceso justo y a las garantías procesales.

Igualmente, estamos estudiando de cerca la nueva Ley de ciberseguridad que se ha presentado al Parlamento para sustituir a la problemática Ley de seguridad digital.  Esta nueva ley sustituirá las penas de prisión por multas y dejará más margen a la libertad bajo fianza para varios delitos, aunque es muy importante que el Parlamento aborde las cuestiones restantes para impedir el uso continuado y arbitrario de la ley para reprimir la libertad de expresión.

FIN