"Para poder aprender de lo que ha funcionado, debemos fijarnos en lo que ha fallado" - cómo abordar y recuperarse del impacto de la COVID-19

45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Actualización oral sobre el impacto en los derechos humanos de la pandemia de COVID-19

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

14 de septiembre de 2020

Señora Presidenta, Excelencias,

Esta es una valiosa oportunidad para debatir con nuestros distinguidos participantes cómo las políticas basadas en derechos humanos pueden contribuir a contener el impacto de esta pandemia, haciendo balance de algunas de las buenas prácticas que han demostrado su eficacia hasta la fecha.

Pocas veces el planeta ha experimentado una convulsión simultánea y global tan compleja como la COVID-19. Ningún país se ha librado, pero no obstante las consecuencias médicas, sociales y económicas de la pandemia varían sensiblemente. Estoy convencida de que en los países de todo el espectro de ingresos, las políticas basadas en derechos humanos pueden ayudar a transformar estas repercusiones de catastróficas a manejables; y contribuir a una recuperación con una mayor protección y una mayor capacidad de resistencia.

Aunque la COVID-19 sigue propagándose, los acuerdos temporales de suspensión de empleo y otras medidas de apoyo económico están llegando a su fin en varios países, a la vez que estos se esfuerzan por reabrir colegios, programas de formación y sectores enteros de la economía.   Pero a la vez que algunos países parecen estar emergiendo de al menos la primera etapa de la pandemia, dispuestos a empezar a volver a reconstruir, otros han sufrido un mayor deterioro, y sus perspectivas de recuperación no son las mismas.  Un número de países está atravesando algo parecido a una segunda oleada.

Varios países pudieron contar con sistemas adaptables basados en derechos humanos para servicios esenciales, como la sanidad y las protecciones sociales.  No puedo dejar de recalcar la importancia de estos sistemas ya existentes para garantizar estos derechos fundamentales, que protegen a las personas de las peores consecuencias de las crisis temporales; y les ayudan a rehacerse. 

Para poder aprender de lo que ha funcionado, debemos fijarnos en lo que ha fallado. La crisis multifacética actual ha dejado al descubierto la estrecha relación entre la raza, el origen étnico, el nivel socioeconómico y sus resultados en materia de salud. Las desigualdades preexistentes deben ser contextualizadas en espacios históricos, políticos, sociales y económicos, y deben ser eficazmente atendidas para poder reconstruir mejor con igualdad y calidad.

En el contexto actual, la protección social representa una herramienta fundamental para facilitar el acceso a atención sanitaria, protegiendo a las personas frente a la pobreza y garantizando el cumplimiento de derechos básicos económicos y sociales.  En 2017, la OIT demostró que un plan de protección social universal que incluya subsidios para todos los niños, prestaciones de maternidad para todas las mujeres con hijos recién nacidos, prestaciones para todas las personas con discapacidades graves y pensiones universales de vejez costará en promedio el 1,6% del PIB de un país en desarrollo. Los hechos son claros, y hay vidas en juego en todos los sitios. Se debe animar y apoyar a los Estados para que faciliten sistemas universales que garanticen atención sanitaria de calidad y protección social para todos. 

Se puede intensificar la cooperación y el apoyo internacionales para facilitar la ampliación del espacio fiscal para los países, extendiendo paquetes de estímulo para salvar vidas y medios de subsistencia.  Esto supone fomentar la capacidad a nivel nacional, para posibilitar que los países reconstruyan financiando sus sistemas de sanidad y protección social con fondos públicos.  El espacio fiscal puede ser ampliado aun más aplicando una tributación progresiva y descartando las políticas de austeridad y de privatización de los servicios públicos.

Señora Presidenta,

Incluso en las semanas iniciales de una crisis compleja, peligrosa y que evolucionaba rápidamente, muchos responsables políticos optaron por guiarse por principios de derechos humanos.  Ellos ampliaron el acceso a atención sanitaria para personas que habían quedado previamente excluidas, ya fuera debido a su coste, a su situación migratoria o a otros factores. Se tomaron medidas para proteger a las personas mayores y a otros residentes de instituciones de cuidados de larga duración. Se proporcionó apoyo económico inmediato y efectivo para personas cuyos empleos estaban amenazados; suministros alimentarios de emergencia; viviendas temporales para personas sin hogar; y protección ante desahucios, así como moratorias en pagos hipotecarios. 

Se adoptaron alternativas al encarcelamiento de delincuentes; se concedieron permisos temporales de asentados a solicitantes de asilo; se proporcionó asistencia médica usando tecnologías de telemedicina a poblaciones indígenas de zonas remotas; se implementaron programas de apoyo comunitario; se improvisaron escuelas vía Zoom; y se distribuyeron gratuitamente mascarillas, jabón y guantes.

Todas estas medidas consistían en políticas basadas en derechos humanos, aunque muchas de estas medidas podían, y debieron, haberse centrado mucho más en los más vulnerables y marginados. 

Las mujeres, por ejemplo, están sufriendo especialmente los efectos. A principios de este mes, un estudio realizado por UNWOMEN y el PNUD estimó que para 2021, alrededor de 435 millones de mujeres y niñas vivirán con menos de 1,90 dólares al día, incluyendo 47 millones que han sido empujadas a la pobreza por COVID-19. Según el informe, las diferencias en la vulnerabilidad a las consecuencias socio-económicas de la pandemia podrían significar que el próximo año habrán 118 mujeres en la pobreza por cada 100 hombres.  El gran aumento en la violencia doméstica que se ha registrado en todas las regiones es también profundamente preocupante.

Excelencias,

Ningún país se ha librado de los golpes de esta pandemia.  Y tal como el Secretario General ha subrayado, "en momentos cuando necesitamos de forma urgente seguir avanzando, la COVID-19 podría hacernos retroceder años, e incluso décadas". 

Nos queda muchísimo y variado trabajo por delante, una gran parte del cual dependerá de la solidaridad y cooperación globales. Todos compartimos un interés en que todo el mundo tenga acceso a una vacuna segura y asequible, a cobertura sanitaria universal, a protección social y a otros derechos fundamentales. 

Hasta la fecha, algunos países han demostrado tener una gran desconfianza en sus ciudadanos, reprimiendo las críticas, limitando la libertad de información y tomando medidas contra el espacio cívico.  Estas y otras violaciones de derechos humanos han debilitado la sanidad pública, así como los derechos humanos y la perspectiva de una recuperación sólida y sostenible. 

Pero los líderes de países y comunidades con una mayor visión de futuro se han esforzado por defender los derechos y futuro de sus ciudadanos.  Han informado y dado poder a sus ciudadanos y les han ayudado a capear esta crisis.

Tal como hemos aprendido de la experiencia en muchas otras epidemias víricas, desde el VIH al Ébola, estas medidas para el apoyo y promoción de los derechos humanos suponen políticas mucho más eficaces para la sanidad pública.  Estas medidas son también los motores más sólidos de paz, seguridad, estabilidad social, un ambiente sano y de la continuación del desarrollo sostenible.

Gracias.