El matrimonio infantil y forzado: una violación de derechos humanos

“Cuando llegó el momento, lo único que le pedí a mi padre fue que me dejara ir a la escuela otro día más”, dice Sorina Sein con voz trémula, al narrar entre lágrimas la historia de su matrimonio forzado a la edad de 13 años.

La joven, que creció en Rumania, en el seno de una comunidad gitana, no tuvo otra opción que acatar los deseos de su padre. El día en que iba a celebrarse la ceremonia, Sorina decidió cortarse el pelo. “Tenía el cabello largo y hermoso, y me dio mucha pena cortármelo”, recuerda. Su gesto de resistencia pasiva hizo que la familia del novio la rechazara como futura esposa.

“Dijeron que su hijo no podía casarse con una muchacha así. Que estaba loca”, recuerda Sorina. “Les respondí que no, que no estaba loca.

Que sólo quería ir a la escuela. Quería jugar. Quería estar con mis amigas”, afirma. “Les dije que no quería cocinar ni tener hijos. Quería adquirir una educación”.

Su rebelión fue un escándalo para la familia, pero ella logró completar los estudios primarios y secundarios, antes de cursar una licenciatura en ciencias políticas. Con 34 años de edad, la Sra. Sein sigue luchando en solitario para suprimir la práctica del matrimonio precoz en su comunidad.

“Esa práctica es un crimen contra los niños. Los convierte en víctimas para toda la vida”, declaró la Sra. Sein ante una mesa redonda de expertos que se reunió recientemente en el marco del Taller de Expertos del ACNUDH en Ginebra, para debatir acerca de la repercusión de los esfuerzos nacionales y regionales orientados a erradicar el matrimonio infantil y forzado.

Según cálculos de las Naciones Unidas, en la actualidad unos 700 millones de muchachas del mundo entero contraen matrimonio antes de alcanzar la mayoría de edad. Si la práctica continúa al ritmo actual, de aquí a 2030 esa cifra ascendería a 950 millones, afirma Verónica Birga, Jefa de la Unidad de género y derechos de la mujer del ACNUDH. En julio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la primera resolución sustantiva en la que se reconoció que el matrimonio infantil y forzado era una violación de derechos humanos. 

“El matrimonio infantil y forzado representa una violación de casi todos los derechos humanos”, dice la Sra. Birga. “Esos enlaces privan de autonomía a las muchachas y las mujeres y les impiden decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”.

Las niñas a las que se obliga a contraer matrimonio corren el peligro de sufrir embarazos precoces, que dañan su salud, porque sus cuerpos todavía no son aptos para la maternidad. El matrimonio infantil también tiene graves consecuencias para la educación, porque a las jóvenes se les retira de la escuela para casarlas o porque abandonan los estudios cuando quedan embarazadas. “Esto contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza y marginación”, señala la Sra. Birga.

La Sra. Theresa Kachindomoto, Jefa Principal del Distrito de Dedza (Malawi), se ha asignado como misión primordial la abolición de la práctica del matrimonio infantil en las 551 aldeas de su zona. Malawi tiene uno de los índices de matrimonio precoz más altos del mundo entero y el 50 por ciento de las muchachas de ese país se casan antes de llegar a la edad adulta. Incluso antes de que el parlamento de Malawi aprobase el año pasado una ley por la que se prohibió el matrimonio antes de los 18 años de edad, la Sra. Kachindomoto había dedicado un decenio a usar la autoridad que la tradición del país les confiere a los Jefes para prohibir el matrimonio infantil en su región. El año pasado, la Sra. Kachindomoto convenció a 50 jefes de aldea para que firmaran un acuerdo en el que se prohibía y anulaba los matrimonios precoces contraídos en sus comunidades. Desde entonces, ha destituido a cinco jefes de aldea por haber incumplido la prohibición y haber permitido que las niñas contraigan matrimonio.   

En colaboración con los dirigentes comunitarios y una red de padres, la Sra. Kachindomoto logró disolver 1.455 matrimonios infantiles, lo que le granjeó una reputación de audaz “rompebodas”.  En un país en el que casar a una hija suele considerarse como una manera de obtener recursos para la familia, la Jefa Kachindomoto va de casa en casa para convencer a los padres de que deben mantener a sus hijas en la escuela y enviar de vuelta a las aulas a las jóvenes mamás.

“Les digo a los padres que si educan a sus hijas, ellas se ocuparán de todo”, dice la Sra. Kachindomoto. “Cuando se educa a una niña, se educa a toda la región”.

Sus esfuerzos han tropezado con alguna resistencia, e incluso le han granjeado amenazas de muerte, añade la Jefa. Pero la Sra. Kachindomoto prosigue sin inmutarse y lleva adelante su misión. Ahora cabildea para modificar las leyes del país y aumentar la edad legal del matrimonio hasta los 21 años. Y en cuanto a la campaña para mantener a las muchachas en la escuela, añade: “¿Qué les parece si las mandamos a la universidad?”. 

3 de noviembre de 2016