Conferencia de prensa de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al término de su visita a Malasia

Kuala Lumpur, 5 de octubre de 2019

“Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Quiero comenzar por agradecer al Gobierno de Malasia la invitación que me extendió para visitar este bello y diverso país. Me honra haber sido el primer jefe del ACNUDH que visita Malasia. Fue una visita breve pero muy provechosa, gracias a los intercambios abiertos, francos y receptivos sostenidos en todas mis reuniones, tanto con el Primer Ministro, Tun Mahathir Mohamad y otros ministros de su gabinete, como con el instituto nacional de derechos humanos, el SUHAKAM, y con una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil.  

Hemos debatido sobre muchos de los problemas de derechos humanos que afronta Malasia, los esfuerzos para aplicar reformas, y los logros y reveses experimentados a lo largo del camino. Creo firmemente que el Gobierno se ha comprometido a promover su agenda de derechos humanos. Sin embargo –hablando tanto en calidad de Alta Comisionada como de ex Jefe de Estado—comprendo también la complejidad de la tarea y los obstáculos a los que tiene que enfrentarse.  

La sociedad malaya es diversa, multiétnica y profesa numerosas religiones, dispone de sistemas jurídicos paralelos y de un sistema federal en el que los Estados gozan de poderes considerables y aplican estrategias diferentes. Existen enérgicas aspiraciones de lograr cambios positivos, pero también hay preocupación acerca de la manera en que esos cambios podrían afectar a los intereses de los distintos sectores sociales.  

Aliento los esfuerzos que el Gobierno realiza actualmente con el fin de promover la unidad y la armonía entre las denominaciones religiosas y veo con interés la propuesta de crear una Comisión Nacional de Armonía y Reconciliación. Uno de los retos principales es cómo abordar el discurso del odio, mediante una distinción cuidadosa entre las expresiones que pueden permitirse y las que equivalen a incitaciones al odio. El Plan de Acción de Rabat*, aprobado en 2012 y basado en el derecho internacional de los derechos humanos, contiene orientaciones útiles al respecto y he ofrecido la asistencia de mi Oficina y de otros mecanismos de derechos humanos con el fin de examinar este ámbito.  

También celebro las medidas adoptadas con miras a crear una comisión independiente que examine las denuncias relativas a la actuación policial, lo que será un paso importante hacia el tratamiento de problemas que desde hace largo tiempo plantean la tortura, el mal trato y las muertes de personas arrestadas, así como las medidas orientadas a renovar algunas de las prisiones más vetustas. Exhorto al Gobierno a que dé seguimiento, de manera transparente, a las importantes recomendaciones formuladas por el Comité de Reforma Institucional.

Considero que son muy positivas las políticas y estrategias orientadas a promover a las mujeres y comprendo que todavía hay muchas leyes pendientes en este campo, entre ellas la que sancionará el acoso sexual en los centros de trabajo. En cuanto al matrimonio precoz, hemos examinado la forma de procurar una normativa general, aplicable a todo el país, aumentar los años de educación obligatoria mínima y abordar otros factores que inciden en el fenómeno, tales como el embarazo de las adolescentes. También he instado al Gobierno a que avance en la elaboración de una ley general de igualdad de género que permita hacer frente a la discriminación. 

Ayer tuve ocasión de visitar un centro escolar alternativo para refugiados rohingyas. Espero que mejore el reconocimiento jurídico de los refugiados y que se pueda garantizar su derecho a la educación y su acceso al mercado laboral. Para todos los refugiados, lo mismo los rohingyas que los demás.

Hablamos de los esfuerzos que el Gobierno lleva a cabo para ratificar los tratados internacionales de derechos humanos y la necesidad de dejar bien claro en todas las comunidades de Malasia que las reformas en materia de derechos humanos no están dirigidas contra ninguna etnia o congregación religiosa específica, sino que van a beneficiar a la sociedad en conjunto y que son necesarias para la consecución de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda hace hincapié en un enfoque holístico para alcanzar el desarrollo sostenible para todos, con miras a que nadie quede rezagado, mediante la realización de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Quiero encomiar aquí la decisión del Gobierno de avanzar hacia la realización de los ODS en múltiples frentes. Estoy convencida de que los ODS pueden sentar las bases de un nuevo pacto social y que ofrecen la oportunidad de congregar a una base social más amplia y realmente inclusiva en pro de los derechos humanos. Me impresionó particularmente la perspectiva de un “islam compasivo” que coincidiría con las metas de los ODS y vendría a reforzarlas.

Hice hincapié en que para hacer realidad el precepto contenido en los ODS de no dejar a nadie rezagado es fundamental definir y abordar la situación de las personas más vulnerables y poner en marcha políticas de acción afirmativa basadas en sus necesidades, mediante el uso de estadísticas desglosadas que permitan definir la situación de cada comunidad específica.  

El principio de ‘que nadie quede rezagado’ significa también que es preciso garantizar el pleno respeto a la libertad de culto, incluso para los miembros de sectas y religiones minoritarias.

Significa además que hay que proteger los derechos de los pueblos indígenas, comprendidos sus derechos territoriales, mediante consultas significativas y que es preciso velar por que el desarrollo, la actividad empresarial y los derechos humanos avancen de manera armónica. Las enmiendas propuestas a la Ley de los Pueblos Aborígenes de 1954 y la Convención Nacional sobre los Orang Asli son pasos positivos en la dirección correcta.

‘Que nadie quede rezagado’ significa también que es preciso tomar medidas para fomentar la igualdad de género, prevenir la violencia contra la mujer y suprimir las prácticas nocivas, entre otras la escisión femenina, tal como ha recomendado el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Significa que es preciso velar por que a las personas no se les despoje de sus derechos humanos y no sean víctimas de actos violentos a causa de su orientación sexual o su identidad de género.

Significa que debemos abordar los problemas relativos a la apatridia y velar por que los refugiados y los migrantes sin papeles tengan acceso a sus derechos económicos y sociales, comprendidos los derechos a la educación y la atención sanitaria, así como el acceso a los medios de subsistencia.   

Significa que es preciso dar prioridad a las medidas contra el cambio climático, en diálogo con los más perjudicados, tales como las comunidades de pescadores y granjeros, así como los grupos empresariales, de conformidad con las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En este sentido, expresamos nuestro beneplácito por las deliberaciones que se llevan a cabo actualmente en relación con el proyecto de Ley sobre el Cambio Climático y las medidas nacionales de adaptación y atenuación.

Albergo la esperanza de que el Gobierno proceda a la abrogación de algunas leyes que durante largo tiempo han estorbado la libertad de expresión y el debate público, entre otras la Ley de Sedición, la Ley sobre las Comunicaciones y los Multimedia de 1998, la Ley de Reunión Pacífica y la Ley de Secretos Oficiales. 

Insto al Gobierno a que mantenga la moratoria sobre la pena capital vigente en la actualidad y encomio su anuncio del mes pasado de que creará un equipo de trabajo especial para examinar modalidades jurídicas alternativas a la pena de muerte obligatoria. Mi Oficina está dispuesta a fomentar la difusión de experiencias empíricas adquiridas en diversos países, tanto en Estados que mantienen la vigencia de la pena capital como en otros que han procedido a su abolición.

En mis reuniones con organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de un amplio espectro de derechos económicos, sociales, culturales y políticos, pude comprobar que hay grupos muy comprometidos y bien informados que albergan muchas expectativas de que el Gobierno cumpla con sus compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos. Así debe ser y exhorto al Gobierno a que colabore con los agentes de la sociedad civil, los líderes religiosos y los dirigentes locales y estatales en la promoción de los derechos humanos para todos los malayos. Es fundamental que los defensores de derechos humanos reciban protección ante el acoso o las amenazas derivados de su importante labor.  

Hay sólidas aspiraciones de cambio y grandes esperanzas depositadas en este Gobierno y espero que las autoridades sean capaces de velar por que este impulso se mantenga y se aproveche.

En un país que cuenta con una población tan joven y tras la reducción de la edad legal de sufragio de 21 a 18 años decretada en julio pasado, exhorto a los jóvenes malayos de todos los estratos sociales a que participen en los procesos políticos y de formulación de medidas políticas, a que exijan transparencia a las instituciones estatales y a que velen por que las decisiones se adoptan mediante consultas realmente significativas.

Quisiera terminar con un llamamiento a todos los malayos para que celebren el caleidoscopio de características étnicas, religiosas, lingüísticas y otros rasgos identitarios que hacen de Malasia un país tan singular, defendiendo los derechos de los demás, en particular de quienes tienen otras creencias y antecedentes.

Además –y esto es fundamental—les sugiero que desconfíen y rechacen todo intento de azuzar el odio racial o religioso, tanto en las redes informáticas como fuera de ellas. Es fácil generar divisiones en la sociedad, pero muy difícil reparar el tejido social, una vez que se ha desgarrado. Solo mediante la protección de los derechos humanos de todos y cada uno de nosotros podremos alcanzar la estabilidad y la prosperidad duraderas.

Mi Oficina y mi Representante Regional en Tailandia están dispuestos a participar, asesorar y acompañar al Gobierno y al pueblo de Malasia en la consecución de la agenda de derechos humanos.

Muchas gracias.”

FIN

* Lea el Plan de Acción de Rabat, visite: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf

Véase también la Declaración de Fe por los Derechos: https://www.ohchr.org/en/faith-for-rights    
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