El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados realizó una visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia del 15 al 22 de febrero de 2022. El propósito de la misión era examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, la situación de la administración de justicia.

El Relator Especial felicitó la apertura del Estado Plurinacional de Bolivia a su visita y la franqueza de los diálogos sostenidos. La sociedad boliviana, en sus distintas expresiones, prestó una cooperación invalorable durante la visita con sus análisis, propuestas y sugerencias.

El órgano judicial tiene una estructura basada en la Constitución de 2009, por la que se crearon cuatro jurisdicciones, revalorando la jurisdicción indígena originario campesina. Sin embargo, la legislación posterior limitó su ámbito material. La carrera judicial es muy débil dada la alta proporción de jueces transitorios, así como regulaciones y prácticas que afectan principios básicos como la inamovilidad. Existen dificultades en el acceso a la justicia. Se constató, también, que los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados.

El órgano judicial enfrenta gran rezago procesal en la jurisdicción ordinaria y su cobertura se limita, esencialmente, a áreas urbanas. El Relator Especial también se informó sobre el impacto de la corrupción, que incide en una profunda desconfianza en la administración de justicia. Las víctimas de violencia de género, feminicidio y de las graves violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis sociopolítica de 2019/2020 siguen esperando justicia.

En cuanto a las personas privadas de libertad, un altísimo porcentaje se encuentra bajo detención preventiva, así como en condiciones bastante precarias de detención. El Ministerio Publico enfrenta dificultades en lograr una gestión transparente y eficaz.

El presupuesto del órgano judicial no alcanza siquiera el 0,5 % del presupuesto general de la nación. Existe una crítica extendida sobre el actual sistema de designación por sufragio universal de las altas autoridades judiciales e integrantes del Consejo de la Magistratura.

El Relator Especial observó un acuerdo incipiente entre todos los actores del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la necesidad de avanzar en la modernización, reforma y democratización de la justicia y ve la posibilidad de un gran acuerdo nacional para fortalecerla.

El Relator Especial formuló recomendaciones destinadas a apoyar los esfuerzos de reforma.