No hay duda de que la ciberdelincuencia tiene que abordarse y regularse directamente. Sin embargo, nos preocupa profundamente la nueva ley sobre ciberdelincuencia que va a entrar en vigor en breve en Jordania.

La nueva ley restringe y penaliza indebidamente las actividades en línea que realicen personas y organizaciones. Impone penas por publicar contenido que pueda ofender a agentes del orden. Este hecho podría acallar las críticas y socavaría la responsabilidad pública. También sanciona la elusión de direcciones IP y permite la eliminación o el bloqueo de contenido por parte de las autoridades sin la debida supervisión judicial.

Entre los delitos cibernéticos amplios y vagos que se definen en la legislación se encuentran "fomentar, instigar, ayudar o incitar a la inmoralidad", "difamación", "incitar a la sedición o socavar la unidad nacional" y "el desprecio por las religiones". Estas formulaciones apuntan al contenido de la expresión en línea, están abiertas a interpretaciones amplias y no cumplen con los requisitos de legalidad, objetivo legítimo, necesidad y proporcionalidad contemplados en el derecho internacional de derechos humanos para las restricciones al derecho a la libertad de expresión.

La ley establece penas de prisión de una semana a tres años, y multas que varían de unos 423 a 105.000 dólares estadounidenses (de 300 a 75.000 dinares jordanos) en función del delito.

Nuestras preocupaciones por esta ley son aun mayores debido al aumento de la intimidación, el acoso y el arresto de activistas frente a la reducción del espacio cívico en Jordania. La anterior Ley sobre ciberdelincuencia de 2015, a la cual sustituye esta legislación, se ha empleado para detener a numerosos defensores de derechos humanos y periodistas por cargos de "difamación".

En un caso reciente, se condenó al periodista satírico Ahmed Hassan Al-Zoubi a un año de prisión el 9 de agosto en virtud de la ley vigente por su publicación en Facebook en diciembre, en la que se criticaba la gestión de una huelga de camioneros por parte de las autoridades.

Reconocemos la necesidad de que los Estados adopten medidas para luchar contra la ciberdelincuencia, aunque la protección de la seguridad en línea y la garantía de las libertades en línea deben tratarse como objetivos complementarios.

Una estrategia contra la ciberdelincuencia debe basarse en el derecho internacional de derechos humanos, así como ser clara y centrarse en los ciberdelitos clave, además de evitar la determinación de delitos basados en el contenido de la expresión en línea.

La promulgación rápida de la legislación —presentada ante el Parlamento el 15 de julio, adoptada el 2 de agosto y aprobada por el Rey el 12 de agosto— suscita dudas en cuanto a la transparencia y la participación.

Exhortamos a las autoridades jordanas a que reconsideren esta legislación, con vistas a garantizar el cumplimiento del derecho internacional de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vigente en Jordania.

Instamos a las autoridades a que aprovechen los conocimientos técnicos disponibles, como los especialistas informáticos, los expertos jurídicos y las organizaciones relevantes de la sociedad civil, así como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para idear una legislación que aborde las ciberamenazas legítimas al mismo tiempo que se salvaguardan los derechos humanos fundamentales.