Resumen

En su informe temático sobre los reasentamientos tras los desalojos y los desplazamientos: análisis de una crisis de derechos humanos (A/HRC/55/53), el Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Balakrishnan Rajagopal, hizo un claro llamamiento para reconocer, prevenir y contrarrestar los malos resultados y las repercusiones negativas de los reasentamientos.

Este informe representa un segundo paso en su hacia el desarrollo de principios y directrices para los reasentamientos basados en los derechos humanos, una propuesta que fue bien acogida por el Consejo de Derechos Humanos.

En el informe, el Relator Especial examina y evalúa las leyes, políticas y prácticas actuales de diversos actores de los reasentamientos y esboza los parámetros clave para desarrollar futuras directrices sobre los reasentamientos.

La fase de planificación y diseño de los reasentamientos es crucial para determinar si pueden lograrse soluciones duraderas y basadas en los derechos humanos y si las personas afectadas pueden restablecer con éxito sus vidas, medios de subsistencia y comunidades. Durante esta fase, la atención debe centrarse en garantizar el derecho a permanecer, el derecho al retorno y el derecho al reasentamiento. Esto incluye una participación respetuosa y constructiva en las decisiones sobre los lugares de reasentamiento, el diseño y la ejecución del proyecto, así como acuerdos entre las comunidades afectadas y de acogida basados en el principio de reparto de beneficios. Además, debe garantizarse una financiación adecuada de los proyectos sin socavar la estabilidad macroeconómica de los países, junto con una supervisión, un seguimiento y unos procedimientos de reclamación eficaces. Un enfoque inclusivo, respetuoso, participativo y basado en las alianzas para la planificación y el diseño aumenta en gran manera las posibilidades de éxito de todas las formas de reasentamiento.

Durante la implementación, los Estados deben garantizar el pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos en la asignación de tierras, la prestación de servicios y el desarrollo de las infraestructuras en los lugares de reasentamiento. También deben hacer cumplir las leyes que protegen los derechos humanos, resolver conflictos y proporcionar mecanismos eficaces de reparación.

La supervisión y evaluación posteriores al reasentamiento, junto con la provisión de recursos para la gestión adaptable y las medidas correctivas, son fundamentales para evaluar los resultados y abordar los retos actuales de los proyectos de reasentamiento.

El informe concluye con recomendaciones clave para los Estados, las instituciones de financiación del desarrollo, las organizaciones internacionales y las empresas.