Declaración del portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jeremy Laurence, sobre la ejecución inminente en Viet Nam

Nos preocupan profundamente las informaciones sobre la ejecución inminente de Nguyen Van Chuong en Viet Nam en medio de denuncias graves de tortura y de violaciones de un juicio justo en su contra. Pedimos a las autoridades que detengan de inmediato la ejecución y lleven a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de tortura.

Nguyen Van Chuong está acusado del asesinato de un agente de policía el 4 de julio de 2007. Fue detenido unas tres semanas después y lleva 16 años en prisión permanente tras el juicio y los procedimientos después de la sentencia. Siempre ha insistido en su inocencia y afirmó que su confesión se obtuvo bajo tortura. Al parecer, la confesión se admitió como prueba y se usó para condenarlo.

El uso de confesiones obtenidas bajo tortura que derivan en una sentencia a muerte vulnera la prohibición absoluta de tortura y las garantías de un juicio imparcial, lo cual hace arbitraria la sentencia y constituye una violación del derecho a la vida, tal y como se establece en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Viet Nam es Estado Parte.

El pasado 4 de agosto la familia del convicto recibió una notificación del Tribunal Popular de Hai Phong en la que se indicaba que se procedería a la ejecución. Desde entonces, no se ha ofrecido ninguna otra información, como la fecha de la ejecución.

Viet Nam continúa haciendo uso de la pena de muerte, en la mayoría de las ocasiones en secreto, pese a la tendencia mundial a abolir la pena capital. Recordamos a las autoridades que la debida transparencia y el pleno respeto de los derechos de los presos y de sus familias es un requisito mínimo para los gobiernos que aún no han abolido la pena capital. La información esencial relativa a una ejecución prevista debería facilitarse al preso y a su familia de forma oportuna y, por otro lado, la información relativa a las sentencias de muerte, notificaciones y ejecuciones también deberían hacerse públicas.

Además, instamos al gobierno a que establezca de inmediato una moratoria oficial a todas las ejecuciones, con vistas a abolir por completo la pena de muerte.