Resumen

En julio de 2022, la junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro presos políticos, entre ellos un destacado activista en pro de la democracia y un antiguo diputado. Estos actos intolerables siguen el patrón de la junta de hacer un uso implacable de la violencia contra el pueblo de Myanmar. En los últimos meses, las fuerzas militares han hecho bombardeos sistemáticos de aldeas y han masacrado a civiles inocentes, entre ellos 11 niños de la región de Sagaing que murieron por disparos cuando las fuerzas de la junta atacaron su escuela en septiembre. Los militares han matado a miles de personas y han provocado el desplazamiento de casi un millón desde el golpe. De los más de 12.000 presos políticos, muchos han sido torturados y un número desconocido ha muerto en la cárcel.

En este panorama tenebroso, la sociedad civil de Myanmar es una luz radiante y una fuente de inspiración. Hay activistas, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes comunitarios, periodistas, profesionales de la salud, educadores y otras personas que están asumiendo grandes riesgos para documentar las atrocidades, prestar asistencia humanitaria y atender las necesidades de las comunidades desplazadas y traumatizadas. Las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de mujeres, las redes profesionales, los sindicatos, los sindicalistas y las agrupaciones comunitarias están adoptando estrategias para actuar de forma segura y eficaz en un entorno letal. En muchos casos, las personas y las organizaciones operan con escaso apoyo internacional y pocas posibilidades de comunicarse con el mundo exterior.

En este informe, el Relator Especial presenta la desastrosa situación humanitaria y de derechos humanos de Myanmar y la asombrosa y esencial labor que en el país está realizando la sociedad civil en las circunstancias más adversas. El Relator pide a la comunidad internacional que considere a la sociedad civil de Myanmar como un aliado imprescindible para hacer frente a la crisis por la que pasa el país y que colabore con las redes ciudadanas para prestar asistencia y que dé más apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil.

El destino de Myanmar depende de los activistas, las organizaciones y las redes que se han levantado para desafiar al régimen militar, defender los derechos humanos y preparar un futuro libre y democrático. Necesitan y merecen mucho mayor apoyo de la comunidad internacional.