Resumen

En el presente informe, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advierte de una tendencia creciente de los gobiernos a fragilizar la democracia mediante ataques al estado de derecho y a la independencia de los sistemas judiciales.

Los sistemas de justicia y las personas que trabajan en ese sector desempeñan una función esencial en la salvaguardia de la democracia: garantizar unas elecciones libres y limpias y el traspaso pacífico del poder; hacer respetar los derechos fundamentales; garantizar que la ley se aplique por igual a todas las personas, incluidos los funcionarios del Estado; y contrarrestar el poder excesivo de los actores políticos. No obstante, estas importantes funciones también convierten a los sistemas de justicia en blanco de actores políticos que buscan el poder e intentan debilitarlos o hacerse con el mando.

La Relatora Especial presenta una tipología de técnicas a las que recurren los gobiernos con tendencias autócratas para socavar la capacidad o la independencia de los sistemas de justicia y de sus actores. Estas técnicas consisten en: a) apropiarse de los sistemas y las instituciones de justicia o entorpecer su acción; b) utilizar dichos sistemas de forma abusiva para influenciar o controlar a los actores de los sistemas de justicia; y c) llevar a cabo ataques directos contra jueces, fiscales, abogados y trabajadores de la justicia comunitaria e injerirse en sus actividades.

El 2024 es un “año megaelectoral” en el que votarán los ciudadanos de más de 60 países, lo que representa casi la mitad de la población mundial. La Relatora Especial formula recomendaciones a los Estados y a los actores del sector de la justicia sobre las medidas que pueden adoptar para resistir las tendencias autocráticas, salvaguardar los sistemas de justicia y promover una verdadera gobernanza participativa.