“Nos preocupa que el Parlamento de Turquía haya aprobado el jueves un conjunto de enmiendas a diversas leyes, que amenaza con menoscabar considerablemente la libertad de expresión en ese país.

Una de las enmiendas es una reforma del código penal que estipula condenas hasta de tres años de cárcel “por difundir información falsa”. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión no se limita a la información “verdadera”, sino que se aplica a “ideas e informaciones de toda índole”, tanto en Internet como fuera de ella. Las restricciones a la libertad de expresión solo deben aplicarse con motivos legítimos y necesarios.

Estas enmiendas dejan un margen importante para interpretaciones arbitrarias y subjetivas, y para medidas abusivas. En un contexto que ya es muy restrictivo, las enmiendas plantean el peligro de limitar aun más los derechos de la población a buscar, recibir y difundir información, tal como garantiza el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), del cual Turquía es Estado signatario. Las enmiendas recientes también podrían abrir nuevas vías a la represión de expresiones permisibles amparadas por el derecho internacional, incluso a la labor crítica de los periodistas y defensores de derechos humanos, y además estimular la autocensura.

Lamentamos que estas leyes se hayan redactado y aprobado sin una consulta sustancial con la sociedad civil y los representantes de los medios de comunicación. Los marcos jurídicos y normativos de tanto alcance y potencial repercusión sobre el conjunto de la sociedad solo deberían aprobarse tras debates y deliberaciones públicas de amplio espectro.

La libertad de expresión y el acceso a la información son necesarios para la participación eficaz en la vida pública y política, y resultan esenciales en cualquier democracia. Exhortamos a Turquía a velar por el pleno respeto de la libertad de expresión que garantiza el derecho internacional”.