Las medidas ante la COVID-19 deben basarse en primer lugar en el derecho a la salud

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GINEBRA (10 de junio de 2020) – La pandemia de la COVID-19 ha sometido a una enorme presión a los sistemas de salud pública en todo el mundo, además los Estados deben garantizar que se ofrecen las mejores condiciones de salud física y mental conforme éstos responden a la crisis, declaró hoy un experto* de las Naciones Unidas.

“El distanciamiento físico y otras medidas que se están empleando para frenar la propagación de la COVID-19 resultarán inadecuadas si se ignoran otros elementos básicos como una vivienda adecuada, agua potable y saneamiento seguros, alimentos, seguridad social y protección ante la violencia,” afirmó Dainius Puras, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

“Las obligaciones vinculantes que se basan en el marco del derecho a la salud obligan a los países a adoptar una respuesta social más amplia en la lucha contra la COVID-19,” afirmó Puras. “Adoptar una visión social más amplia no solamente hará que las medidas ante la COVID-19 sean más justas, sino también más eficaces, efectivas y transparentes.”

El marco del derecho a la salud obliga a los Estados a evaluar la adecuación de una serie de elementos, que incluye el garantizar que los bienes, servicios e instalaciones de salud son de buena calidad y son accesibles sobre una base no discriminatoria.  

“Otro aspecto fundamental del derecho a la salud es la participación de todas las comunidades implicadas, lo que contribuye a ofrecer respuestas equitativas, facilita medidas impulsadas por las comunidades y se centra en intervenciones respetuosas con los derechos humanos,” afirmó el Relator Especial.

Puras afirmó que las medidas de confinamiento impuestas por los países pueden agravar también otros riesgos para la salud pública. Estos incluyen el dejar a los niños sin ir al colegio, impedir que personas puedan comprar artículos de primera necesidad, cerrar servicios de apoyo necesarios, un aumento de la violencia de género, y mayores desigualdades en materia de salud entre la población.

El experto manifestó también su preocupación por la interrupción de servicios de salud ajenos a la COVID-19 durante la crisis, incluyendo la atención de la salud sexual y reproductiva, medicamentos antirretrovirales para personas aquejadas por el VIH, campañas de vacunación, y servicios de asistencia y apoyo basados en la comunidad, incluyendo el cuidado de salud mental.     

FIN

*El experto: El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Pūras.

Sr. Dainius Pūras(Lituania) asumió sus funciones como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, asumió sus funciones a partir del 1 de agosto de 2014. El Sr. Pūras es el Director del Instituto de Vigilancia de los Derechos Humanos de Vilna, Lituania, profesor de psiquiatría infantil y adolescente y de salud mental pública en la Universidad de Vilna y enseña en las facultades de medicina y filosofía de la misma universidad. Es un médico con una notable experiencia en salud mental y salud infantil.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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