El Salvador: Preocupación por las medidas adoptadas en respuesta al aumento de la violencia criminal

Estamos muy preocupados por el conjunto de medidas aprobadas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos cometidos por los pandilleros.

Desde que el pasado 27 de marzo entró en vigor el estado de emergencia, efectivos de la policía y el ejército se han desplegado en las zonas controladas por las pandillas y, según los informes, han recurrido al uso innecesario y excesivo de la fuerza. Más de 5.747 personas han sido detenidas sin orden judicial y, presuntamente, algunas de ellas han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Además de la instauración del estado de emergencia, estamos muy preocupados por algunas de las enmiendas aplicadas al derecho penal y a sus procedimientos. Estas modificaciones plantean graves preocupaciones desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y su normativa, debido a la imposición de sentencias muy severas, incluso a menores de edad, en conjunción con la vulneración de garantías procesales.

Para ofrecerles una idea del asunto:

En los casos que involucran a los pandilleros, los juicios penales pueden realizarse ahora en ausencia de los reos o bajo la presidencia de los denominados “jueces sin rostro”, es decir, de magistrados cuya identidad se mantiene en secreto, mientras se ha suprimido el límite anterior de dos años de detención preventiva. Los adolescentes vinculados a las pandillas que son hallados culpables de delitos graves pueden ser condenados ahora como adultos y cumplir las sentencias en centro de reclusión para mayores y no en reformatorios juveniles. Los que tienen entre 12 y 16 años ahora deben cumplir condenas hasta de 10 años de reclusión, en vez de siete años; y los que tienen de 16 a 18 años, deben cumplir condenas hasta de 20 años.

Nosotros reconocemos los problemas que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y comprendemos que el Estado debe garantizar la seguridad y la justicia. Pero es indispensable que esto se lleve a cabo sin vulnerar el derecho internacional de los derechos humanos.

Recordamos al gobierno de El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, a recibir un juicio justo y a la presunción de inocencia, así como las salvaguardas relativas a los procedimientos jurídicos que protegen esos derechos, están vigentes en todo momento, incluso durante los estados de emergencia. Este principio se aplica sobre todo en lo tocante a los menores de edad.