Las reiteradas prórrogas del estado de emergencia en El Salvador, el cual lleva ya en vigor desde marzo de 2022, es algo sumamente preocupante, especialmente considerando las consecuencias que esta situación tiene para los derechos humanos de las personas.

Reconocemos la difícil tarea a la que se enfrenta El Salvador para combatir la criminalidad, así como el enorme sufrimiento que han infligido las bandas en el país, las cuales llevan décadas asesinando, violando, robando y extorsionando a la población.

No obstante, debilitar el estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta.

Al menos 68.000 personas han sido encarceladas en El Salvador desde que entrara en vigor el estado de emergencia. De este número, al menos 1.600 personas son menores de edad.

Según un informe reciente publicado por una destacada ONG (Cristosal), al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde que se aplicara el estado de emergencia, la mitad de ellos de forma violenta.

Los grupos de la sociedad civil que llevan a cabo labores de derechos humanos y los medios de comunicación siguen enfrentándose a diversos riesgos y ataques. En 2022, organizaciones de la sociedad civil documentaron 182 incidentes donde defensores y defensoras de derechos humanos, así como periodistas, fueron víctimas de ataques. El 14 de abril de este año, El Faro, un medio de noticias en línea, anunció que iba a trasladar a sus empleados desde El Salvador a Costa Rica, mencionando las campañas de intimidación y de difamación a las que se enfrentan por su trabajo.

Hacemos un llamamiento a las autoridades a levantar el estado de emergencia y revisar las medidas que han introducido. También instamos a las autoridades a investigar de forma inmediata todas las muertes ocurridas bajo custodia en conformidad con las normas internacionales, a exigir responsabilidades a los autores, y a garantizar justicia y reparación para las familias de las víctimas.