Empoderamiento de la mujer, igualdad de género y protección social: los próximos retos?

Declaración en video de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

16 de septiembre de 2019

Lamento mucho que no pueda acompañarles en este encuentro para aprender de su competencia y sus conocimientos sobre las numerosas correlaciones existentes entre los sistemas avanzados de protección social y los progresos en materia de empoderamiento efectivo de mujeres y niñas.

Los dos aspectos son esenciales en el ámbito de los derechos humanos - inherentes a mi mandato- y de particular importancia para mí.

Las medidas universales de protección social resultan ser mecanismos eficaces para reducir la pobreza, favorecer la inclusión y consolidar un nivel de vida digno dentro de sociedades más igualitarias. También constituyen un factor esencial en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sus beneficios se perciben con especial claridad en la lucha por la igualdad de mujeres y niñas. Permítanme destacar un aspecto en particular: la labor que ustedes realizan, como expertos en protección social -aligerando la pesada carga que soportan las mujeres y reduciendo los obstáculos a los que se enfrentan en cualquier parte del planeta- supone un esfuerzo importante en pro de los derechos humanos de las mujeres.

Las mujeres cuidadoras acarrean un lastre desproporcionado de ocupaciones no remuneradas y tienen más probabilidades que los hombres de encontrarse empleadas dentro del sector no formal, desempeñando trabajos precarios y mal pagados que les restringen el acceso a prestaciones sociales como los seguros desempleo o las pensiones.

En la actualidad, se calcula que 740 millones de mujeres trabajan en la economía sumergida. En los países de rentas bajas, el 92 por ciento de las mujeres trabajan sin estar declaradas, en comparación con el 87,5 por ciento de los hombres.

Incluso cuando las mujeres disponen de una cobertura relativamente aceptable, sus pensiones de jubilación tienden a ser inferiores a las masculinas. En la Unión Europea, por ejemplo, las pensiones de la población femenina son un 40 por ciento más bajas que las de los hombres.

Al calcular las pensiones de jubilación, sería necesario tener en cuenta la carga desigual de cuidados no remunerados que pesa sobre las mujeres –por ejemplo, los años dedicados a la crianza de los hijos- y que les impide cotizar en igualdad de condiciones.

Dentro de este ámbito, las medidas destinadas a impulsar la cobertura sanitaria universal también benefician de manera especial a las mujeres, porque alivian el coste -y, tal vez, parte del peso- del trabajo que desempeñan al cuidar de otras personas.

Medidas como éstas son encomiables, pero, para maximizar su efecto y poner fin a generaciones de prácticas discriminatorias y nocivas, es preciso agruparlas, con un enfoque transversal, dentro del trabajo coordinado de los diferentes ámbitos de acción gubernamental.

Los programas de cobertura sanitaria deben incluir en sus carteras servicios de información y de salud reproductiva y sexual, de manera que mujeres, niñas y miembros del colectivo LGTBI tengan autonomía de decisión sobres sus cuerpos, su sexualidad y sus vidas.

Necesitamos servicios asequibles de atención a la infancia y permisos de paternidad que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral.

Necesitamos sistemas educativos que cuestionen y hagan recular los estereotipos de género perniciosos.

Necesitamos que los sistemas de seguridad social contengan regímenes de prestaciones no contributivas para respaldar a los jóvenes que buscan un empleo digno y permitirles así desarrollar todo su potencial.

Y necesitamos que sean las mujeres, las niñas y los miembros de la comunidad LGTBI, independientemente de su origen, quienes participen activamente en la concepción, aplicación y evaluación de estas y otras medidas.

En esto consiste el empoderamiento: en la inclusión real y en el diseño compartido de sociedades sostenibles.
Y todo esto es viable.

Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, los sistemas que otorgan prestaciones de maternidad a todas las madres, ayudas económicas por hijos, subsidios para las personas con discapacidades graves y pensiones de jubilación a todas las personas mayores suponen solamente el 1,6 por ciento del PIB.

Hasta los países más pobres pueden permitirse sistemas de protección social universales. Pero para instaurarlos se precisa voluntad política.

Nos encontramos en un momento crucial en la historia de la lucha por los derechos de la mujer. Tras décadas de progresos, están surgiendo fuertes tendencias adversas que intentan devolver a las mujeres a una posición de subordinación.

Hace 25 años, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing establecieron líneas de actuación precisas para fomentar la igualdad en el acceso de las mujeres a los sistemas de seguridad social.

Debemos estar a la altura de aquellos compromisos, mantener el rumbo y lograr que se siga progresando en el bienestar de las mujeres, en su dignidad, su autonomía y sus derechos.

Muchas gracias por la labor que realizan en pro de estos objetivos.