Comunicado de prensa sobre (1) Iraq, (2) Líbano/Túnez/Jordania (3) Uzbekistán

Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Liz Throssell
Fecha: 22 de agosto de 2017
Lugar: Ginebra
Tema: Estado Islámico de Irak, Líbano, Túnez, Jordania y Ubekistán

(1) IRAQ

En el día de hoy hemos publicado un informe realizado conjuntamente con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Iraq (UNAMI, por sus siglas en inglés) en el que exhortamos al gobierno de Iraq a hacer cuanto esté en su mano para que los miles de mujeres y niñas supervivientes de las violaciones y la violencia sexual perpetrada por milicianos del  Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) reciban cuidados, protección y justicia y para que los niños nacidos como resultado de dicha violencia no se vean abocados a una vida marcada por la discriminación y los abusos.  

Las mujeres y las niñas que se encuentran bajo control del EIIL, en especial las mujeres de la comunidad yazidí, entre otras minorías, se han visto especialmente afectadas por los abusos de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario y, muy especialmente, por las violaciones y agresiones sexuales, los desplazamientos forzosos, los secuestros, la privación de libertad, la esclavitud, las conversiones religiosas forzadas y, en general, todo tipo de trato cruel, inhumano y degradante.

El Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein afirmó que los daños físicos, mentales y emocionales infligidos por el EIIL, “superan la capacidad de comprensión humana” y que, a fin de que las víctimas puedan reconstruir sus vidas y las de sus hijos, necesitan que se haga justicia y que se les indemnice por los daños sufridos.

El Gobierno de Iraq está obligado, tanto en virtud de legislación nacional como con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, a procurar que todas las víctimas accedan a la justicia y las compensaciones a las que tienen derecho.

Este deber incluye la exigencia de que los presuntos agresores respondan de sus actos en juicios celebrados ante tribunales independientes e imparciales y llevados a cabo con una perspectiva de género, de manera que no se perpetúe el sufrimiento de las víctimas.

En el informe se destaca que, tanto el gobierno de Iraq como el gobierno regional del Kurdistán, han adoptado algunas medidas positivas para proteger los derechos de las mujeres y las niñas y  atender a las necesidades de quienes han sido víctimas de abusos a manos del EIIL. Sin embargo, el conjunto del sistema judicial ha fallado a la hora de proteger a las víctimas. Según se señala en el informe, todavía son necesarios cambios legislativos e institucionales de calado para que las víctimas tengan acceso a la justicia y reciban la atención y la protección adecuadas durante los procesos judiciales.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por aliviar el sufrimiento de las víctimas y prestarles los servicios necesarios, todavía persisten problemas considerables. En el informe se hace hincapié en la necesidad de que las mujeres y las niñas dispongan de modalidades de apoyo adecuadas de tipo médico, psicológico, económico y en relación con sus medios de subsistencia.

Los autores del informe también hacen patente su preocupación en relación con los acuerdos suscritos por representantes de las tribus en algunas provincias. En estos acuerdos tribales se incluyen disposiciones relacionadas con el desahucio de las familias que tienen algún tipo de conexión con el EIIL y la confiscación de sus bienes con el fin de compensar a las víctimas.

También es muy preocupante la situación de cientos de niños nacidos en zonas controladas por el EIIL que carecen de partida de nacimiento o cuyos certificados emitidos por el EIIL no son aceptados ni por el gobierno de Iraq ni por el gobierno regional de Kurdistán. Para inscribir un nacimiento se requiere que los padres acrediten su estado civil y que dos testigos confirmen las circunstancias del nacimiento -algo que resulta extremadamente difícil en el caso de los niños cuyos padres pueden estar fallecidos o desaparecidos, cuando no se conoce la identidad del padre o cuando el niño ha sido abandonado o vive en un campo de desplazados, donde no funciona ningún tipo de tribunal o registro civil.

Los niños nacidos en territorio controlado por el EIIL tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano iraquí. El gobierno debe velar por que estén protegidos de la marginalidad y de los abusos y que no se vean expuestos a la discriminación porque en sus certificados de nacimiento conste que nacieron fuera del matrimonio o que tuvieron un padre relacionado con el EIIL. Tampoco deberían quedar sin registrarse sus nacimientos, por el consiguiente riesgo de que se vean afectados por la apatridia, la explotación o la trata de seres humanos.

En el informe se formulan recomendaciones, especialmente sobre aspectos relacionados con el acceso a la justicia, la prestación de apoyo y cuidados a las víctimas, los servicios de información y asesoramiento para la reunificación de las familias separadas y la importancia de inscribir los nacimientos.

(2) LÍBANO / TÚNEZ / JORDANIA

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, elogió hoy la derogación de las leyes de Líbano, Túnez y Jordania que permitían a los violadores eludir las condenas si contraían matrimonio con sus víctimas. En estos tres países, y a lo largo de las últimas tres semanas, se ha producido una serie de importantes cambios legislativos.  

En palabras del Alto Comisionado recogidas en el comunicado de prensa que hemos emitido hoy, “castigar a una víctima de violación obligándola a casarse con su agresor es un crimen espantoso y en el mundo actual no hay cabida para leyes tan odiosas”. 

El 16 de agosto, Líbano votó en favor de derogar el artículo 522 del código penal, que establecía que, si una persona acusada de violación accedía a casarse con la víctima, el acusado se libraría del proceso penal.

Dos semanas antes, el 1 de agosto, los legisladores jordanos habían votado a favor de abolir una disposición similar, en concreto el artículo 308 del código penal.

El 26 de junio, el parlamento de Túnez adoptó una ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres que elimina la impunidad de los culpables y reconoce que la violencia contra la mujer puede ser económica, sexual, política y psicológica.  La ley entrará en vigor el año que viene. Este año Túnez también ha creado dos instituciones de derechos humanos que trabajan en los ámbitos de la trata de personas y la promoción de la igualdad y las libertades individuales.

Todas éstas son arduas victorias, logradas solo gracias a las incansables campañas coordinadas durante años por defensores de derechos humanos y, en especial, por mujeres activistas, en Túnez, Líbano y Jordania. El Alto Comisionado insta a los gobiernos y a los pueblos de esos países -y de otros países de la región- a que aprovechen este impulso positivo y continúen trabajando por la abolición inmediata de cualesquiera otras leyes que condonen la violencia sexual contra las mujeres y las niñas y que perpetúen la discriminación contra ellas, en lo que constituye una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos.

En Líbano, por ejemplo, el artículo 505 del Código Penal sigue permitiendo la exculpación de un acusado de mantener relaciones sexuales con una menor si se casa con su víctima, mientras que el artículo 508 permite la violación en el seno del matrimonio. Zeid ha solicitado la abolición del artículo 505 y la penalización de la violación marital.

(2) UZBEKISTÁN

Acogemos con satisfacción la noticia de que Erkin Musaev, un antiguo funcionario de las Naciones Unidas, ha sido liberado por las autoridades uzbekas 11 años después de su detención en el aeropuerto de Tashkent, cuando se disponía a participar en un seminario regional.

Musaev, que trabajaba como director para Uzbekistán de un programa conjunto de la Unión Europea y el PNUD, fue juzgado en tres causas diferentes en 2006 y 2007, y fue condenado a sentencias de 15, 6 y 4 años respectivamente.

En 2008, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria dictaminó que no había tenido un juicio justo y que su detención se había producido de manera arbitraria. Posteriormente, varios Procedimientos Especiales y el Comité de Derechos Humanos retomaron su caso, al igual que tres sucesivos Altos Comisionados para los Derechos Humanos.
El Alto Comisionado actual, Zeid Ra’ad Al Hussein, evocó el caso del señor Musaev en su reunión con el presidente Shavat Mirziyoyev durante la que fue la primera visita a Uzbekistán de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el pasado mes de mayo.*      

Durante la visita, Zeid expresó su satisfacción por la excarcelación de varios presos políticos desde que el señor Mirziyoyev accediera a la presidencia en diciembre de 2016 e instó a las autoridades a que liberasen a todos los prisioneros políticos, algunos de los cuales, como Erkin Musaev, habían sido condenados a severas penas de prisión después de unos juicios muy controvertidos.             

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Rupert Colville (+41 22 917 9767/ rcolville@ohchr.org o Liz Throssell ( +41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org ) o Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org)

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