Declaraciones y discursos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Foro Mundial de Investigación de la OMS sobre COVID Declaración por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
13 mayo 2021
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13 de mayo de 2021
Estimados colegas,
Como médico y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, me complace unirme a ustedes en este debate sobre cómo la investigación puede contribuir a un mundo más sano para poblaciones vulnerables.
Este es un tema tan importante como amplio. Hoy, introduciré dos puntos que me parecen fundamentales, en especial en el contexto de la COVID-19.
Igualdad de acceso a los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo las vacunas; y la necesidad de contar con datos desglosados para poder diseñar políticas adecuadas y específicas, durante la pandemia y posteriormente.
En primer lugar: la salud es un derecho.
Derecho que es indispensable para el disfrute de muchos otros y necesario para poder vivir con dignidad.
La COVID-19 ha supuesto que la realización de este derecho sea todavía más urgente.
La crisis nos ha demostrado que para que una persona se mantenga sana todos debemos estarlo también.
El acceso a servicios de salud y las vacunas debe realizarse de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.
La pandemia ha demostrado la importancia de sistemas de salud pública que sean sólidos y universales, con servicios de salud de calidad disponibles, accesibles y asequibles para todos, sin discriminación e independientemente de la capacidad de una persona para poder pagarlos.
La cobertura sanitaria universal debe convertirse en una prioridad fundamental.
Este argumento jamás antes ha sido más claro y el desafío nunca ha sido tan grande.
Las sociedades sanas son la clave para facilitar el desarrollo sostenible, y unos resultados pobres en salud restringen gravemente la capacidad de que estas sociedades florezcan y generen resiliencia.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible confirma claramente esta relación. Además, el objetivo 3.8 compromete de forma específica a los gobiernos a lograr la cobertura sanitaria universal. Esto incluye «en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.»
No obstante, esta situación todavía no es real.
La COVID-19 ha dejado al descubierto la profunda pandemia de desigualdad que afecta a nuestras sociedades, incluyendo cuando se trata del acceso a y el gasto en asistencia sanitaria.
El virus y sus consecuencias se han alimentado de y agravado las deficiencias que se nutren de la discriminación y de las profundas desigualdades interrelacionadas y estructurales. Estos factores suponen lagunas evidentes en la protección de los derechos humanos.
En todas las regiones del mundo, las personas que ya eran las más vulnerables, aquellos cuyas voces han sido silenciadas histórica y sistemáticamente, son las que han tenido mayores posibilidades de morir de COVID-19, y son las que han sufrido las peores consecuencias socio-económicas de esta crisis.
Mujeres y niñas, poblaciones indígenas, personas afrodescendientes, personas LGBTI, migrantes, personas con discapacidades, y las personas privadas de libertad, entre otros. Personas que han sido dejadas atrás, y que son relegadas aun más ahora.
Para recuperarse mejor de esta crisis, yo tengo claro que debemos dar prioridad a sistemas que garanticen los derechos a la protección social y a la salud para todos. Esto incluye recursos y financiación.
Y que los principios de igualdad y no discriminación sean también respetados en el acceso a las vacunas, sin importar la situación migratoria de la persona.
Los planes de vacunación nacionales deben hacerse públicos y accesibles, tras consultas con la sociedad civil y las comunidades afectadas con anterioridad a su puesta en práctica.
Resulta muy preocupante, no obstante, ver como las desigualdades históricas, tanto dentro de como entre países, siguen repitiéndose.
Tristemente, las vacunas se han convertido en la nueva frontera en la lucha en pro de la igualdad, demostrando que la brecha entre ricos y pobres sigue siendo tan amplia como siempre.
Con varias vacunas ya autorizadas por los organismos reguladores nacionales en todo el mundo, más de 1,1 mil millones de dosis de vacunas ya han sido administradas en todo el planeta hasta la fecha. No obstante, más del 80% de estas vacunas han sido administradas en países con ingresos altos y medianos altos, mientras que solamente el 0,3% se ha administrado en países de ingresos bajos.
Este enfoque no solamente va en contra de la cooperación necesaria para una respuesta global efectiva y basada en los derechos humanos.
Es también ineficaz en el contexto de una pandemia global, que ha dejado claro que solamente existe una manera de salir de esta crisis.
Una manera colectiva.
La falta de vacunación en una gran parte del mundo representa una amenaza directa para todo el planeta.
Necesitamos de solidaridad global y de medidas políticas concertadas para garantizar que las vacunas son asequibles, accesibles y disponibles para todo el mundo, en todos los lugares.
El Consejo de Derechos Humanos ha venido debatiendo de forma activa cómo poder asegurar un acceso equitativo y en el plazo adecuado.
El apoyo de Estados Unidos a la propuesta de suspender temporalmente las protecciones de propiedad intelectual aplicables a las vacunas contra la COVID-19 supone un ejemplo alentador de solidaridad internacional. Espero que se produzca una decisión oportuna del Consejo del Comercio de Mercancías que contribuya a la ampliación de la producción local, lo que aumentaría la capacidad del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 para proveer a los miles de millones de personas que están siendo dejados atrás en relación al acceso a vacunas COVID-19.
Al mismo tiempo, la ayuda no puede esperar.
Debemos asimismo aumentar de manera urgente la financiación actual destinada a la fabricación de vacunas.
El mecanismo COVAX es un ejemplo que sirve de inspiración. En todo el mundo, este ya ha repartido más de 59 millones de dosis a 122 participantes.
Colegas,
En todas sus formas, la defensa de la salud pública es crucial.
Y la salud, como ya sabemos, es algo más que la ausencia de enfermedades.
Los factores socioeconómicos de la salud, como por ejemplo la pobreza, desigualdad, discriminación, nacionalidad, condición migratoria, y el acceso a alimentos seguros, agua limpia, y a un entorno no tóxico han supuesto razones de peso por las que millones de personas padecen una mala salud. Para empeorar las cosas, este hecho se ve agravado a menudo por la falta de acceso a atención y servicios de salud de buena calidad.
El año pasado nos sirvió de doloroso recordatorio de cómo los brotes de enfermedades transmisibles pueden afectar gravemente a personas que ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
Pero estas profundas desigualdades en atención sanitaria no han sido un invento de la pandemia actual.
Más de la mitad de las personas vivas actualmente tienen poco o ningún acceso a servicios vitales como por ejemplo la atención prenatal y el tratamiento básico contra la malaria, tuberculosis o VIH/SIDA.
Infinidad más de personas están afectadas por contaminación y otros daños medioambientales prevenibles, los cuales afectan de forma desproporcionada a personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad.
Los migrantes y sus familias a menudo se enfrentan a diferentes obstáculos adicionales a la hora de acceder a servicios de salud. Y para las mujeres y niñas, la atención sanitaria sexual y reproductiva sigue suponiendo un desafío, en especial para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Esta injusticia debilita el futuro no solo de las personas, sino también de países y regiones enteras.
Es de suma importancia invertir en estudios que analicen cómo los factores sociales de la salud afectan a los pobres y los más vulnerables. También quiero destacar la necesidad de una investigación en profundidad de cómo cuestiones como la nutrición, el acceso a agua y saneamiento, la contaminación del aire, las condiciones de vivienda y otras desigualdades han influido en el impacto de la pandemia sobre estos grupos.
Animo a los países a compartir estudios y las mejores prácticas relacionados con la influencia de los factores sociales de la salud en el impacto de la pandemia para los grupos más vulnerables.
En cuanto a las investigaciones que afectan a los más vulnerables, me gustaría destacar dos puntos. Uno es la diversidad, tanto en los equipos como en los sujetos de la investigación. El otro es un aumento en el desglose de los datos tal como mencioné anteriormente.
Las restricciones necesarias para combatir la COVID-19 suponen un obstáculo considerable para la recogida de datos sobre discriminación y otros retos para los derechos humanos que han empeorado por culpa de la pandemia. No obstante, es fundamental que esta recogida continúe de forma oportuna. Debido a que muchos de los grupos que más han resultado afectados por las consecuencias de la COVID-19 ya estaban sufriendo mayores niveles de discriminación, estos datos son clave para mitigar estos efectos adversos de la pandemia.
Es necesario mantener y ampliar la recogida de datos con el fin de informar detenidamente sobre respuestas con base en los derechos humanos para esta crisis.
Mi oficina ha apoyado al Equipo de las Naciones Unidas de Gestión de Crisis para recoger datos sobre el impacto de la pandemia para los derechos humanos. Trabajando conjuntamente con otras agencias de las Naciones Unidas, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS), hemos creado diez indicadores para medir si las respuestas de las Naciones Unidas y los Estados a la pandemia son compatibles con las normas internacionales de derechos humanos y poder abordar importantes preocupaciones.
Asimismo, la pandemia de COVID-19 está suponiendo un enorme revés para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible además de agravar las desigualdades globales, incluyendo los datos.
A la vez que 9 de cada 10 países pueden informar sobre datos comparables a nivel internacional acerca de indicadores de salud global de los ODS, muchos de estos son anteriores a esta crisis. También, la gran mayoría de los sistemas estadísticos nacionales de países con ingresos bajos y mediano-bajos han sufrido recortes en su financiación.
Setenta y tres países han manifestado su necesidad de apoyo externo para abordar los desafíos en cuestión de datos relacionados con la COVID-19. Si no se suplen estas necesidades, estas tendrán un efecto duradero sobre la capacidad de los países de elaborar datos oportunos en tiempo y desglosados para muchos indicadores de ODS, lo que podría poner en peligro una recuperación basada en derechos humanos en muchos de estos países.
La comunidad estadística y donantes internacionales deben proporcionar de forma urgente su apoyo a aquellos sistemas nacionales que más lo necesiten. Además, se deben forjar nuevas alianzas para devolver la confianza en los datos y las estadísticas, los cuales han quedado debilitados por la rapidez y alcance de la información errónea y la desinformación.
Mi oficina continúa reforzando los vínculos institucionales y la colaboración entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDHs), las Oficinas Nacionales de Estadística, y los sistemas nacionales de estadística.
Estas asociaciones son cada vez más comunes en países que aplican el Enfoque Basado en Derechos Humanos a los Datos, demostrando cómo es posible elaborar datos situando a las personas en el centro de los mismos y siguiendo normas internacionales de derechos humanos y normas estadísticas.
Amigos,
«No dejar a nadie atrás» no es solo un eslogan vacío: es un plan de acción. La discriminación que relega a millones de personas, que a menudo les deniega el acceso a asistencia sanitaria de calidad, es profundamente injusta, ilegal y perniciosa para todo el mundo.
La COVID-19 nos ha ofrecido una poderosa demostración del valor de los derechos humanos, una prueba que es muy difícil de ver.
No debemos cerrar los ojos ante ella.
Es hora de ver el mundo de un modo diferente.
Hora de buscar sistemas políticos y económicos que sean más justos, inclusivos y sostenibles.
Para garantizar que todo el mundo pueda beneficiarse de los avances científicos y participar en la adopción de decisiones basadas en pruebas.
Y reconocer de una vez la urgencia que tenemos de proteger el planeta, lo cual es la mejor manera de proteger la salud y bienestar humanos, incluso de pandemias.
Muchas de las últimas epidemias y pandemias - SARS, MERS, COVID-19 y otras - son, después de todo, el resultado de zoonosis de animales a seres humanos, la cual viene facilitada por la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad.
Una mejor comprensión de cómo la salud humana depende de la salud de nuestro medioambiente puede ayudarnos a recuperarnos mejor. Recuperarnos para convertirnos en sociedades más resilientes que estén mejor preparadas para afrontar otras crisis que nos amenazan o ya existentes.
Tal como ha afirmado el Secretario General de las Naciones Unidas, este es un año decisivo para encarar la emergencia climática, una amenaza global para los derechos humanos y para todos nosotros.
El daño que el cambio climático podría inflingir es mucho mayor incluso que la COVID-19, y durante un período de tiempo mucho más largo. En cuestión de muertes; daños económicos y extrema pobreza; tensiones sociales y violencia; desplazamientos; y las repercusiones potenciales en los conflictos y el profundo subdesarrollo.
Podemos prevenir esto. Pero tenemos que movernos con rapidez.
Hemos de aprender de las lecciones que nos deja la COVID-19, y aplicarlas a la acción climática y a todos nuestros esfuerzos de recuperación. Estas lecciones incluyen nuestro nuevo modo de comprender cómo las deficiencias en derechos humanos actúan como conductores y multiplicadores de desastres.
Y que entendamos que solamente las políticas basadas en derechos humanos pueden combatir las crisis que golpean a todo el planeta.
Así es comó podemos recuperarnos mejor.
Gracias.