Sesión plenaria del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo: El arte del derecho

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

San Petersburgo, 15 de mayo de 2019

Primer Ministro Medvedev,
Ministro Konovalov
Distinguidos ponentes,
Colegas y amigos:

Dobroye utro! Vernut'sya v Rossiyu ochen' priyatno dazhe dlya takogo korotkogo vizita.  (Buenos días. Es un auténtico placer estar de nuevo en Rusia, aunque solo sea para una breve visita). 

Estoy impresionada por la amplia gama de asuntos que abarca el programa de este Foro, desde el enfoque filosófico de “El derecho como arte” hasta temas más técnicos y específicos como la insolvencia o el arbitraje. Un temario tan vasto refleja el persistente interés que sienten muchas personas en Rusia por la función del derecho y, en particular, por el derecho internacional. 

Dostoyevsky afirmó que “el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive”. Nosotros podríamos decir que el derecho es lo que otorga sentido y perspectiva al Estado. Es posible que un Estado tenga muchos pueblos que hablen múltiples lenguas, un territorio determinado y el monopolio del uso de la fuerza y los tribunales. Pero lo que confiere esperanza y confianza a esos pueblos son la proyección a largo plazo y los principios comunes consagrados en la ley.

Entonces, ¿en qué consiste el derecho internacional de los derechos humanos? Al proclamar los derechos y las libertades fundamentales de cada persona de nuestro planeta, el derecho internacional de los derechos humanos expresa el sentido y los valores que nos vinculan. Esa normativa jurídica expone algunos de los principios esenciales que atañen a todos y cada uno de los seres humanos: que compartimos una índole básica y debemos cuidarnos mutuamente, que somos intrínsecamente iguales y que cada uno de nosotros es igualmente merecedor de dignidad, bienestar y libertad. 

Pero el derecho internacional de los derechos humanos no es una imagen idealizada, un objeto bello pero carente de significado, sino una herramienta sólida y práctica.

Gracias a los baremos, las normativas, la jurisprudencia y los mecanismos de derechos humanos, construimos sociedades que son realmente sólidas, porque son justas. Elegimos libremente a nuestros dirigentes, que son poderosos porque tienen que rendir cuentas, que sirven a los ciudadanos y no a sus propios intereses personales. Disfrutamos de un desarrollo más consistente y provechoso, porque es un empeño que recaba las contribuciones de todos. 

Gobernar mediante el imperio de la ley es imponer la injusticia desde arriba. El apartheid y muchas otras formas contemporáneas de discriminación –incluso la negación de los derechos de la mujer—se han impuesto mediante leyes. En la actualidad, en un número cada vez mayor de países, la legislación vigente autoriza al Gobierno a amordazar a sus críticos. Esta situación es muy frecuente, ya que las normas que componen el imperio de la ley rara vez se aplican a quienes ejercen el poder; son leyes esencialmente arbitrarias, porque son instrumentos del poder, no de la justicia.

En esos casos, cuando las leyes mismas son injustas, su aplicación genera resentimiento y desigualdad. Estos factores debilitan la armonía social, la unidad de valores y el respeto que constituyen la base de las sociedades resilientes. Esa situación también erosiona la legitimidad de las autoridades, socava la fuerza y la capacidad de resistencia innatas de una sociedad y daña la unidad colectiva, el respeto y el desarrollo compartido. 

Por el contrario, el Estado de derecho respeta los derechos fundamentales y garantiza el acceso equitativo a los recursos, así como la transparencia del Gobierno. Nadie está por encima de la ley y todos tienen acceso a su amparo. Al limitar el ejercicio del poder que ejercen los agentes estatales y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, el Estado de derecho sirve al interés público. 

Entonces, ¿en qué consiste el arte del derecho?  Es el ademán que trasciende el estrecho concepto de la ley como norma arbitraria. En su amplitud y resonancia, el código jurídico nacional, que puede derivar de factores muy específicos –e incluso divergentes- de índole filosófica, histórica y ética, genera a partir de esos elementos un corpus de principios que refleja la auténtica justicia. 

Ese impulso artístico puede concretarse bajo la orientación de los principales tratados y declaraciones internacionales, que tienen resonancia universal y expresan normas de principios comunes para todos los seres humanos.
De hecho, en el mundo actual, cada país ha ratificado como mínimo un tratado internacional de derechos humanos.

Hoy en día, las tecnologías informáticas están cambiando casi todos los aspectos de la vida –la atención médica, la educación, el empleo, la intimidad y muchos otros--. El Primer Ministro se refirió hoy largamente a algunos de esos aspectos. El Estado debe velar por que esas tecnologías beneficien a todos los seres humanos. En fecha reciente visité Silicon Valley, en los Estados Unidos, a fin de debatir acerca de esos aspectos y de sus conexiones con los derechos humanos –de su repercusión sobre los derechos de las personas en el mundo entero--. Ya hemos descubierto algunas deficiencias, hasta en las tecnologías más avanzadas, y hemos detectado cómo incorporan algunos prejuicios, incluso prejuicios raciales y de género, debido a la influencia de opiniones discriminatorias en la construcción de los sistemas de tecnología de la información y de inteligencia artificial. No es casual que en Silicon Valley la mayoría de los creadores de programas informáticos sean hombres blancos. 

Algunos de los dilemas creados por las nuevas tecnologías de la conectividad están emparentados con problemas muy antiguos, por ejemplo la difusión de propaganda falsa y de incitaciones a la violencia contra las minorías, como en el caso de la extrema violencia ejercida contra los rohingyas en Myanmar. Otros desafíos de la era digital, tales como la posibilidad de establecer sistemas de vigilancia de una escala sin precedentes, son totalmente novedosos. El personal de mi Oficina trata de abordar estos nuevos retos que se plantean a los derechos humanos, especialmente, los relativos a cómo evitar la integración de prejuicios en los programas informáticos y cómo prevenir el discurso del odio. 

La capacidad de legislar no es la única herramienta de la que dispone el Estado, pero puede ser un instrumento muy útil. Sin embargo, las leyes que se aprueben han de reflejar un profundo afán de justicia. Las personas que van a recibir sus efectos de manera más directa deben tener la oportunidad de expresar su opinión en el proceso de elaboración de la ley –y esto abarca no solo a los parlamentarios, sino también a expertos no gubernamentales y a miembros de la sociedad civil--. También en esta tarea, el derecho internacional de los derechos humanos, dotado de una larga experiencia y modulado por principios de gran arraigo, puede servirnos de orientación.

Excelencias:

Su país ha sido uno de los principales impulsores del desarrollo del derecho internacional. Su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está fuera de toda duda. En el marco de esa Agenda, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 insta a “garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” y a “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”.

Espero que podamos colaborar con este Foro y con otras instituciones prestigiosas en la promoción de este empeño.

Gracias.