El estado de emergencia ha estado en vigor en El Salvador durante un año -un periodo en el que las autoridades han adoptado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos-.

El 27 de marzo de 2022 se proclamó inicialmente un estado de emergencia de un mes de duración, que desde entonces se ha renovado periódicamente.

En el ACNUDH comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de velar por la seguridad. Pero el Estado también tiene el deber de hacerlo cumpliendo con el derecho internacional de los derechos humanos.

A lo largo del último año, al menos 65.000 personas han sido detenidas. Algunos de estos arrestos masivos, entre ellos de muchos menores de edad, podrían ser constitutivos de detenciones arbitrarias, ya que al parecer se han basado en investigaciones poco fundamentadas, en el uso de perfiles relativos a la apariencia física de los sospechosos o en los antecedentes sociales de algunos detenidos.

Las condiciones de los centros de reclusión también son objeto de suma preocupación. Hemos recibido denuncias sobre graves vulneraciones de los derechos de los presos, tales como prolongados periodos de confinamiento solitario y reclusos afectados de enfermedades crónicas que no reciben la medicación prescrita por los facultativos. También ha habido informes relativos a otras modalidades de malos tratos.

Resulta particularmente preocupante que, según los informes, 90 personas hayan fallecido en prisión desde que entró en vigor el estado de emergencia y que solo exista información limitada sobre cómo se desarrollan las investigaciones relativas a esos procedimientos.

Los Estados tienen la máxima responsabilidad de proteger la vida de las personas privadas de libertad.

La institución nacional de derechos humanos ha reunido hasta el momento 7.900 denuncias de vulneraciones de derechos humanos cometidas contra los reclusos.

Instamos a las autoridades salvadoreñas a velar por que las personas no sean arrestadas sin la suficiente autorización jurídica y a garantizar que los detenidos gozan de todas las salvaguardas fundamentales, como estipula el derecho internacional de los derechos humanos.

Asimismo, exhortamos a las autoridades a que faciliten el acceso irrestricto de la institución nacional de derechos humanos a todas las instalaciones penitenciarias, para que estas entidades puedan emitir informes periódicos independientes sobre las condiciones de reclusión.

Recordamos a las autoridades que la experiencia acumulada en el plano internacional indica que la aplicación de un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de reintegración social de los reclusos. El derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, y las salvaguardas de procedimiento que protegen a estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante la vigencia de los estados de excepción.  

Para hallar soluciones sostenibles a largo plazo para el delito y la inseguridad, es preciso abordar las causas profundas de la violencia de las pandillas, tales como la desigualdad social, la marginación, la falta de gobernanza y de políticas sociales eficaces. 

FIN