La lucha contra la “justicia popular” en Camboya

La madre de Leng escuchó impávida cómo uno de los testigos narraba el incidente que le había costado la vida a su hijo la noche anterior.

La mujer trataba de ocultar sus emociones porque no quería que la gente supiera que Leng era su hijo, debido al estigma y la vergüenza que representan verse relacionado con un caso de robo.

En julio de 2017, en Phnom Penh (Camboya), una joven acusó a Leng, que entonces tenía 15 años, de llevar puesta una camiseta robada. Varias personas empezaron a gritar “ladrón, ladrón”, lo agarraron y le ataron las manos a la espalda. Luego comenzaron a golpearlo. El joven recibió puñetazos y patadas de la multitud y algunos le arrojaron latas de cerveza a la cabeza. Un testigo contó que Leng estaba arrodillado y pedía clemencia. “Sus lágrimas se mezclaban con la sangre que le brotaba de la cabeza”, afirmó, mientras la madre de Leng escuchaba en silencio.

Apaleado y aterrorizado, Leng logró escapar de sus verdugos y, corriendo con las manos todavía atadas a la espalda, cayó en un estanque que servía de basurero. El joven pidió a gritos que lo ayudaran, porque no sabía nadar. Nadie le prestó ayuda y murió ahogado minutos más tarde.

Al día siguiente, su cuerpo magullado apareció flotando entre la basura.

Cuando la gente se toma la justicia por su mano

Lo que le ocurrió a Leng no es un caso aislado en Camboya. Linchamientos como ese se repiten año tras año en el país.

El término “justicia popular” hace referencia a un acto en el que la población se toma la justicia por su mano y que, por lo general, entraña violencia y represalia contra el presunto delito o una respuesta a lo que considera una amenaza.

En un informe dado a conocer recientemente por la Oficina del ACNUDH, figuran 73 casos de violencia ejercida por las turbas en Camboya entre 2010 y 2018. En 57 de esos casos, las víctimas fallecieron tras el incidente, mientras que varias personas resultaron lesionadas o acosadas en las16 ocasiones restantes.

Habida cuenta de que no existen estadísticas oficiales, las cifras reales podrían ser muy superiores.

En pocas ocasiones esos casos son objeto de investigación por parte de las autoridades y a los autores de los linchamientos se les suele considerar como vigilantes o justicieros que combaten a los delincuentes y ayudan a que la sociedad se deshaga de elementos que perjudican a las demás personas.

La oficial del ACNUDH en Camboya, Fabienne Luco, dice que es fundamental que exista “una investigación y un procesamiento judicial eficaces de los delincuentes. Esas medidas contribuirían a fomentar la confianza en las autoridades y disuadirían a las personas a tomarse la justicia por su mano”.

¿Por qué ocurren en Camboya casos de “justicia popular”?

Muchas de las personas entrevistadas para el informe apuntaron a que existe una falta de confianza en la policía, los tribunales y el sistema penitenciario, y opinaron que tenían derecho a defenderse y protegerse por sí mismos, mediante actos violentos de “justicia instantánea” cuando capturaban a los presuntos culpables. Varios de los interlocutores señalaron que la policía es corrupta y dijeron que la justicia no funciona adecuadamente, porque los delincuentes recuperan la libertad mediante sobornos.

Los linchamientos también están vinculados a la pobreza y la marginación. Los casos de violencia ocurren con más frecuencia en determinadas zonas geográficas que se caracterizan por bajos niveles de desarrollo económico y social o que son menos accesibles.

Las víctimas más comunes son personas a las que se acusa de robo. A veces basta con una simple acusación para desencadenar la violencia letal de la multitud y quienes participan en las palizas son, por lo general, simples viandantes que presencian al incidente o que oyen el grito de “al ladrón”.

Otras víctimas son personas acusadas de practicar hechizos o brujería. Entre 2012 y 2018, la Oficina del ACNUDH documentó 49 casos de linchamiento relacionados con esas prácticas, de los cuales 35 terminaron con la muerte de los sospechosos y 14 fueron intentos de homicidio o de acoso. 

Es preciso garantizar los derechos de las víctimas

Luco declaró que los actos de justicia popular “privan a las víctimas del derecho a la vida, a un juicio justo y a la presunción de inocencia”.

La Oficina del ACNUDH colabora actualmente con el gobierno de Camboya con miras a fortalecer la infraestructura legal y jurídica del país. En el informe se recomendaron cambios legislativos, se pidieron medidas políticas que aborden los actos de justicia popular y la revisión de las directrices vigentes sobre intervención policial en casos de linchamiento.

La Organización también exhortó al gobierno a que condene públicamente todos los actos de justicia popular y a que vele por la rápida investigación, encausamiento y sanción de la violencia y los asesinatos.

4 de octubre de 2019